02 Julio 2013
Dean Baker
The Exchange (Yahoo! Finance), 26 de junio, 2013
El Mono Político, 29 de junio, 2013
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La historia de Edward Snowden y cómo llegó a estar en una posición desde la cual podría filtrar detalles del programa de vigilancia de la Administración de Seguridad Nacional [NSA, por sus siglas en inglés] está revelando bastante sobre la privatización de nuestro sistema de seguridad nacional. Mucho de lo que estamos viendo no es agradable.
Primero, no estoy condenando al Sr. Snowden. A mi juicio, él prestó un gran servicio público con un riesgo personal enorme. Los terroristas seguramente sabían que el Gobierno los seguía. La noticia en la filtración de Snowden es que el Gobierno está siguiendo también a todos los demás. Esta clase de vigilancia debería estar sujeta a un cuidadoso escrutinio, que no es el caso ahora. Al hacer público el modelo de vigilancia del Gobierno, Snowden ha abierto al menos la posibilidad de que este pueda ser frenado.
Sin embargo, aparte de la extensión del sistema de vigilancia en la NSA, Snowden también ha llamado la atención sobre cómo se ha extendido la privatización en las operaciones de seguridad nacional. Por supuesto que Snowden no trabajaba directamente para el Gobierno; él trabajaba para Booz Allen Hamilton, un contratista privado. Booz Allen es un negocio que mueve 6.000 millones de dólares anuales. Recibe la vasta mayoría de sus ingresos de contratos del Gobierno, como aquel que pagaba el salario de Snowden.
Los detalles del trabajo de Snowden no están claros, pero sabemos que le pagaban más de 120.000 dólares al año. Es una paga bastante buena para alguien que acaba de cumplir los 30 y nunca se graduó del bachillerato. No hace falta decir que Booz Allen facturaba más de esa suma a los contribuyentes por el trabajo de Snowden, ya que ellos están en los negocios para conseguir un beneficio. Snowden podía tener aptitudes extraordinarias que justificaran ese pago, pero no hay modo de que el público lo sepa.
Resulta que incluso la comprobación de antecedentes que proveyó la base para el certificado de seguridad de Snowden fue realizada por un contratista privado. USIS, una compañía basada en Virginia del norte, hizo la comprobación de antecedentes a Snowden y muchas otras personas que tienen el certificado de seguridad.
En las últimas dos décadas, las corporaciones privadas han conseguido jugar un gran papel en un rango amplio de misiones de seguridad nacional. Esto es problemático, dado que las compañías privadas responden a sus accionista, no al público general.
Hay una lógica obvia en el hecho de que compañías privadas provean muchos de los bienes y servicios usados por el Gobierno. Tiene sentido que compañías privadas produzcan los coches, los ordenadores, el papel de oficina y otros items estandarizados que el Gobierno utiliza en grandes cantidades. No hay motivo para creer que el Gobierno podría de algún modo producir mejores o más baratos coches que Toyota o computadores que Dell.
Pero cuando se trata de servicios muy especializados, el argumento en favor de la superioridad del sector privado es más cuestionable. Las firmas privadas, como es natural, tratarán se maximizar sus beneficios prestando el servicio al coste más barato posible. O sea, ahorrando de maneras que realmente importan; por ejemplo, no haciendo una exhaustiva comprobación de antecedentes.
La agencia que designa un contratista privado tiene la responsabilidad de hacer la supervisión, pero una supervisión amplia incrementa el coste del contrato. El problema de supervisar es previsible que sea especialmente grande en el caso de operaciones de seguridad nacional como la que empleaba a Snowden. Por la naturaleza secreta del proyectio, habrá oportunidades muy limitadas para el escritinio público.
Eso significa que los supervisores del Gobierno tienen un trabajo muy grande para asegurar que el Gobierno esté recibiendo el valor de su inversión en el contrato. Esa tarea puede resultar especialmente difícil cuando figuras poderosas en el Gobierno tienen proyectos preferidos o relaciones cálidas con los contratistas. Este tipo de situación es virtualmente un manual para la corrupción.
Desafortunadamente, en el último cuarto de siglo ha habido un culto virtual a la privatización en Washington. Ese culto ha sido bipartisista. La Adminsitración Clinton solía alardear de su reducción del número de empelados del Gobierno, lo que a menudo se conseguía nombrando a contratistas privados a un coste más elevado. La Administración Bush llevó esta privatización mucho más lejos.
Es necesario ver este tema con los ojos abiertos y un conocimiento de economía básica. Las compañías están en los negocios para hacer dinero. Si el Gobierno no puede tener una supervisión apropiada, como parece ser en el caso de muchas áreas de la seguridad naconal, la única manera de asegurar que el público no esté siendo timado es que el Gobierno haga por sí mismo el trabajo. De otro modo, estaremos montando un aparato de seguridad nacional que probablemente será un sumidero de corrupción y desperidicio.
Dean Baker es un macroeconomista estadounidense y cofundador del Center for Economic and Policy Research.
