15 Junio 2023
Este artículo ofrece una revisión y evaluación exhaustivas de la literatura sobre los efectos de las sanciones económicas en los estándares de vida en los países objetivos. Identificamos 32 casos que aplican métodos cuantitativos econométricos y de calibración a datos nacionales e internacionales para evaluar el impacto de las sanciones económicas en indicadores de desarrollo humano y económico y derechos humanos. De estos, 30 casos encuentran que las sanciones tienen efectos negativos en resultados que van desde el ingreso per cápita hasta la pobreza, la desigualdad, la mortalidad y los derechos humanos. También proporcionamos discusiones detalladas de tres episodios de sanciones: Irán desde 1979, Afganistán desde 1999 y Venezuela desde 2017, que ilustran los canales a través de los cuales las sanciones dañan las condiciones de vida en los países objetivos. En los tres casos, las sanciones que restringieron el acceso de los gobiernos a divisas afectaron la capacidad de los estados para proporcionar bienes y servicios públicos esenciales y generaron efectos negativos sustanciales en el sector privado y en los actores no gubernamentales.
El uso de sanciones económicas por parte de algunas de las economías más importantes del mundo ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Su adopción se enmarca casi invariablemente en el contexto de intentos de disuadir o evitar que gobiernos e individuos objetivo lleven a cabo acciones que supuestamente socavarían la seguridad global, la democracia o los derechos humanos. Si bien un cuerpo considerable de investigación ha indagado en la efectividad de las sanciones para lograr sus objetivos previstos, se ha dedicado mucho menos esfuerzo a comprender las implicaciones de las sanciones para las personas que viven en los países objetivos.
Este artículo revisa el estado del arte del conocimiento sobre las consecuencias humanas de las sanciones económicas. Discutimos el efecto de las sanciones en las condiciones socioeconómicas en las jurisdicciones objetivo, incluyendo la economía, la pobreza y la distribución, la salud y la nutrición, y los derechos humanos. Proporcionamos una revisión sistemática de la literatura empírica utilizando conjuntos de datos de panel internacionales y a nivel de país. Encontramos un notable nivel de consenso en los estudios de que las sanciones tienen efectos negativos y a menudo duraderos en las condiciones de vida de la mayoría de las personas en los países objetivo.
Complementamos esta discusión con casos de estudio que ilustran los canales a través de los cuales las sanciones han afectado las condiciones de vida en tres estados objetivos: Irán desde 1979, Afganistán desde 1999 y Venezuela desde 2017. Estos casos de estudio nos ayudan a examinar más de cerca los principales canales a través de los cuales las sanciones afectan la economía y los estándares de vida. También iluminan sobre por qué los mecanismos de salvaguardia, como las excepciones humanitarias, no logran compensar estos efectos colaterales.
El uso de sanciones económicas está en aumento.
Durante las últimas seis décadas, ha habido un crecimiento significativo en el uso de sanciones económicas por parte de las potencias occidentales y las organizaciones internacionales. Menos del 4% de los países estaban sujetos a sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea o las Naciones Unidas (ONU) a principios de la década de 1960; hoy en día, esa cifra ha aumentado al 27%. Las magnitudes son similares cuando consideramos su impacto en la economía global: la proporción del PIB mundial producido en países sancionados aumentó del menos del 4% al 29% en el mismo período. En otras palabras, hoy en día más de uno de cada cuatro países está sujeto a sanciones por parte de las naciones occidentales o las Naciones Unidas, y más de una cuarta parte del PIB mundial se produce en países sujetos a estas sanciones.
También hay una clara tendencia al alza en las sanciones individuales o específicas de entidades. Durante la primera administración de Obama, hubo un promedio de 544 nuevas designaciones en la lista de Nacionales Especialmente Designados (Specially Designated Nationals, SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Esa cifra aumentó a 975 por año en la administración de Trump y ha seguido aumentando hasta ahora (a 1151 por año) en la administración de Biden.
