12 Agosto 2024
Venezuela se enfrenta a una nueva crisis política que podría potencialmente estallar en un prolongado y dañino conflicto civil. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, se han publicado dos series de resultados incompatibles: uno del consejo electoral del país, que muestra al presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, ganando por nueve puntos porcentuales; el otro de la oposición venezolana, que muestra a Edmundo González ganando por un margen de 37 puntos. Si bien la oposición ha publicado miles de presuntas actas que parecen respaldar su afirmación, la autoridad electoral de Venezuela aún no ha publicado un desglose detallado de los resultados. Sin estos resultados detallados, es imposible verificar de forma independiente el anuncio de la victoria de Maduro por parte de las autoridades venezolanas.
En respuesta a la situación que se está desarrollando en Caracas, los actores internacionales, en particular Estados Unidos, deben evitar repetir las políticas profundamente perjudiciales del pasado. Estas políticas, como el apoyo a golpes militares y otras medidas inconstitucionales para derrocar al gobierno, han socavado profundamente la democracia y han contribuido sustancialmente a aumentar la polarización. Las sanciones económicas de gran alcance han alimentado una emergencia humanitaria y causado decenas de miles de muertes, o más. Es fundamental que los actores externos procedan con cautela, ejerciendo una diplomacia ecuánime y apoyen los esfuerzos para renovar el diálogo entre la oposición y los líderes oficialistas a fin de lograr una solución política pacífica y sostenible.
De cara al futuro, la mejor oportunidad para lograr una solución pacífica de la crisis actual parece ser el esfuerzo liderado por Brasil, México y Colombia. Estos países han iniciado un diálogo de alto nivel tanto con el gobierno como con la oposición venezolana y están apoyando una solución a la crisis que sea liderada por Venezuela.
Los acontecimientos que han ocurrido desde las recientes elecciones en Venezuela crearon una situación peligrosa que amenaza con desembocar en una grave y prolongada crisis con posibles implicaciones regionales. Se han presentado dos series de resultados incompatibles, unos por parte de la oposición que muestra a su candidato como ganador, y otros por parte de la autoridad electoral y el gobierno de Venezuela, que han proclamado como vencedor al actual presidente Nicolás Maduro.
Para resolver las denuncias de fraude electoral, es fundamental que haya datos electorales detallados y confiables, incluido un desglose de los resultados de cada mesa de votación.
Sin estos resultados detallados, es imposible verificar de forma independiente el anuncio de la victoria de Maduro por parte de las autoridades venezolanas. El consejo electoral afirmó que un ciberataque retrasó la publicación de los resultados desglosados. Mientras tanto, la oposición ha publicado presuntas actas de escrutinio, informadas por el 83.5 por ciento de los centros de votación, que apuntan a una victoria de Edmundo González, incluso en el caso de que el gobierno obtuviera una amplia victoria en los distritos electorales restantes. Estos hechos suponen un serio desafío a los resultados oficiales y ahora les corresponde a las autoridades publicar los recuentos detallados de las votaciones.
Estas narrativas contradictorias postelectorales han provocado manifestaciones masivas, en su mayoría pacíficas, por parte de partidarios de ambos candidatos, pero también ha habido informes de violencia grave, incluidos asesinatos, en ambos bandos. También hay informes preocupantes de cientos de arrestos de activistas opositores en los días siguientes a las elecciones.
Los líderes políticos, tanto del gobierno como de la oposición, han hecho declaraciones preocupantes que no son conducentes a una solución pacífica de la disputa actual dentro de un marco constitucional. Por ejemplo, González y la líder opositora María Corina Machado han llamado a lo que equivale a un golpe militar. Esto repetiría los errores que muchos políticos de la oposición cometieron en 2019 cuando llamaron a las fuerzas armadas a rebelarse contra el gobierno y apoyar la inauguración presidencial de Juan Guaidó, un miembro de la Asamblea Nacional que no fue elegido presidente. Este tipo de medidas por fuera de la constitución deberían ser firmemente rechazadas a nivel internacional. Asimismo, el gobierno debe garantizar que las fuerzas de seguridad respeten las normas internacionales de derechos humanos cuando respondan a protestas y disturbios; dichas fuerzas deben también abstenerse de realizar detenciones arbitrarias.
El gobierno de Estados Unidos no debería responder a la crisis actual aplicando más de las políticas fallidas y perjudiciales del pasado, como más sanciones económicas de amplio alcance, que han cobrado la vida de decenas de miles de venezolanos y llevado a la emigración de millones más. Estas políticas fallidas incluyen intentos de golpes militares, como aquellos que los gobiernos de EE. UU. apoyaron en 2002 y 2019. El reconocimiento de un gobierno paralelo o la imposición de más sanciones a Venezuela solo ahondará la crisis, volviéndola más difícil de resolver; de hecho, esas políticas ayudaron a crear la crisis actual. Es preocupante que algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos hayan hecho declaraciones que parecen reconocer la victoria del candidato de la oposición, una postura que solo puede contribuir a una mayor escalada de la crisis actual.
En lugar de esto, la administración Biden, así como cualquier otro actor externo que quiera evitar una mayor escalada y una posible pérdida de vidas, debería apoyar firmemente los esfuerzos de Brasil, México y Colombia en la búsqueda de una solución pacífica y negociada de la crisis. En un avance positivo la semana pasada, Mark Wells, funcionario del Departamento de Estado, anunció que Estados Unidos apoyaba dichos esfuerzos de diálogo y que ahora este país está “centrado únicamente en lograr que las partes hablen y sean parte de una transición pacífica”.
Esto también es coherente con la declaración del presidente Biden al comienzo de la crisis. Pero, como se señalará más adelante, este aparente enfoque diplomático supone un cambio sorprendente respecto de los últimos 25 años de las relaciones de Washington con Venezuela, así como con otros países de la región. Dados los deplorables antecedentes de Estados Unidos, no debemos descartar la posibilidad de que la aparente renuencia de Washington a intensificar el conflicto se revierta, especialmente después de las elecciones estadounidenses de noviembre (e incluso antes de que haya un nuevo gobierno en Washington).
Ambas series de resultados electorales sugieren que existen considerables minorías políticas que representan a millones de venezolanos. Los resultados oficiales muestran a la oposición como la opción preferida del 43 por ciento de la población. Los escrutinios de la oposición, que según se informa suman el 83.5% del total, muestran que el gobierno de Maduro obtuvo el 30 por ciento de los votos. Suponiendo que esos recuentos fueran precisos, el 20 por ciento restante de los distritos electorales podría inclinarse más hacia Maduro, lo que aumentaría su porcentaje del voto cuando se incluyan.1 Independientemente del resultado final, la actual coalición oficialista mantendría el control de la Asamblea Nacional y la mayoría de los gobiernos regionales y municipales, que fueron elegidos en 2020 y 2021 respectivamente.
