22 Diciembre 2014
Alexander Main
The Hill, 19 de diciembre 2014
En inglés
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La decisión del presidente Obama de normalizar las relaciones con Cuba ha acaparado los titulares y aplausos en todas partes del mundo. En un breve pero histórico discurso, Obama anunció una serie impresionante medidas, como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y el alivio significativo de restricciones de los viajes a la isla. También hizo un llamado al Congreso para rescindir el embargo de 54 años contra Cuba.
Pero al mismo tiempo, Obama ha apoyado un endurecimiento significativo de la política de EEUU hacia uno de los aliados más cercanos de Cuba en la región.
Venezuela acaba de sumarse a Cuba como uno de los dos únicos países en el Hemisferio Occidental sujeto a sanciones estadounidenses. Un proyecto de ley estableciendo sanciones contra funcionarios venezolanos fue aprobado por voto de voz en el Senado el 8 de diciembre y luego fue aprobado por la Cámara de representantes el 10 de diciembre. El 18 de diciembre, sólo un día después de su discurso anunciando un “nuevo curso” con Cuba, Obama firmó el proyecto de ley, convirtiéndolo en ley. El senador cubanoamericano Bob Menéndez (demócrata de Nueva Jersey), autor de la legislación, lo calificó como “una victoria para el pueblo venezolano”.
El problema es que el pueblo de Venezuela no parece estar de acuerdo con Menéndez. Una encuesta realizada por la encuestadora independiente Datanálisis mostró que casi tres cuartas partes de los venezolanos se oponen a las sanciones estadounidenses. La organización de derechos humanos con sede en Caracas, PROVEA – que critica frecuentemente el presidente venezolano, Nicolás Maduro – también rechaza enérgicamente la medida. Otros gobiernos latinoamericanos también se oponen a las sanciones. En una cumbre de mayo, los jefes de Estado de América del Sur expresaron su oposición al proyecto de ley del Senado y otra versión del proyecto de ley en la cámara baja, introducida por la representante republicana de Florida. Ileana Ros-Lehtinen.
El propósito declarado del proyecto de ley es “imponer sanciones específicas a las personas responsables por violaciones de los derechos humanos de manifestantes antigubernamentales” que salieron a las calles entre febrero y abril de este año exigiendo la salida de Maduro. Los promotores de la ley mencionan que más de 40 personas murieron durante las protestas, pero no reconocen que un gran número de estas muertes incluyó fuerzas de seguridad del Estado y activistas progubernamentales y que fueron causadas por los propios manifestantes. Además, como organizaciones de derechos humanos han señalado, las autoridades venezolanas han llevado a cabo investigaciones sobre abusos y aprehendido por lo menos 17 agentes de seguridad presuntamente implicados en actos violentos contra los manifestantes.
Casos preocupantes de impunidad todavía rodean algunos de los asesinatos y abusos cometidos durante las protestas. Pero, ¿la situación de Venezuela de los derechos humanos justifica realmente la imposición de sanciones? Si es así, entonces ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no ha sancionado a las autoridades del gobierno en Colombia, donde el ejército ha ejecutado al menos a 5.763 civiles inocentes, entre 2000 y 2010? ¿Por qué no sanciona Honduras, donde las fuerzas de seguridad cometen regularmente asesinatos extrajudiciales con impunidad? ¿Y qué pasa con México, donde 43 estudiantes desaparecieron hace poco, muy probablemente todos estén muertos, con la supuesta complicidad de policías locales y federales? En vez de penalizar a los gobiernos de estos países, EE.UU. sigue enviando cientos de millones de dólares en asistencia a las fuerzas militares y policiales.
¿Entonces de donde vienen estas sanciones contra Venezuela?
Por muchos años, algunos miembros del Congreso con vínculos a grupos de la extreme derecha cubana en exilio han intentado fortalecer la política estadounidense hacia Venezuela y otros gobiernos izquierdistas de América Latina con relaciones cercanas al gobierno cubano. En el 2007, Ros-Lehtinen y tres otros representantes del sur de Florida enviaron una carta al Presidente George W. Bush, instándolo a declarar el gobierno democráticamente electo de Venezuela como “una dictadura” y a otorgar asilo político provisional a los venezolanos cuyos visas estaban vencidas. En el 2008, el Representante Connie Mack (R – Florida), Ros-Lehtinen, el Representante Mario Díaz Balart (R – Florida) y cinco otros legisladores patrocinaron una resolución para que Venezuela forme parte de la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo, al igual a Cuba.
Aunque este y otros esfuerzos no tuvieron éxito, la legislación sobre sanciones, introducida en ambas cámaras en marzo, se benefició de cobertura mediática intensa a las protestas del 2014 y de una movilización en EE UU sin precedente de venezolanos aliados a la oposición. Fue aprobada en la Cámara de Representantes en mayo, pero se detuvo en el Senado hasta diciembre. Al mismo tiempo, el gobierno de Obama anunció que estaba opuesto a las sanciones dado el hecho que, en las palabras de un funcionario estadounidense, “fortalecería el argumento de que se trata del gobierno venezolano resistiendo a EE UU.”
Un grupo de legisladores demócratas aplaudieron la posición del gobierno de entonces, notando que “la intervención y las sanciones unilaterales estadounidenses han causado mucho resentimiento a lo largo de Latinoamérica.” Quizás esto es especialmente cierto en Venezuela, donde el pueblo todavía se acuerda de cómo el gobierno estadounidense apoyó el efímero golpe militar contra el fallecido Presidente Hugo Chávez en el 2002.
No obstante, el gobierno comenzó a aplicar sanciones pequeñas y no oficiales – primero con la revocación de visas de funcionarios venezolanos y después con la prohibición de exportación a Venezuela de equipamiento estadounidense con “usos finales militares”. Después, a finales de noviembre, Antony Blinken, el candidato de Obama para Secretario de Estado Adjunto, le dijo a los Senadores Menéndez y Marco Rubio (R – Florida) que el gobierno ahora apoyaba plenamente las sanciones.
El gobierno de EEUU le tiene una aversión evidente al President Maduro, pero también sabe que una medida unilateral agresiva, como son las sanciones, puede socavar la dividida oposición venezolano y aislar EE UU aun más en la región. ¿Entonces porque ahora apoya la sanciones?
Cuando Obama anunció el giro radical en la política estadounidense hacia Cuba, sabía que generaría mucha rabia entre los miembros cubano-estadounidenses del Congreso. Aunque algunos de estos legisladores tienen puntos de vista extremistas sobre América Latina, sucede que tienen posiciones poderosas en los comités y podrían hacer que las cosas sean más difíciles para que el gobierno logre algo en el Congreso. Al parecer, el presidente decidió darles una concesión para intentar de apaciguarlos; esa concesión fue la promesa de apoyo a la legislación de sanciones contra Venezuela.
Concesiones de este tipo tienen su lógica desde la perspectiva de la ciudad de Washington. Pero permitir que legisladores que permanecen con una mentalidad de Guerra Fría dirijan la política estadounidense hacia Venezuela es peligroso y pone en riesgo la buena voluntad que la tregua con Cuba ha generado para el gobierno de EEUU a lo largo de la región. Como dijo el Presidente Obama, es hora de “acabar con los grilletes del pasado”, no solo en relación a Cuba, pero también en la política hacia Venezuela y otros gobiernos izquierdistas de Latinoamérica.
Alexander Main es Asociado Senior de Política Internacional en el Centro de Investigación en Economía y Políticas.