En los últimos años ha habido una creciente preocupación por los efectos humanitarios continuos de las sanciones. En 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución afirmando que estaba “profundamente preocupado por el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales” y “alarmado por los costos humanos desproporcionados e indiscriminados de las sanciones unilaterales y sus efectos negativos en la población civil.”
Sin embargo, parece claro que parte del impacto económico y humanitario de las sanciones en las poblaciones objetivo está destinado. Por ejemplo, una declaración emitida por el gobierno del Reino Unido después de congelar los activos del banco central ruso en febrero de 2022 afirmó sin ambigüedades que “las sanciones devastarán la economía de Rusia.” En febrero de 2019, el secretario de Estado Mike Pompeo declaró en respuesta a una pregunta sobre los efectos de las sanciones en Irán: “Las cosas son mucho peores para el pueblo iraní, y estamos convencidos de que eso llevará al pueblo iraní a levantarse y cambiar el comportamiento del régimen.”1 Pompeo hizo declaraciones similares sobre las sanciones estadounidenses en Venezuela al mes siguiente.2
Desde otra perspectiva, el presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el congresista Jim McGovern, escribió al presidente Biden en mayo de 2021, pidiéndole que “levantara todas las sanciones secundarias y sectoriales impuestas a Venezuela por la Administración Trump.” En la carta, señaló:
… el impacto de las sanciones sectoriales y secundarias es indiscriminado, y a propósito. Aunque los funcionarios estadounidenses dicen regularmente que las sanciones apuntan al gobierno y no al pueblo, el punto entero de la campaña de “máxima presión” es aumentar el costo económico para Venezuela… El dolor económico es el medio por el cual se supone que las sanciones funcionan… no son los funcionarios venezolanos quienes sufren los costos. Son los ciudadanos venezolanos. Fuentes creíbles han encontrado consistentemente que las sanciones han empeorado la crisis humanitaria en el país.3
Estudios internacionales encuentran de manera decisiva efectos negativos severos de las sanciones sobre la población en los países objetivo.
Nuestro estudio resume los resultados de 32 trabajos de investigación y capítulos de libros que utilizan métodos econométricos o de calibración de equilibrio general para evaluar los efectos de las sanciones económicas en las condiciones de vida en los países sancionados. Esto incluye 20 estudios que utilizan datos de panel transversal de países y 12 estudios que utilizan datos de series de tiempo dentro del país o datos de empresas. Diecinueve de los 20 trabajos internacionales encuentran efectos adversos consistentemente estadísticamente significativos de las sanciones económicas sobre la variable dependiente de interés. Estos incluyen ingreso per cápita, pobreza, desigualdad, comercio internacional, mortalidad infantil, desnutrición, esperanza de vida y derechos humanos. Un trabajo encuentra efectos ambiguos de las sanciones en los derechos humanos, con sanciones que conducen al deterioro de los derechos en algunas especificaciones y a la mejora en otras. Once de los 12 estudios a nivel de un solo país encuentran efectos negativos en variables de resultado similares. El único estudio a nivel de país que encuentra el resultado contrario es un estudio que utiliza datos de importaciones de series de tiempo de Venezuela, que discutimos detalladamente a continuación.
En conjunto, estos estudios constituyen una impresionante cantidad de evidencia sobre los efectos negativos de las sanciones económicas tanto amplias como estrechamente dirigidas sobre las condiciones de vida en los países sancionados, con la mayoría de los resultados indicando fuertes efectos adversos y solo unos pocos resultados no significativos. Sin embargo, claramente hay margen para más investigación para identificar los mecanismos causales en juego, ya que las publicaciones examinadas fueron escritas principalmente durante un período en el que ha habido avances significativos en la medición de las sanciones y la evaluación de los efectos causales.