Una solución diplomática y negociada que respete la constitución venezolana y ofrezca garantías aceptables para la minoría parece ser esencial para detener el deslizamiento hacia una crisis más profunda, que tendría ramificaciones más allá de las fronteras del país. Considerando las inevitables repercusiones que una crisis de estas características causaría, incluido un aumento de la migración, no sorprende que los gobiernos de Brasil, Colombia y México hayan tomado una sólida iniciativa diplomática a favor del diálogo.
Algunos líderes de la oposición han acogido con satisfacción la participación de Lula, el presidente de Brasil, quien encabeza esta iniciativa diplomática, lo que indica que el trío de países —cuyos gobiernos tienen relaciones relativamente amistosas con el gobierno de Maduro— podría ser un interlocutor confiable.
Los dos comunicados publicados hasta el momento por los tres países han pedido a las autoridades venezolanas que publiquen los resultados electorales completos y desglosados, y que permitan el avance de los procesos institucionales, y han instado a ambas partes a evitar agravar aún más la situación. Han dicho que estarían dispuestos a ayudar a facilitar el diálogo que conduzca a acuerdos que beneficien al pueblo venezolano y que al mismo tiempo respeten la soberanía de Venezuela. A pesar de enviar señales contradictorias, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha expresado recientemente, como se señaló anteriormente, cierto apoyo a esta iniciativa. Y debería seguir haciéndolo.
Otros actores internacionales también deberían apoyar los esfuerzos liderados por los tres gobiernos latinoamericanos.
En las últimas elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas el 28 de julio, ambos bandos se declararon victoriosos. El segundo boletín oficial difundido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que Maduro había sido reelecto con el 52 por ciento de los votos frente al 43 por ciento del líder opositor Edmundo González. Sin embargo, a diferencia de elecciones anteriores, hasta ahora el CNE no ha publicado un desglose de los resultados a nivel de mesas de votación. La oposición, sin embargo, ha anunciado que obtuvo el 67 por ciento de los votos frente al 30 por ciento de Maduro. Para respaldar esta afirmación, ha publicado alrededor del 84 por ciento de lo que afirma son las actas de recuento de votos (elaboradas para cada mesa de votación) de todo el país.
El sistema electoral venezolano es uno de los más sólidos y confiables de la región, si no del mundo, con innumerables procesos integrados para validar el resultado. Muchos de estos procesos de auditoría no se han seguido o no se han llevado a cabo con los mecanismos de supervisión establecidos, como ha sido el caso en elecciones anteriores.
Una de las protecciones más importantes incorporadas al sistema electoral venezolano es la proporcionada por su sistema de actas de escrutinio. Normalmente, las impresiones de estos documentos se ponen a disposición de los observadores electorales, tanto opositores como oficialistas, una vez finalizado el proceso de votación, y pueden usarse para confirmar la exactitud del recuento electrónico de votos que es transmitido automáticamente por las máquinas de votación al CNE.
Estas hojas de recuento tienen una serie de características de seguridad integradas, incluidos códigos hash únicos asociados con cada hoja y códigos QR que proporcionan un rastro de datos digitales, lo que hace que sea difícil falsificarlas sin ser detectadas.
Los principales partidos de la oposición venezolana han denunciado fraude en muchas elecciones nacionales durante más de una década y no firmaron un acuerdo preelectoral para reconocer los resultados de las elecciones de este año.
En elecciones nacionales anteriores, las autoridades venezolanas han proporcionado rápidamente un desglose detallado de los resultados. Si bien la oposición ha afirmado que el gobierno cometió fraude anteriormente (por ejemplo en 2004, 2013 y 2018), estas afirmaciones se hicieron sin pruebas y, por lo tanto, no eran creíbles. Sin embargo, la percepción infundada de que las elecciones en esas ocasiones fueron fraudulentas provocó o contribuyó a graves desórdenes públicos y grandes brotes de violencia en 2013, 2014, 2017 y 2019.
Las autoridades electorales venezolanas denuncian que la transmisión electrónica de los resultados se vio afectada por un ciberataque. Afirman que esto ha retrasado la publicación de los resultados desglosados. El sitio web del CNE se encuentra caído desde las elecciones. Si bien legalmente el Consejo tiene 30 días para publicar los resultados finales en el boletín oficial, en elecciones anteriores ha proporcionado resultados desglosados mucho más rápidamente. Dada la prolongada disputa en estas elecciones, con dos partes reportando series de resultados incompatibles, esta información debería publicarse lo antes posible.
El Gobierno ha rechazado la autenticidad de las actas publicadas por la oposición. Pero los argumentos que ha presentado hasta ahora no han sido convincentes, presentando alrededor de tres docenas de presuntas actas (de un total de aproximadamente 25.000) en las que supuestamente faltan firmas y hay problemas similares que son comunes en la mayoría de los procesos electorales. Así como la oposición tenía observadores electorales, también los tenía el partido gobernante, que también debería tener copias de las actas impresas y normalmente debería poder hacerlas públicas, tal como lo hizo después de las elecciones de 2013.2
Aunque el CNE no ha publicado resultados desglosados, Maduro apeló al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que resuelva la disputa electoral. Luego, el tribunal citó a todos los actores claves de la elección y les pidió que entregaran sus copias de las actas para que el TSJ las analizara. Según se informa, el CNE lo hizo el 5 de agosto. Sin embargo, el candidato opositor Edmundo Gonzaléz, quien ha cuestionado la legitimidad del papel del TSJ en la determinación del resultado electoral y al parecer teme ser arrestado, no ha comparecido ante el tribunal. El 10 de agosto, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, declaró que la coalición opositora “no presentó ningún material electoral”. El magistrado agregó que el fallo del tribunal será “inapelable y de obligatorio cumplimiento”. Si bien reconocen el proceso judicial en curso, los gobiernos de Colombia, México y Brasil han señalado que el CNE tiene la obligación legal de publicar los resultados.
El CEPR ha analizado los resultados electorales de muchas votaciones en toda la región durante los últimos 20 años, incluidas las controvertidas elecciones de México de 2006, las elecciones de Haití posteriores al terremoto de 2010, las profundamente defectuosas elecciones de Honduras en 2017, las elecciones bolivianas de 2019 y muchas otras.
