10 Mayo 2010
Mark Weisbrot
The Guardian Unlimited, 6 de mayo, 2010
En inglés
Con la contracción de la economía venezolana el año pasado (junto con la gran mayoría de las economías del Hemisferio Occidental), el impacto de la escasez eléctrica, y la fuerte caída del valor de la moneda nacional en el mercado paralelo, noticias sobre la ruina de la economía venezolana de nuevo abundan en los medios.
El Washington Post, en un nuevo articulo que parece más bien una editorial, informa que Venezuela “se encuentra en medio de una crisis económica,” y que “años de intervenciones del gobierno en la economía están teniendo un grave efecto sobre el negocio privado.”
Hay un hecho importante que casi nunca es mencionado en artículos periodísticos sobre Venezuela, porque no encaja con el cuento de un país que gastó descuidadamente durante el auge económico y que pronto, como Grecia, tendrá que enfrentar el día del juicio final. Se trata del nivel de endeudamiento público: actualmente a más o menos 20 por ciento del PIB. En otras palabras, mientras triplicaba el gasto social real por persona, aumentando el acceso a la educación y el cuidado de salud, y prestando o donando miles de millones de dólares a otros países Latinoamericanos, Venezuela aun estuvo disminuyendo la carga de su deuda pública durante la época del aumento del precio del petróleo. La deuda pública de Venezuela bajo desde 47,5 por ciento del PIB en 2003 a 13,8 por ciento en 2008. En 2009, mientras la economía se contrajo, la deuda pública aumento a 19,9 por ciento del PIB. Incluso si se incluye la deuda de la compañía petrolera estatal, PDVSA, la deuda pública de Venezuela es 26 por ciento del PIB. La parte exterior de esta deuda es menos de la mitad del total.
Compare esta situación con Grecia, donde la deuda pública es de 115 por ciento del PIB y en la actualidad se prevé que ascenderá al 149 por ciento en 2013. (el promedio europeo es del 79 por ciento.)
Considerando el bajo nivel de deuda pública y externa del gobierno de Venezuela, la idea que el país enfrenta una “crisis económica” es simplemente equivocada. Con el petróleo a más o menos 80 dólares por barril, Venezuela tiene un superávit considerable en la cuenta corriente y el nivel de sus reservas internacionales es saludable. Además, el gobierno puede endeudarse internacionalmente como sea necesario – el mes pasado China le prestó a Venezuela 20 mil millones de dólares en avance de futuras entregas de petróleo.
Aun así, el país enfrenta serios desafíos económicos y algunos han empeorado debido a errores en el área de la política macroeconómica. La economía se contrajo por 3,3 por ciento el año pasado. La prensa internacional tiene problemas entendiendo esto, pero el problema fue que la política fiscal del gobierno fue demasiado conservadora – disminuyendo el gasto mientras la economía entraba en recesión. Esto fue un error, pero ojala el gobierno lo corrija pronto con su planeada expansión de la inversión pública este año, incluyendo 6 mil millones de dólares para la producción eléctrica.
El error económico más grande y de largo plazo que ha cometido el gobierno ha sido mantener un tipo de cambio fijo y sobrevalorado. Aunque el gobierno devaluó la moneda en enero, de 2,15 a 4,3 por dólar para la mayoría de transacciones de divisas oficiales, la moneda sigue sobrevalorada. En el mercado paralelo o negro la tasa es de más de siete por dólar.
Un tipo de cambio sobrevalorado – al hacer que las importaciones sean artificialmente baratas y las exportaciones más caras – daña el sector comerciable no-petrolero e impide que la economía disminuye su dependencia del petróleo. Aun peor, la alta tasa de inflación (28 por ciento durante el año pasado y con un promedio anual de 21 por ciento durante los últimos siete años) hace que la moneda sea más sobrevalorada en términos reales cada año. (La prensa tampoco ha entendido este problema – la inflación misma es demasiado alta, pero su daño principal a la economía no es a través del aumento de precios si no al causar que aumente la sobre valoración del tipo de cambio real.)
Pero Venezuela no se encuentra en la misma situación que Grecia – o incluso Portugal, Irlanda, o España. O Latvia o Estonia. Los primeros cuatro países están atascados con una moneda sobrevalorada – para ellos, el euro – e implementando políticas fiscales pro cíclicas (por ejemplo, la reducción del déficit) que profundizan la recesión y/o retardan la recuperación. No tienen ningún control sobre la política monetaria, la cual es la competencia exclusiva del Banco Central Europeo. Los últimos dos países se encontrarán en una situación parecida mientras que mantengan sus monedas fijadas al euro, y han perdido 6 a 8 veces la cantidad del PIB que Venezuela durante los últimos dos años.
En comparación, Venezuela controla su propio tipo de cambio y políticas fiscales y monetarias. Puede utilizar políticas fiscales y monetarias expansivas para estimular la economía, y también política cambiaria – dejando que el tipo de cambio flote. Una flotación dirigida, o “sucia” — cuando el gobierno no anuncia un objetivo para el tipo de cambio pero interviene cuando sea necesario para preservar la estabilidad cambiaria – sería más adecuada para la economía venezolana que el tipo de cambio fijo de ahora. El gobierno podría dirigir el tipo de cambio en un nivel competitivo, y no tendría que desperdiciar tantos dólares, como lo hace actualmente, para cerrar la brecha entre el mercado paralelo y oficial. Aunque habían predicciones (exageradas, cómo siempre) que la inflación explotaría después de la devaluación más reciente, esto no sucedió – posiblemente porque la mayoría de transacciones cambiarias suceden de toda forma a través del mercado paralelo.
Venezuela se encuentra bien posicionada para resolver sus problemas macroeconómicos actuales y seguir una fuerte expansión económica, tal como lo hizo desde 2003 al 2008. El país no enfrenta una crisis, sino la necesidad de tomar una decisión política.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