Este artículo también proporciona estudios de caso recientes de tres economías sujetas a sanciones que impiden o dificultan significativamente las transacciones económicas internacionales: Irán, Afganistán y Venezuela. El propósito de estos estudios de caso es proporcionar una comprensión más clara de los mecanismos a través de los cuales las sanciones afectan las condiciones de vida en las economías objetivo, así como cómo estos han evolucionado en el pasado reciente. Por esta razón, nos centramos en tres casos en los que las sanciones aún están en vigor y que pueden ayudarnos a observar cómo los desarrollos recientes que pueden no ser capturados adecuadamente por los datos a nivel nacional, como el cambio a sanciones personales o la proliferación de excepciones humanitarias, han afectado a los grupos vulnerables en las economías objetivo.
Las sanciones sobre Irán redujeron significativamente los ingresos petroleros, lo que llevó a recortes de importaciones y escasez de bienes esenciales.
Las sanciones de Estados Unidos sobre Irán se promulgaron por primera vez en respuesta a la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán en noviembre de 1979. Hasta la fecha, la Orden Ejecutiva de 1979 que establece que la situación en Irán constituye una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional” de Estados Unidos sigue siendo la declaración de emergencia nacional más duradera de Estados Unidos. Dado que Estados Unidos era, con mucho, el mayor socio comercial de Irán antes de la revolución, el embargo comercial causó pérdidas significativas. El comercio entre Estados Unidos e Irán se desplomó inmediatamente después de las sanciones y nunca se recuperó a sus niveles anteriores, incluso durante los períodos en que se aliviaron las sanciones.
El apoyo a las sanciones multilaterales sobre Irán se fortaleció cuando en 2002 se descubrió evidencia de la construcción de dos instalaciones de investigación secretas en Irán para producir uranio enriquecido y agua pesada. A partir de 2006, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una serie de resoluciones que congelaban los activos de entidades y personas involucradas en el programa nuclear de Irán, prohibían la transferencia de elementos nucleares a Irán y llamaban a la contención y vigilancia sobre la financiación que involucraba a Irán y las transacciones con bancos iraníes, incluido el Banco Central. Previsiblemente, estas decisiones resultaron en obligaciones de cumplimiento más fuertes para las instituciones financieras globales, que luego tuvieron que garantizar que sus operaciones con Irán no estuvieran apoyando a estos bancos o a los representantes de las entidades iraníes incluidas en la lista. A partir de finales de 2011, Estados Unidos y Europa impusieron restricciones adicionales que llevaron a la prohibición de la importación de todo el petróleo crudo y los productos petroleros iraníes en Europa y la imposición de sanciones secundarias de Estados Unidos a otros países que no se comprometieron a reducir las importaciones de petróleo iraní.
Las sanciones fueron levantadas como resultado del Plan de Acción Integral Conjunto (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA,) de 2015, en el cual Irán acordó la reducción progresiva de su reserva de uranio enriquecido y sus operaciones de enriquecimiento. Sin embargo, en mayo de 2018, la administración Trump retiró a Estados Unidos del JCPOA y reinstauró todas las sanciones contra Irán. Aunque la administración Biden ha participado en negociaciones intentando revivir alguna versión del JCPOA, hasta ahora estos esfuerzos han sido infructuosos.
Las series de tiempo de los datos del PIB, la producción y exportación de petróleo de Irán muestran claramente marcadas disminuciones después de cada ronda de sanciones. También muestran alguna evidencia de que la economía se ha vuelto progresivamente más resistente al daño causado por las sanciones. Los estudios que utilizan métodos de control sintético confirman que las sanciones han afectado negativamente a la economía de Irán en comparación con el contrafactual que se habría esperado en un escenario sin sanciones. Alternativamente, los ejercicios de calibración basados en modelos de equilibrio parcial o de equilibrio general computable (computable general equilibrium, CGE) también encuentran efectos negativos en los estándares de vida.