El núcleo de ese trabajo ha sido el acceso a los datos. Los resultados electorales desagregados permiten a investigadores independientes analizar los resultados de las elecciones en busca de posibles irregularidades o, como en el caso de Haití en 2010 o Bolivia en 2019, analizar las auditorías electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, en ambos casos, cuestionaron los resultados oficiales de las elecciones sin fundamento.
En 2017, en Honduras, un análisis de datos desagregados de los centros de votación reveló la posibilidad de irregularidades significativas en el proceso de recuento de votos. La OEA finalmente realizó un ejercicio estadístico similar y concluyó que los resultados no eran legítimos. Sin embargo, Estados Unidos reconoció al ganador, Juan Orlando Hernández, quien ahora cumple una condena de 45 años en una prisión federal estadounidense tras ser declarado culpable de narcotráfico en junio de 2024.
En los casos de Haití y Bolivia, las acusaciones iniciales de fraude fueron ampliamente aceptadas y promovidas por los actores internacionales. Sin embargo, como demostró el CEPR, las afirmaciones no tenían fundamento.
Hay muchas razones para cuestionar las acusaciones de fraude en Venezuela, incluida una historia de acusaciones infundadas de fraude y de esfuerzos destinados a derrocar al gobierno venezolano de manera inconstitucional. Cabe destacar que, tras el referéndum revocatorio de 2004 ganado por Hugo Chávez, una ONG venezolana dirigida por María Corina Machado afirmó que los resultados eran producto de un fraude y señaló como prueba los sondeos a boca de urna que había realizado. Sin embargo, la investigación del CEPR demostró que estas afirmaciones eran falsas. El Centro Carter, que convocó a un grupo de expertos para revisar las acusaciones, llegó a la misma conclusión.
En las actuales elecciones, y a diferencia de ocasiones anteriores, la oposición ha publicado presuntas actas que presentan una prueba a prima facie de que los resultados oficiales son inexactos. Sin la publicación de datos electorales detallados, no hay manera de verificar de forma independiente los resultados oficiales anunciados por las autoridades electorales venezolanas.
Como advirtió el CEPR antes de la votación, era probable que ni el gobierno ni la oposición reconocieran una victoria del bando contrario. Ambos tenían razones legítimas para cuestionar el carácter libre y justo de la votación.
Si bien se ha prestado mucha atención a los desafíos que la oposición venezolana ha enfrentado antes de las elecciones, ha habido poca discusión sobre el impacto de las amplias sanciones impuestas por Estados Unidos, y algunos de sus aliados europeos, y sobre cómo estas han hecho que sea prácticamente imposible tener una elección demócratica, o libre y justa en este momento.
Estados Unidos ha intervenido fuertemente en Venezuela durante los últimos 25 años, comenzando con el golpe militar de 2002. Como reveló una investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos, este país “brindó capacitación, desarrollo institucional y otro tipo de apoyo a individuos y organizaciones que se cree participaron activamente” en el golpe militar de 2002 que sacó brevemente del poder a Hugo Chávez, el predecesor de Maduro. Estados Unidos también brindó su respaldo inicial al destructivo paro petrolero de 2002-2003, y después de que Chávez ganara una elección revocatoria en 2004, comenzó a imponer las primeras medidas sancionatorias.
Durante la última década, la forma más destructiva y letal de intervención contra Venezuela han sido las sanciones económicas, o “medidas coercitivas unilaterales”, como las llama Naciones Unidas. Estas medidas han cobrado decenas de miles de vidas, posiblemente más, además de causar daños devastadores a la salud pública y provocar la salida de millones de personas (casi una cuarta parte de la población) de Venezuela.
Las sanciones también influyen en las elecciones, y esto es parte de su intención: una forma de castigo colectivo que pone en peligro la vida y que busca inducir a los votante a que escojan la opción preferida por Estados Unidos o que se deshagan del gobierno por otros medios. El carácter violento de estas presiones económicas para conseguir un cambio de régimen es cada vez más comprendido por líderes políticos en Estados Unidos, por lo que hoy varios dirigentes se oponen abiertamente a esta política. En mayo de 2021, uno de los principales líderes demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jim McGovern, escribió una carta al presidente Biden pidiendo el fin de “todas las sanciones secundarias y sectoriales contra Venezuela”. Declaró:
“El impacto de las sanciones sectoriales y secundarias es indiscriminado y deliberado… El dolor económico es el medio por el cual se supone que funcionan las sanciones. Pero no son los funcionarios venezolanos quienes sufren los costos. Es el pueblo venezolano…. Para el pueblo venezolano la crisis actual es una cuestión de vida o muerte…”
“…Nunca he creído que se deban utilizar sanciones para castigar a poblaciones enteras por las acciones de sus líderes… Creo que sanciones como las que impuso la administración anterior a Venezuela son equivocadas e inmorales”.
El orden de la magnitud de las muertes relacionadas con las sanciones en Venezuela ya no está en duda y está respaldado por un número creciente de investigaciones. Sólo en el primer año después de las sanciones de Trump de 2017, una encuesta de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por tres universidades venezolanas que no apoyan al gobierno, encontró un aumento de la mortalidad del 31 por ciento, lo que implica decenas de miles de muertes adicionales en ese año. Esto es coherente con las investigaciones sobre la relación entre las recesiones y la mortalidad en los países en desarrollo; como lo demuestra la investigación del Banco de Pagos Internacionales, lo que implicaría un aumento de alrededor de 43.000 muertes debido a la contracción económica en el primer año de estas amplias sanciones por parte de Estados Unidos, incluidas las financieras.
Una extensa investigación sobre la aplicación histórica de sanciones económicas generalizadas ha encontrado un impacto de proporciones similares: las sanciones de EE. UU. coinciden con un aumento del 35 por ciento en la mortalidad.
Vale la pena señalar que las sanciones de EE. UU. también son ilegales según el derecho internacional y los tratados firmados por Estados Unidos, incluida la carta de la Organización de los Estados Americanos. Estas violarían la cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe los castigos colectivos, con la salvedad técnica de que este tratado es aplicable a situaciones de guerra, y no hay guerra en curso entre Estados Unidos y Venezuela.
Sin embargo, expertos de la ONU y otros académicos y juristas han argumentado que si algo es un crimen de guerra cuando las personas se matan entre sí con armas de guerra, también debería ser considerado un crimen en ausencia de guerra. La reducción de las importaciones de alimentos debido a las sanciones contra Venezuela provocó un fuerte aumento de la desnutrición; y las importaciones de medicamentos también cayeron sustancialmente.
