11 Junio 2007
11 de junio, Mark Weisbrot En inglés
Una nueva firmeza para los gobiernos latinoamericanos
Por Mark Weisbrot
International Business Times, 11 de junio, 2007
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La relación entre gobiernos e inversionistas — especialmente corporaciones transnacionales — está cambiando rápidamente, y esto se puede ver especialmente en la actualidad en Latinoamérica. El mes pasado, Bolivia, Venezuela y Nicaragua sorprendieron a muchos observadores internacionales anunciando que se retirarían del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la rama de arbitraje internacional del Banco Mundial. El CIADI es un lugar en donde — bajo un previo arreglo– los inversionistas extranjeros que tienen una disputa con un gobierno anfitrión pueden someter su caso a arbitraje obligatorio.
La posición de Bolivia es que el CIADI no tiene un sistema de arbitraje imparcial, y no se puede esperar que actúe como uno, mientras sea parte del Banco Mundial. Como fue destacado durante la reciente controversia que condujo a la renuncia de la cabeza del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, el Banco puede tener 185 países miembros pero realmente es dominado por Washington. La saga continúa, pues la administración de Bush ha elegido de nuevo a un neo-conservador cercano y asociado al presidente Bush – el ex representante comercial de Estados Unidos Robert Zoellick – para liderar la institución. El Banco Mundial ha utilizado su poder durante mucho tiempo – no solamente el poder que deriva de su nivel anual de préstamos de $23 mil millones, sino también a través del que obtiene como parte de un “cártel de acreedores” liderado por el Fondo Monetario Internacional – para presionar a gobiernos a que adopten políticas favorecidas por corporaciones transnacionales. Éstas políticas incluyen la de privatizar y las de remover restricciones al comercio, a los flujos de inversión y al derecho de adquirir bienes nacionales por parte de extranjeros.
El gobierno boliviano también argumenta que hay otros conflictos de interés involucrados cuando se tiene al panel de arbitraje del Banco Mundial decidiendo sobre diferencias entre gobiernos e inversionistas extranjeros. Pablo Solón, embajador especial de Bolivia para Comercio e Integración, puso como ejemplo el caso de la compañía Aguas de Illimani, una filial del gigante internacional en servicios de agua francés, el grupo Suez. Resultó que la Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial, era un accionista en Aguas de Illimani. Está claro que la misma institución no debe ser ambos, árbitro y una de las partes, en el conflicto.
Los procesos del CIADI, como los de otros paneles internacionales de arbitraje similares, no tienen la transparencia, un mecanismo de equilibrio de poderes o el grado de apertura de un sistema judicial real – como el nuestro en Estados Unidos, por ejemplo. Está cubierto con un manto de secretos Y la influencia del Banco Mundial en seleccionar árbitros lo convierte en todo menos en un organismo neutral.
Bolivia mantiene que su gobierno, que fue elegido por una mayoría que estaba cansada de ver cómo se drenaban los recursos naturales para hacer millonarias a las compañías extranjeras mientras que su país seguía siendo el más pobre en Suramérica, necesita cambiar las reglas de modo que tengan menores desventajas con relación a corporaciones gigantes. El gobierno boliviano tiene un caso sólido. Desde que el gobierno decidió incrementar las regalías en los hidrocarburos – con lo que la participación del gobierno en los campos de gas más grandes pasó de ser 18 por ciento a un 82 por ciento – sus ingresos fiscales han aumentado en casi 7 por ciento del PIB. Esto es un aumento enorme de ingresos.
El FMI escribió en sus reportes sobre Bolivia que el país se perjudicaría al incrementar las tasas de regalías. Pero se equivocaron, junto con la mayoría de los expertos en Washington y la prensa de negocios de Estados Unidos. En estos círculos se da por sentado que cualquier cosa que les agrade a los inversionistas extranjeros es buena para el país anfitrión, pues atraería la inversión extranjera. De igual manera, cualquier cosa que no les agrade a los inversionistas extranjeros es generalmente presentado como una potencial catástrofe.
La evidencia de los últimos años, particularmente en Latinoamérica, no comprueba esa suposición. Al final de 2001, Argentina emprendió la moratoria más grande de deuda soberana en la historia y la mayoría de economistas y periodistas predijeron que el país sufriría terribles consecuencias por muchos años. Pero de hecho, la economía sólo sufrió una breve caída durante tres meses y después pasó a registrar niveles promedio de crecimiento casi tan altos como los de China durante los últimos cinco años: un crecimiento económico anual de 8,6 por ciento. Venezuela incrementó las regalías que deben pagar los inversionistas extranjeros con intereses en la cuenca del Orinoco de 1 por ciento a 30 por ciento. Además, el primero de mayo exigió la participación mayoritaria del estado en todos los proyectos de riesgo compartido (joint ventures) con compañías privadas. Las grandes compañías petroleras —Chevron, Exxon Mobil, British Petroleum, Conoco-Phillips, entre otras—aceptaron estos cambios y siguen en el país ganando bastante dinero.
De hecho, lo que está sucediendo en Latinoamérica y otros países en vías de desarrollo es un intento de corregir el extremismo que caracterizó los cambios en las políticas económicas de las décadas de 1980 y 1990. Además de resultar en fracasos macroeconómicos, estas reformas seriamente afectaron el balance de poder a favor de los inversionistas extranjeros sobre los gobiernos. La llegada y el creciente uso de “resoluciones de disputa de inversionista-a-estado”, permiten que los inversionistas puedan demandar legalmente a los gobiernos directamente por acciones que limitan sus ganancias, es un desarrollo reciente. Aproximadamente dos tercios de éstas disputas han sucedido tan sólo durante los últimos cinco años. Similarmente, ha habido una proliferación de Tratados Bilaterales de Inversión, más de 2 mil 500 hasta ahora, y muchos de éstos contienen provisiones para que el CIADI arbitre disputas.
Pero no parece haber una relación entre la adopción de estas reformas “favorables al inversionista” y los niveles de inversión extranjera directa que recibe un país, como lo demuestran hasta las propias investigaciones del Banco Mundial. Por muchos años, China ha encabezado a los países en vías de desarrollo como recipiente de inversión extranjera directa. Pero la opción principal para compañías extranjeras que tienen una disputa con el gobierno ha sido la de arbitración local a través de la Comisión China Internacional de Arbitraje Económico y Comercial (CIETAC por sus siglas en inglés).
La nueva firmeza de los gobiernos latinoamericanos frente a los inversionistas extranjeros ha sido hasta ahora notablemente exitosa, consiguiéndoles miles de millones de dólares de nuevos ingresos y permitiendo que algunos de los nuevos gobiernos democráticos realicen sus promesas de combatir la pobreza. La opinión general es que estos cambios son simplemente resultados temporales de los altos precios del petróleo, de los minerales y otros bienes, y también tasas de interés inusualmente bajas—lo que le ha dado a los países en vías de desarrollo más alternativas y poder para negociar. Pero es mucho más probable que estos cambios son institucionales y permanentes.
Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación Económica y de Políticas (Center for Economic and Policy Research – CEPR) en Washington, EE.UU. Sus áreas de especialización incluyen: crecimiento económico, comercio, seguridad social, América Latina, instituciones de financiamiento internacional y desarrollo.