Los datos son muy consistentes con la hipótesis de que la mayor parte de los cambios en el desempeño del crecimiento de Irán han sido impulsados por cambios en las exportaciones y producción de petróleo, cambios que fueron fuertemente afectados por las sanciones. Las importaciones disminuyeron fuertemente después de las sanciones de 2011 y 2018, y se recuperaron fuertemente después de los acuerdos del JCPOA. Los estudios que utilizan datos de encuestas de hogares encuentran que los hogares rurales, pertenecientes a grupos de bajos y medianos ingresos, o aquellos encabezados por personas mayores y desempleadas, tenían la mayor probabilidad de caer en la pobreza en el período de sanciones, mientras que los hogares que trabajan en el sector público y aquellos encabezados por personas altamente educadas tenían la menor probabilidad de caer en la pobreza.
Además de sus efectos sobre el ingreso y la pobreza, hay evidencia de que las sanciones afectaron significativamente las dimensiones no económicas del bienestar, como la salud. Durante el período de sanciones, hubo escasez de 73 medicamentos en Irán; 32 de ellos estaban en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Setenta de los 73 medicamentos escasos se encontraban bajo una licencia general de la OFAC para exportar medicamentos a Irán, lo que sugiere que este tipo de autorización tiene poco efecto práctico. Existe abundante evidencia anecdótica de que se han bloqueado las importaciones de algunos medicamentos aprobados. Por ejemplo, un pedido de $60 millones a una empresa farmacéutica estadounidense para un medicamento contra el rechazo en trasplantes de hígado no llegó a Irán, a pesar de tener todas las licencias requeridas por la OFAC, porque ningún banco realizó la transacción.
También encontramos que el progreso en la reducción de la mortalidad, el retraso del crecimiento y la anemia en mujeres se estancó considerablemente durante el período de sanciones y se reanudó después de que se levantaron las sanciones. Los datos del Estudio Global de la Carga de Morbilidad muestran una disminución significativa en la tasa de disminución de los años de vida ajustados por discapacidad estandarizados por edad después de 2011, con los efectos más perjudiciales concentrados.
Las sanciones en Afganistán han bloqueado el acceso a los fondos internacionales vitales para el funcionamiento de la economía.
En Afganistán, las restricciones en las transacciones económicas internacionales se remontan al ascenso de los talibanes al poder en 1996, después de la larga guerra civil. La decisión de casi todos los países de no reconocer al gobierno talibán funcionó como sanciones de facto al impedir que los funcionarios accedieran a activos o celebraran contratos como representantes del estado afgano. Por esta razón, ni las resoluciones de la ONU ni las órdenes ejecutivas de Estados Unidos que imponen sanciones se refieren explícitamente al gobierno de Afganistán, ya que no hay un gobierno afgano formalmente reconocido para sancionar. Sin embargo, dado que los talibanes controlaron prácticamente todas las instituciones estatales afganas de 1996 a 2001, las sanciones contra los talibanes bloquearon efectivamente el acceso a cualquier activo extranjero y limitaron la capacidad del gobierno afgano para participar en el comercio. Un ejemplo es que el gobierno afgano no pudo reclamar el control sobre 254 millones de dólares en reservas de oro en poder de Da Afghanistan Bank (DAB), el banco central afgano, en la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Dado que el no reconocimiento actúa como una imposición de facto de sanciones a un gobierno, tiene poco sentido hacer una distinción entre el momento de la llegada de los talibanes al poder en Afganistán en 1996 y la imposición de sanciones tres años después. Cualquier interacción económica significativa entre el gobierno talibán y otros estados u organizaciones internacionales se vio impedida a partir de 1996. Por supuesto, es difícil construir un escenario contrafactual sobre qué relaciones económicas con el resto del mundo habrían existido si los talibanes hubieran sido reconocidos como el gobierno de Afganistán y no se hubieran impuesto sanciones.
Además, existen serias limitaciones de datos en cualquier intento de evaluar el rendimiento agregado de la economía de Afganistán durante el período de gobierno talibán o de desentrañar el efecto de las sanciones del de gobierno talibán. La recolección de datos agregados parece haber cesado efectivamente mucho antes de la toma de poder de los talibanes, generando una escasez de estadísticas sobre los resultados relevantes del desarrollo humano. Las estimaciones de las Naciones Unidas indican una disminución del 76% en los ingresos reales per cápita entre 1986 y 2001, lo que la sitúa en línea con los mayores colapsos de crecimiento económico observados en la historia moderna del mundo.