Todo esto es muy relevante para la situación actual en términos de su posible efecto sobre los votantes. Se estima que la sanciones de EE.UU. han ocasionado una contracción económica de un 37 por ciento del PIB per cápita de Venezuela. Esta caída del PIB fue mayor que la que padeció Estados Unidos en el colapso de la Gran Depresión.
Es claro el rol que tienen las sanciones en causar este daño. Aunque la economía se ha estabilizado un poco recientemente, cualquier gobierno con más del 80 por ciento de su población todavía viviendo por debajo de la línea de pobreza (cuando la tasa de 2015 era del 33 por ciento, según el Banco Mundial) se va a encontrar en grave desventaja electoral.
Pero la situación es aún peor para el gobierno actual, porque millones de ciudadanos saben que si lo reeligen las sanciones continuarán, y quizás incluso se endurezcan.
Por lo tanto, sería incompleto citar sólo las desventajas que enfrenta la oposición en una elección como esta; es de esperar que el impacto de las sanciones sobre el electorado y, más importante aún, la amenaza de más muerte y destrucción si este electorado vota de manera “incorrecta”, tengan un impacto importante en las decisiones de los votantes. De este modo, las sanciones que aparentemente están diseñadas para “promover la democracia” terminan teniendo el efecto opuesto.
La historia de las últimas dos décadas en la política exterior estadounidense en el hemisferio haría que cualquier observador racional desconfiara del papel potencial de Washington en un esfuerzo multilateral para resolver una crisis política, especialmente una en la que ya está profundamente comprometido a apoyar a un lado contra el otro.
Desde principios de la década de 2000, Washington ha intervenido contra varios gobiernos elegidos democráticamente en la región, a veces logrando derrocarlos, con un grave costo para esos países y sus pueblos. Esto ha incluido a Brasil (donde EE. UU. prestó cobertura diplomática a la destitución de Dilma Rousseff y estuvo involucrado en la guerra legal dirigida contra Lula da Silva); Honduras (donde EE. UU. ayudó a que un golpe militar tuviera éxito en 2009); Haití (donde EE. UU. apoyó un golpe de Estado en 2004 y la reversión arbitraria de los resultados electorales en 2011); Paraguay (donde EE. UU. apoyó la destitución de un presidente en 2012); y Bolivia (donde EE. UU. y la OEA apoyaron un golpe militar en 2019), entre otros.
Las elecciones bolivianas de 2019 (mencionadas anteriormente) son uno de los ejemplos más escandalosos de la intervención de Estados Unidos en este hemisferio en los últimos años. Junto con el liderazgo de la OEA, el gobierno de EE. UU. apoyó un golpe militar que derrocó al presidente democráticamente elegido de Bolivia, Evo Morales, el primer presidente indígena en un país que tiene el mayor porcentaje de indígenas en el hemisferio.
El pretexto fue una afirmación falsa de que Morales había robado las elecciones. Se podría decir que esto fue incluso más claramente falso que la iniciativa de Donald J. Trump de “detener el robo” en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. La afirmación de Trump se desestima acertadamente porque no hay pruebas que la respalden. Pero la afirmación de que las elecciones de Bolivia fueron robadas, encabezada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue numéricamente insostenible desde el primer día, como explicaron 133 economistas y estadísticos en una carta abierta a la OEA.
Todo esto es relevante no porque la disputa boliviana sea directamente análoga a las elecciones venezolanas de julio, sino porque ilustra, como lo hacen los numerosos ejemplos del siglo XXI citados anteriormente, cuán mal pueden ir las cosas cuando los actores más poderosos del hemisferio están más interesados en un cambio de régimen que en ayudar a resolver una crisis o un conflicto, como ha sido el caso con respecto a la política estadounidense hacia Venezuela durante los últimos 25 años.
El propio Almagro sigue siendo secretario general de la OEA, y puede preverse que en el caso de Venezuela, como ya sucedió antes, priorice el cambio de régimen por sobre la resolución de conflictos.
Es interesante recordar cómo se deshizo la falsa narrativa del fraude que sirvió para justificar el golpe boliviano. El 7 de junio de 2020 apareció en el New York Times un artículo que desmintió la historia de que las elecciones de 2019 habían sido robadas. El análisis “defectuoso” de la OEA, afirma el informe, ayudó a “forzar la salida de un presidente” y “alimentó una cadena de acontecimientos que cambiaron la historia de la nación sudamericana”. Después de ese informe, la narrativa previa de una elección robada desapareció en gran medida de los principales medios de comunicación con bastante rapidez.3
Por supuesto, los otros ejemplos citados anteriormente también ayudan a explicar cómo los Estados Unidos “cambiaron la historia de [cada] nación”.
El propósito de las referencias anteriores a la historia reciente de intervenciones de Estados Unidos y de la OEA no es insinuar nada sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. No obstante, es importante tener presente esta historia para saber que podríasuceder a futuro y cómo alcanzar una solución negociada de la crisis en Venezuela. Estos últimos 25 años (y muchos más) nos enseñan que para lograrlo se necesitan actores regionales firmemente comprometidos con una solución negociada y no violenta. Y es responsabilidad de aquellos que se preocupan por lograr una solución pacífica trabajar para garantizar que el gobierno de Estados Unidos apoye los esfuerzos de estos actores.
En las semanas transcurridas desde la votación del 28 de julio, varios países han reconocido la supuesta victoria de Maduro y/o lo han reconocido como presidente electo, entre ellos Bolivia, Honduras, Cuba, China, Rusia, Turquía, Mali, Mozambique y otros países. Por otra parte, los gobiernos de Perú, Argentina, Panamá y Costa Rica han reconocido formalmente a González como presidente electo. Por su parte, Estados Unidos ha manifestado su opinión de que González recibió la mayoría de los votos, pero hasta ahora no ha llegado a reconocerlo formalmente como presidente electo.
Sin embargo, la administración estadounidense podría eventualmente reconocer un gobierno paralelo como ocurrió en 2019 con Guaidó, una política que fracasó (y que probablemente habría requerido un sangriento golpe militar para tener éxito). Esto también aumentaría la probabilidad de que se impongan aún más sanciones económicas, incluida la revocación de licencias otorgadas a corporaciones multinacionales para permitirles participar en actividades económicas en Venezuela, particularmente en la industria petrolera.
Es poco probable que volver a las políticas anteriores fallidas, detalladas en la sección anterior, convenza al gobierno de Maduro de renunciar al poder y, ciertamente, costará muchas vidas y causará mucho más sufrimiento.
El nuevo mandato presidencial en Venezuela no comienza hasta enero de 2025, lo que deja más de cuatro meses para que todas las partes alcancen un acuerdo negociado y permitan el avance de esfuerzos diplomáticos. En ese sentido, parece que los esfuerzos más prometedores los lidera el grupo formado por Brasil, México y Colombia, que están “manteniendo conversaciones con ambas partes”, según informa Associated Press. Los países también mantienen en general buenas relaciones con Rusia y China, que han reconocido a Maduro como presidente electo y se considera que tienen cierto grado de influencia sobre su gobierno.
Los líderes de estos tres países también tienen décadas de experiencia lidiando con problemas análogos al actual conflicto en Venezuela, incluyendo desafíos electorales propios. Como se señaló anteriormente, el propio presidente brasileño Lula da Silva fue encarcelado tras un proceso de “lawfare” en su contra que le impidió participar en las elecciones presidenciales de Brasil de 2018 que tenía altísimas probabilidades de ganar.4 Su sentencia fue posteriormente revocada y la persecución disminuyó.5
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, perdió las elecciones presidenciales mexicanas de 2006 en unos comicios cuestionados, en los que el número de boletas en más de la mitad de las mesas de votación no cuadraron.6 Y Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue miembro de un grupo guerrillero que se formó tras acusaciones de fraude electoral. Como presidente, ha sido un defensor del proceso de paz en curso en su propio país, que busca poner fin a décadas de conflicto civil a través del diálogo y la mediación.
La alternativa más probable no es prometedora: si estos gobiernos fueran dejados de lado, Estados Unidos probablemente jugaría un papel más importante, junto con los gobiernos de derecha de la región aliados con Washington. Dada la historia descrita anteriormente, es muy poco probable que esto resulte en un resultado positivo para Venezuela.
Aunque ha habido señales contradictorias que indican un apoyo, al menos tibio, al diálogo impulsado por Brasil, México y Colombia, no sabemos cuál será el alcance y la duración de este aparente apoyo de la administración estadounidense a estos esfuerzos de diálogo. Algunos observadores consideran que la administración está tratando de evitar problemas antes de sus propias elecciones en noviembre. Esta tendencia ha prevalecido en el pasado, y hay quienes creen que la decisión del gobierno venezolano de celebrar elecciones poco antes de los comicios en EE. UU. se motivó por la idea de que así habría una baja probabilidad de intervención por parte de este país. La administración estadounidense podría ser más cautelosa que en años anteriores porque es probable que si los demócratas ganan una elección presidencial reñida, tendrán que lidiar con una pelea por los resultados electorales. Y luego está también la cuestión migratoria, que podría aumentar si la situación en Venezuela se deteriora aún más, como en el caso de una imposición de sanciones adicionales.
Sea como fuere, es poco probable que la crisis en Venezuela se resuelva pronto, por lo que será necesario generar presión pública a favor de la diplomacia, las negociaciones, el fin de las sanciones y otras medidas ilegales y coercitivas, y de la cooperación con otros gobiernos que compartan esos objetivos.
Armas, Mayela. 2024. “Venezuela’s top court says opposition failed to submit proof in election dispute.” Reuters. 10 de agosto de 2024, consultado el 12 de agosto de 2024. https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-top-court-says-opposition-failed-submit-proof-election-dispute-2024-08-10/
Arnson, Cynthia J. y Johanna Mendelson Forman. 1991. “United States Policy in Central America.” Current History 90, no. 554 (1991): 97–137. http://www.jstor.org/stable/45316496.
Arsenault, Chris. 2024. “Venezuelans angry over US election critiques.” Al Jazeera, 14 de abril de 2023, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.aljazeera.com/features/2013/4/14/venezuelans-angry-over-us-election-critiques
Castillo, Eduardo y Regina Garcia Cano. 2024. “Brazil, Colombia and Mexico hold talks with the government and opposition in Venezuela to try to stop the crisis.” AP News, 6 de agosto de 2024, consultado el 7 de agosto de 2024. https://apnews.com/world-news/general-news-206eb6d7d3da0622753a06be70b70974
Centro de Investigación en Economía y Política. 2011. OAS Overturned Haitian Presidential Election in a “Political Intervention,” New CEPR Paper Suggests. 17 de octubre de 2011, consultado el 7 de agosto de 2024.
https://www.cepr.net/press-release/oas-overturned-haitian-presidential-election-in-a-qpolitical-interventionq-new-cepr-paper-suggests/
Centro de Investigación en Economía y Política. 2017. Ahead of Final Honduran Election Results, CEPR Co-Director Calls for Full Review to Address Irregularities, Lack of Transparency. 1 de diciembre de 2017, consultado el 9 de agosto de 2024.
https://cepr.net/press-release/ahead-of-final-honduran-election-results-cepr-co-director-calls-for-full-review-to-address-irregularities-lack-of-transparency/
Centro de Investigación en Economía y Política. 2022. What is Happening in Bolivia: CEPR’s Recent Work. 8 de junio de 2022, consultado el 7 de agosto de 2024. https://cepr.net/what-is-happening-in-bolivia-cepr-s-recent-work/
Chang, Ha-Joon et al. 2019. “The OAS Has to Answer for its Role in the Bolivian Coup”. The Guardian, 2 de diciembre de 2019, consultado el 12 de agosto de 2024. https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/02/the-oas-has-to-answer-for-its-role-in-the-bolivian-coup.
Congreso de los Estados Unidos. 2010. Testimonio del Dr. Paul Farmer ante el Caucus Negro del Congreso: Focus on Haiti. 27 de julio de 2010, consultado el 7 de agosto de 2024. https://www.lessonsfromhaiti.org/press-and-media/transcripts/farmer-caucus/
Congreso de los Estados Unidos. 2021. Rep. Johnson, Colleagues Ask A.G. Garland for Answers on DOJ Role in Brazil Probe and Persecution of Former President Lula da Silva. 7 de junio de 2021, consultado el 7 de agosto de 2024.