Los datos educativos, aunque bastante escasos, muestran una imagen consistente de la disminución de la matriculación escolar, así como de la desaparición casi total de la educación femenina durante el período de 1996 a 2001, ya que los talibanes aplicaron una prohibición nacional a la educación de las mujeres y los niños fueron reclutados cada vez más como combatientes en la continua guerra civil. Los datos sobre la mortalidad infantil son más equívocos, en parte debido al uso generalizado de métodos de extrapolación estadística por parte de las agencias de la ONU. Sin embargo, al menos es consistente con la hipótesis de que las tasas de mortalidad infantil aumentaron durante el período de gobierno talibán, y especialmente en los últimos dos años, que incluyeron la imposición formal de sanciones y la invasión de Estados Unidos.
Las organizaciones no gubernamentales y las agencias de la ONU fueron muy críticas con el efecto de las sanciones en ese momento. Un estudio de 2000 encargado por la Oficina del Coordinador de la ONU para Afganistán concluyó que las sanciones de la ONU tuvieron un efecto directo tangible en la economía afgana, así como un impacto indirecto sustancial en la situación humanitaria. En vísperas de la adopción de nuevas sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2020, Médicos Sin Fronteras advirtió que las sanciones serían devastadoras para un país sin un sistema de atención médica funcional. Incluso el secretario general de la ONU, Kofi Anan, pareció lamentar la fuerza de la resolución, declarando antes de su adopción que “no va a facilitar nuestro trabajo humanitario.”
Los talibanes regresaron al poder en 2021 después de una gran ofensiva que siguió a la retirada de las tropas estadounidenses. Debido a que tanto las sanciones de la ONU como las de Estados Unidos dirigidas a los talibanes nunca habían sido levantadas, estas entraron en vigor de inmediato, restringiendo cualquier interacción con las nuevas autoridades afganas. Similar a la situación 20 años antes, la falta de reconocimiento formal del gobierno talibán imita el efecto de las sanciones gubernamentales, obstaculizando la realización de transacciones legales, comerciales o financieras internacionales que involucren al gobierno afgano. El bloqueo del acceso a los activos del banco central del país juega un papel aún mayor en esta ocasión. El Banco Central ahora ha perdido el acceso a tenencias significativamente mayores, valoradas en 9,6 mil millones de dólares, o el equivalente a casi la mitad del PIB del país y alrededor de 18 meses de importaciones. Estos fueron confiscados efectivamente por Estados Unidos (7 mil millones de dólares) y Europa en agosto de 2021, después de que los talibanes tomaran el poder.
En febrero de 2022, el presidente Biden bloqueó formalmente todas las reservas del banco central de Afganistán que se encontraban en los Estados Unidos y emitió una licencia que permitía la transferencia de la mitad (3,5 mil millones de dólares) de estas a un fondo fiduciario, que se dijo que garantizaría que el dinero se usaría en beneficio del pueblo afgano. El fondo fiduciario es administrado por una fundación creada por nacionales afganos acreditados por Estados Unidos como representantes del gobierno afgano en base a sus nombramientos en puestos de gestión del banco central antes de la toma de poder de los talibanes.
En febrero de 2022, el presidente Biden bloqueó formalmente todas las reservas del banco central de Afganistán que se encontraban en los Estados Unidos y emitió una licencia que permitía la transferencia de la mitad (3.5 billones de dólares) de estas a un fondo fiduciario, que se dijo aseguraría que el dinero se utilizaría en beneficio del pueblo afgano. El fondo fiduciario es administrado por una fundación creada por ciudadanos afganos acreditados por los Estados Unidos como representantes del gobierno afgano en base a sus nombramientos en posiciones de gestión del banco central antes de la toma de poder de los talibanes.