https://hankjohnson.house.gov/media-center/press-releases/rep-johnson-colleagues-ask-ag-garland-answers-doj-role-brazil-probe-and
Crowley, Michael y Anatoly Kurmanaev. 2019. “Trump Imposes New Sanctions on Venezuela.” Nueva York: The New York Times, 6 de agosto de 2019, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.nytimes.com/2019/08/06/us/politics/venezuela-embargo-sanctions.html
Chavez, Aida. 2024. “U.S. Sanctions Have Devastated Venezuela. How Does That Help Democracy?” The Intercept, 2 de agosto de 2024, consultado el 9 de agosto de 2024. https://theintercept.com/2024/08/02/venezuela-election-maduro-us-sanctions-democracy/
Davis, Julie Hirschfeld. 2018. “U.S. Places New Sanctions on Venezuela Day After Election”. Nueva York: The New York Times, 21 de mayo de 2018, consultado el 9 de agosto de 2018. https://www.nytimes.com/2018/05/21/us/politics/trump-maduro-venezuela-sanctions.html
Da Silva, Lula. 2020. “US ‘always behind regime change’ in Latin America” Conversación con Al Jazeera, 25 de julio de 2020, consultado el 7 de agosto de 2024. https://www.youtube.com/watch?v=Q_GxErDm9fE
DeYoung, Karen y Samantha Schmidt. 2024. “Amid Venezuela tumult, U.S. wants Latin American countries to lead in finding a solution.” Washington Post, 11 de agosto de 2024
Doerr, Sebastian y Boris Hofmann. 2020. “Recessions and mortality: a global perspective.” BIS Working Papers, No 910. 15 de diciembre de 2020, consultado el 10 de agosto de 2024. https://www.bis.org/publ/work910.htm.
El Periodiquito. 2024. A puñaladas mataron a militante oficialista en el estado Bolívar. 4 de agosto de 2024, consultado el 8 de agosto de 2024. https://elperiodiquito.com/sucesos/177686/a-punaladas-mataron-a-militante-oficialista-en-el-estado-bolivar/
Misión de Observación Electoral. 2024. “Revisión de actas y documentos electorales: Elección Venezuela 2024” 3 de agosto de 2024, consultado el 11 de agosto de 2024. https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2024/08/20240802-Pasos-y-hallazgos-resultados-Venezuela-2024.-Vff.pdf
Oficina Ejecutiva del Presidente. 2015. Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela. 8 de marzo de 2015, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.federalregister.gov/documents/2015/03/11/2015-05677/blocking-property-and-suspending-entry-of-certain-persons-contributing-to-the-situation-in-venezuela
Fishman, Andrew, Natalia Viana y Maryam Saleh. 2020. ““Keep It Confidential” The Secret History of U.S. Involvement in Brazil’s Scandal-Wracked Operation Car Wash” The Intercept, 12 de marzo de 2020, consultado el 7 de agosto de 2024. https://theintercept.com/2020/03/12/united-states-justice-department-brazil-car-wash-lava-jato-international-treaty/
Fishman, Andrew. 2021. “House Democrats Want Answers About U.S. Role in Disgraced Brazil Corruption Probe.” The Intercept, 8 de junio de 2021, consultado el 7 de agosto de 2024. https://theintercept.com/2021/06/08/brazil-congress-car-wash-corruption-merrick-garland/
Forero, Juan. 2002. “Chávez Rejects Call by U.S. for Early Vote in Venezuela.” Nueva York: The New York Times, 15 de diciembre de 2002, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.nytimes.com/2002/12/15/world/chavez-rejects-call-by-us-for-early-vote-in-venezuela.html
Gonzalez, Juan. 2019. “The Venezuelan Crisis and Salvador Allende’s Glasses.” National Defense University Press 8, no. 1. https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/1943463/the-venezuelan-crisis-and-salvador-allendes-glasses/
Gobierno de México. 2024. Elecciones Presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela, Declaración Conjunta Brasil-Colombia-México. 1 de agosto de 2024, consultado el 7 de agosto de 2024. https://www.gob.mx/sre/prensa/elecciones-presidenciales-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela?idiom=es
Grim, Ryan. 2024. “Historic Turnout In Pakistan Is Swamping The Military’s Effort to Rig The Election.” The Intercept, 9 de febrero de 2024, consultado el 9 de agosto de 2024. https://theintercept.com/2024/02/09/pakistan-election-military-pti/
Hurtado, Jorge. 2024. “Fiscalía venezolana vincula a María Corina Machado y Leopoldo López al supuesto ‘hackeo’ electoral”. France 24, 30 de julio de 2024, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20240729-fiscal%C3%ADa-venezolana-vincula-a-mar%C3%ADa-corina-machado-y-leopoldo-l%C3%B3pez-con-supuesto-hackeo-electoral
Infobae. 2024. “EE.UU. apoya la mediación de México, Brasil y Colombia para una ‘transición’ en Venezuela. 6 de agosto de 2024, consultado el 11 de agosto de 2024. https://www.infobae.com/america/agencias/2024/08/06/eeuu-apoya-la-mediacion-de-mexico-brasil-y-colombia-para-una-transicion-en-venezuela/
Organización de los Estados Americanos. 1997. “Charter of the Organization of American States.” Consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.iachr.org/Basicos/English/Basic22.Charter%20OAS.htm
Organización de los Estados Americanos. 2020. “Press Release on Disinformation Campaign Regarding the Role of the OAS in the Bolivian Elections.” 16 de junio de 2020, consultado el 12 de agosto de 2024. https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-064/20.
Jakes, Lara y Eric Schmitt. 2020. “In Diplomatic Doubleheader, U.S. Seizes Iranian Fuel From Ships Headed to Venezuela.” Nueva York: The New York Times, 14 de agosto de 2020, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.nytimes.com/2020/08/14/world/middleeast/trump-iran-venezuela-fuel-tankers.html
Johnston, Jake. 2024. “Ahead of Venezuela’s Election, What Do the Polls Really Show?” Washington, DC: Centro de Investigación en Economía y Política, 25 de julio de 2024, consultado el 9 de agosto de 2024. https://cepr.net/ahead-of-venezuelas-election-what-do-the-polls-really-show/
Johnston, Jake y David Rosnick. 2020. “Observando a los observadores: La OEA y las elecciones bolivianas de 2019.” Washington, DC: Centro de Investigación en Economía y Política, 10 de marzo de 2020, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.cepr.net/report/observando-a-los-observadores-la-oea-y-las-elecciones-bolivianas-de-2019/
Johnston, Jake. 2013. “As Paraguay Prepares for Elections, Unanswered Questions about a Massacre, a Coup and the United States.” Washington, DC: Centro de Investigación en Economía y Política, 16 de abril de 2013, consultado el 7 de agosto de 2024. https://www.cepr.net/as-paraguay-prepares-for-elections-unanswered-questions-about-a-massacre-a-coup-and-the-united-states/
Kurmanaev, Anatoly y María Silvia Trigo. 2020. “A Bitter Election. Accusations of Fraud. And Now Second Thoughts.” New York Times, 7 de junio de 2020, consultado el 12 de agosto de 2024. https://www.nytimes.com/2020/06/07/world/americas/bolivia-election-evo-morales.html.
Llambias, Felipe. 2024. “How electoral records work in Venezuela and how to verify their authenticity.” BBC News, 1 de agosto de 2024, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.bbc.com/mundo/articles/cjl6j83zwklo
Lynch, Colum. 2020. “U.N. Calls for Rolling Back Sanctions to Battle Pandemic.” Foreign Policy, 24 de marzo de 2020, consultado 9 de agosto de 2020. https://foreignpolicy.com/2020/03/24/un-coronavirus-cuba-iran-venezuela-north-korea-zimbabwe-sanctions-pandemic/
Main, Alexander. 2018. “Dirty Elections in Honduras, with Washington’s Blessing.” Washington, DC: Centro de Investigación en Economía y Política, 8 de enero de 2018, consultado el 8 de agosto de 2024. https://www.cepr.net/dirty-elections-in-honduras-with-washington-s-blessing/
McCoy, Jennifer y Francisco Diez. 2011. “International Mediation in Venezuela.” United States Institute for Peace. 1 de octubre de 2011, consultado el 12 de agosto de 2024. https://www.usip.org/publications/2011/10/international-mediation-venezuela.
Neumeister, Larry y Philip Marcelo. 2024. “Sen. Bob Menendez guilty of taking bribes in cash and gold and acting as Egypt’s foreign agent.” AP News, 16 de julio de 2024, consultado el 9 de agosto de 2024. https://apnews.com/article/menendez-bribery-trial-jury-deliberations-bab89b99a77fc6ce95531c88ab26cc4d
Organización de los Estados Americanos. 2017. Declaración de la Secretaría General de la OEA sobre las elecciones en Honduras. 17 de diciembre de 2017, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-092/17
Organización de Países Exportadores de Petróleo. 2021. Informe mensual del mercado petrolero de la OPEP. 15 de julio de 2021, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_MOMR_July-2021_archive.pdf
Organización de Países Exportadores de Petróleo. 2017. Informe mensual del mercado petrolero de la OPEP. 10 de agosto de 2017, consultado el 10 de agosto de 2017. https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC%20MOMR%20August%202017.pdf
Rashbaum, William, Benjamin Weiser y Katie Benner. 2020. “Venezuelan Leader Maduro Is Charged in the U.S. With Drug Trafficking.” Nueva York: The New York Times, 26 de marzo de 2020, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.nytimes.com/2020/03/26/nyregion/venezuela-president-drug-trafficking-nicolas-maduro.html
Reuters. 2021. Brazil Supreme Court confirms ruling that judge was biased against Lula. 23 de junio de 2021, consultado el 7 de agosto de 2024. https://www.reuters.com/world/americas/brazil-supreme-court-confirms-ruling-that-judge-was-biased-against-lula-2021-06-23/
Rodríguez, Francisco. 2023a. “The Human Consequences of Economic Sanctions.” Washington, DC: Centro de Investigación en Economía y Política, 4 de mayo de 2023, consultado el 12 de agosto de 2024. https://franciscorodriguez.net/2023/10/14/quantifying-venezuelas-destructive-conflict/
Rodríguez, Francisco. 2023b. “Quantifying Venezuela’s Destructive Conflict.” 14 de octubre de 2023, consultado el 9 de agosto de 2024.
https://franciscorodriguez.net/2023/10/14/quantifying-venezuelas-destructive-conflict/
Rosnick, David. 2011. “The Organization of American States in Haiti: Election Monitoring or Political Intervention?” Washington, DC: Centro de Investigación en Economía y Política, 17 de octubre de 2011, consultado el 7 de agosto de 2024. https://www.cepr.net/report/oas-in-haiti/
Rosnick, David y Mark Weisbrot. 2013. “A Statistical Note on the April 14 Venezuelan Presidential Election and Audit of Results.” Washington D.C.: Centro de Investigación en Economía y Política, mayo de 2013. Consultado el 16 de marzo de 2023.
https://www.cepr.net/documents/publications/venezuela-election-audit-05-2013.pdf.
Sachs, Jeffrey y Mark Weisbrot. 2019. “Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela.” Washington D.C.: Centro de Investigación en Economía y Política, abril de 2019. Consultado el 7 de agosto de 2024. https://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-04.pdf
San Diego Union-Tribune. 2016. Chaves gives Obama book on Latin America. 29 de agosto de 2016, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.sandiegouniontribune.com/2009/04/18/chavez-gives-obama-book-on-latin-america/
Shifter, Michael. 2004. “Picking a Fight With Venezuela.” Nueva York: The New York Times. 20 de septiembre de 2004, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.nytimes.com/2004/09/20/opinion/picking-a-fight-with-venezuela.html
Singer, Florantonia. 2024. “El chavismo crítico a Maduro repudia la respuesta represiva y busca una tercera vía para salir de la crisis”. El País, 6 de agosto de 2024, consultado el 9 de agosto de 2024.