Importantes grupos internacionales de derechos humanos y humanitarios han condenado la confiscación de más de 7 billones de dólares en activos pertenecientes al DAB.4 John Sifton, el director de promoción de Asia de Human Rights Watch, dijo que “las restricciones al sistema bancario de Afganistán están intensificando la ya grave crisis de derechos humanos del país. Y están llevando a las poblaciones a la hambruna.” David Miliband, exsecretario de relaciones exteriores del Reino Unido y actual presidente y director ejecutivo del Comité Internacional de Rescate, le dijo al Senado de los Estados Unidos: “La causa inmediata de esta crisis de hambre es la política económica internacional adoptada desde agosto, que ha cortado los flujos financieros no solo al sector público, sino también al sector privado en Afganistán.”5 Las sanciones y el bloqueo del acceso a activos externos claramente exacerban los efectos contractivos de la reducción de los flujos de divisas. La falta de acceso a las reservas internacionales y a la asistencia internacional de emergencia priva al país de los medios para estabilizar su economía al suavizar el ajuste externo, e impone costos significativos a las agencias humanitarias que elegirían seguir involucradas a pesar del cambio de autoridades. También complican significativamente las transferencias de remesas, que representaron casi 800 millones de dólares en ingresos de divisas antes de la toma de poder de los talibanes.
Si bien la administración Biden ha emitido un conjunto de licencias para facilitar las transacciones humanitarias con el gobierno afgano, las licencias no autorizan la contratación de servicios con instituciones gubernamentales, lo que permite la interacción con el gobierno solo en la medida en que es incidental a las transacciones de terceros. Hay numerosos ejemplos, tanto antes como después de la emisión de estas licencias, de sanciones que limitan o dificultan las transacciones que podrían haber ayudado a aliviar la crisis afgana.
Las sanciones impuestas a Venezuela provocaron una caída en los ingresos petroleros, lo que contribuyó a la mayor contracción en tiempo de paz en la historia moderna.
Las sanciones económicas generales comenzaron con restricciones financieras impuestas a Venezuela en 2017, cuando la administración Trump prohibió el financiamiento y los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela y a la empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Los Estados Unidos también utilizaron sanciones personales (primero impuestas selectivamente por la administración Obama en 2015) para apuntar a altos funcionarios gubernamentales y figuras políticas, así como a actores del sector privado relacionados con el gobierno de Maduro. Dado que estas designaciones impiden tratar con personas designadas en su capacidad oficial, en esencia, pusieron fin a todas las interacciones con el gobierno venezolano que no hubieran sido previamente autorizadas por el gobierno estadounidense.
En agosto de 2017, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que prohibía la compra de nueva deuda emitida por el Gobierno de Venezuela o por PDVSA, lo que obligó a Venezuela a incumplir sus obligaciones existentes y obstaculizó la reestructuración de la deuda venezolana. La orden también impidió el pago de dividendos a Venezuela, lo que impidió que el gobierno utilizara las ganancias de sus filiales extranjeras para financiar su presupuesto. En enero de 2019, Estados Unidos prohibió el comercio con el monopolio petrolero estatal de Venezuela y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino del país, transfiriendo a su administración el control de todos los activos de Venezuela en el extranjero bajo la jurisdicción estadounidense. En febrero de 2020, Estados Unidos sancionó a dos subsidiarias de la compañía energética rusa Rosneft que en ese momento manejaban alrededor del 75% de las ventas de petróleo de Venezuela y prácticamente todas sus importaciones de gasolina. Poco después de que Rosneft detuviera todo el comercio con Venezuela y se desprendiera de sus operaciones en Venezuela en respuesta a las sanciones, Venezuela comenzó a sufrir graves escaseces de gasolina.