https://elpais.com/america/2024-08-06/el-chavismo-critico-con-maduro-repudia-la-respuesta-represiva-y-busca-una-tercera-via-para-salir-de-la-crisis.html
Suniaga, Carlos. 2024. “Padre de joven asesinado en protestas: “un colectivo me lo mató”” El Pitazo, 1 de agosto de 2024, consultado el 8 de agosto de 2024. https://elpitazo.net/regiones/bolivar-padre-de-joven-asesinado-en-protestas-un-colectivo-me-lo-mato/
Surgentes. 2024. “Surgentes sobre el Proceso Electoral, Manifestaciones y Represión.” Consultado el 11 de agosto de 2024. https://surgentes.org.ve/wp-content/uploads/2024/08/Comunicado-Surgentes-coyuntura-electoral.pdf
teleSURtv. 2024. CNE venezolano ofrece segundo boletín de elecciones presidenciales del 28 de junio. 2 de agosto de 2024, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.telesurtv.net/cne-de-venezuela-ofrece-segundo-boletin-de-las-elecciones-presidenciales-del-28j/
The Carter Center. 2004. Report on an Analysis of the Representativeness of the Second Audit Sample, and the Correlation between Petition Signers and the Yes Vote in the Aug. 15, 2004 Presidential Recall Referendum in Venezuela. Consultado el 26 de junio de 2023. https://www.cartercenter.org/documents/1834.pdf
The Economist. 2017. Analysing Juan Orlando Hernández’s disputed election victory in Honduras. 5 de diciembre de 2017. Consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.economist.com/the-americas/2017/12/05/analysing-juan-orlando-hernandezs-disputed-election-victory-in-honduras
The New York Times. 2006. U.S. moves to punish Chávez with arms ban. 15 de mayo de 2006. Consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.nytimes.com/2006/05/15/world/americas/15iht-venez.html
La Casa Blanca. 2024. Readout of President Joe Biden’s Call with President Luiz Inácio Lula da Silva of Brazil. 30 de julio de 2024, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/07/30/readout-of-president-joe-bidens-call-with-president-luiz-inacio-lula-da-silva-of-brazil-2/
Naciones Unidas. 1945. Carta de las Naciones Unidas. Consultado el 9 de agosto de 2024. ] https://main.un.org/securitycouncil/en/content/purposes-and-principles-un-chapter-i-un-charter
Naciones Unidas. 2019. “Venezuela: Overview of Priority Humanitarian Needs.” Marzo.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2024. “Venezuela: Experto de la ONU hace un llamado en favor de los Derechos Humanos, no de la caridad, para acabar con el hambre y la malnutrición.” ACNUDH. 14 de febrero de 2024, consultado el 12 de agosto de 2024. https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/02/venezuela-un-expert-calls-human-rights-not-charity-end-hunger-and
Departamento del Estado de los EE. UU. 2018. Statement by Secretary Pompeo – An Unfair, Unfree Vote in Venezuela. 21 de mayo de 2018, consultado el 9 de agosto de 2024. https://2017-2021-translations.state.gov/2018/05/21/declaracion-del-secretario-pompeo-eleccion-injusta-y-sin-libertades-en-venezuela/
Departamento del Estado de los EE. UU. 2024. Assessing the Results of Venezuela’s Presidential Election. 1 de agosto de 2024, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.state.gov/assessing-the-results-of-venezuelas-presidential-election/
Agencia Venezolana de Noticias. 2024. Briquet contradice a Capriles al insistir en supuesto “fraude” electoral. 26 de octubre de 2012, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.aporrea.org/actualidad/n217043.html
Weisbrot, Mark. 2009. “Lawyers, Guns, and Money: A Coup Tests Obama’s Will” Washington, D.C.: Centro de Investigación en Economía y Política, 23 de julio de 2009, consultado el 7 de agosto de 2024. https://www.cepr.net/lawyers-guns-and-money/
———. 2012. “America’s subversion of Haiti’s democracy continues” The Guardian, 13 de marzo de 2012, consultado el 7 de agosto de 2024. https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2012/mar/13/america-subversion-haiti-democracy
———. 2013. “The United States shows its contempt for Venezuelan democracy.” The Guardian, 22 de abril de 2013. Consultado el 6 de marzo de 2023. https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/22/united-states-contempt-venezuelan-democracy
———. 2014a. “Hard Choices: Hillary Clinton Admits Role in Honduran Coup Aftermath” Washington, D.C.: Centro de Investigación en Economía y Política, 29 de septiembre de 2014, consultado el 7 de agosto de 2024. https://cepr.net/hard-choices-hillary-clinton-admits-role-in-honduran-coup-aftermath/
———. 2014b. “Who Shot Argentina?” U.S. News, 24 de junio de 2014, consultado el 7 de agosto de 2024. https://www.usnews.com/opinion/articles/2014/06/24/supreme-court-dismisses-case-between-argentina-and-us-vulture-funds
———. 2016a. “A U.S. Policy of Non-intervention in Venezuela Would Be a Welcome Change.” The New York Times, 30 de junio de 2016, consultado el 11 de agosto de 2024. https://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/06/28/how-to-save-venezuela/the-us-bears-blame-for-the-crisis-in-venezuela-and-it-should-stop-intervening-there
———. 2016b. “Kerry’s meeting with Brazilian official shows support for illegitimate government.” The Hill, 9 de agosto de 2016, consultado el 7 de agosto de 2024. https://thehill.com/blogs/pundits-blog/international/290827-kerrys-meeting-with-brazilian-official-shows-support-for/
———. 2016c. “Washington’s Dog-Whistle Diplomacy Supports Attempted Coup in Brazil” Huffpost, 22 de abril de 2016, consultado el 7 de agosto de 2024. https://www.huffpost.com/entry/washingtons-dog-whistle-d_b_9757652
———. 2018. “Brazil’s Democracy Pushed Into the Abyss” Nueva York: The New York Times, 23 de enero de 2018, consultado el 7 de agosto de 2024. https://www.nytimes.com/2018/01/23/opinion/brazil-lula-democracy-corruption.html
———. 2019. “Who Is to Blame for Argentina’s Economic Crisis?” Nueva York: The New York Times, 19 de agosto de 2019, consultado el 7 de agosto de 2024. https://www.nytimes.com/2019/08/19/opinion/argentina-macri-elections.html
———. 2020. “Silence Reigns on the US-Backed Coup against Evo Morales in Bolivia”. The Guardian, 18 de septiembre de 2020, consultado el 7 de agosto de 2024. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/18/silence-us-backed-coup-evo-morales-bolivia-american-states
.———. 2022. “Let’s Make Sure that the US Government Respects Democracy In Brazil This Time.” Washington D.C.: Centro de Investigación en Economía y Política, 9 de noviembre de 2022, consultado el 7 de agosto de 2024. https://cepr.net/lets-make-sure-that-the-us-government-respects-democracy-in-brazil-this-time/
Weisbrot, Mark, David Rosnick y Todd Tucker. 2004. “Black Swans, Conspiracy Theories, and the Quixotic Search for Fraud: A Look at Hausmann and Rigobón’s Analysis of Venezuela’s Referendum Vote.” Washington, DC: Centro de Investigación en Economía y Política, 20 de septiembre de 2004, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.cepr.net/documents/publications/venezuela_2004_09.htm
Weisbrot, Mark, Luis Sandoval y Carla Paredes-Drouet. 2006. “An Analysis of Discrepancies in the Mexican Presidential Election Results.” Washington D.C.: Centro de Investigación en Economía y Política, Agosto de 2006. Consultado el 14 de marzo de 2023.
https://cepr.net/documents/mexico_discrepancies_2006_08.pdf
Zengerle, Patricia. 2014. “U.S. House passes bill seeking Venezuela sanctions.” Reuters, 28 de mayo de 2014, consultado el 9 de agosto de 2024. https://www.reuters.com/article/idUSL1N0OE1ZS/