Cada ronda de sanciones (financieras en 2017, primarias petroleras en 2019 y secundarias petroleras en 2020) fue seguida por una disminución en la producción de petróleo venezolano, que, según mediciones de agencias independientes, había sido estable durante un período de ocho años a partir de 2008. Aunque había comenzado a disminuir a principios de 2016, antes de las sanciones económicas de 2017, esta disminución parece haber sido una consecuencia del colapso de los precios del petróleo que ocurrió en ese momento y que afectó a la mayoría de los otros productores de alto costo. Sin embargo, incluso cuando los precios del petróleo comenzaron a recuperarse en 2017, la producción de petróleo de Venezuela aceleró su declive incluso cuando la producción se estabilizó o recuperó en economías comparables.
Los estudios que utilizan estimaciones de interrupción de tendencias y métodos de control sintético confirman que la adopción de sanciones se asoció con una disminución de la producción de petróleo en comparación con un contrafactual sin sanciones. El rango de estimaciones de estos estudios sitúa el costo de la disminución entre 13 y 21 mil millones de dólares al año, o entre dos y tres veces el nivel de exportaciones de 2020. Estos resultados son confirmados por un estudio reciente que utiliza datos a nivel de empresa para comparar las empresas que tenían acceso a financiamiento externo en el momento de las sanciones con aquellas que carecían de ese acceso. Las estimaciones muestran que las sanciones financieras afectaron significativamente el crecimiento de las empresas con acceso previo a la financiación, explicando alrededor del 46% de su pérdida de producción.
La consecuente disminución en las exportaciones de petróleo circunscribió severamente la capacidad de una economía tradicionalmente dependiente de las importaciones para comprar importaciones de alimentos, así como bienes intermedios y de capital para su sector agrícola, impulsando la economía hacia una gran crisis humanitaria. Las importaciones totales cayeron un 91%, mientras que las importaciones de alimentos disminuyeron un 78%. La disminución en la capacidad de la economía para importar hizo imposible mantener los niveles anteriores de bienes esenciales. Incluso si Venezuela importara solo alimentos hoy en día (es decir, si hubiera decidido reducir a cero todas las demás importaciones, incluyendo otros bienes esenciales, así como bienes de capital e intermedios para su industria petrolera), no podría pagar más de cuatro quintas partes de los alimentos que importó en 2012.
El profundo deterioro de Venezuela en indicadores de salud, nutrición y seguridad alimentaria ocurrió junto con la mayor crisis económica, fuera de la guerra, desde 1950. La caída de los ingresos petroleros impulsó la contracción económica, que causó el deterioro en los indicadores socioeconómicos. Al contribuir a la reducción de la producción de petróleo del país, las sanciones también contribuyeron a reducir el ingreso per cápita y los niveles de vida, y son un factor clave de la crisis de salud del país, incluido su aumento en la mortalidad infantil y adulta.
Solo un estudio disputa esta conclusión. Un informe de política publicado en enero de 2021 por ANOVA, una consultora venezolana vinculada a la oposición del país argumenta que las sanciones fueron seguidas por una mejora en las importaciones de artículos esenciales, lo que refleja los efectos positivos de la liberalización económica inducida por las sanciones. Este es también el único documento en nuestra revisión que sostiene que las sanciones están asociadas con una mejora en los estándares de vida. El argumento se basa en el supuesto hallazgo de una ruptura en la tendencia en el momento de la imposición de las sanciones de agosto de 2017 en las regresiones de series temporales de mínimos cuadrados ordinarios que modelan las importaciones de alimentos y medicinas como una función del tiempo. El estudio ha sido ampliamente informado en la prensa venezolana y es a menudo invocado por líderes e influenciadores pro-oposición.
Reproducimos los resultados de ANOVA y encontramos que se deben a un artefacto de varias elecciones cuestionables de modelado y al menos un error de codificación crucial. Estos incluyen la elección de una banda arbitraria que es tres veces más grande que la elegida por los métodos estándar en la literatura de regresiones discontinuas, la especificación de la variable dependiente en dólares estadounidenses absolutos en lugar de la especificación logarítmica más convencional utilizada en los estudios de series temporales macroeconómicas, y la omisión de varias categorías de importación que representan alrededor de cuatro quintas partes de las importaciones de alimentos de la economía en el momento de las sanciones. Una vez que se corrigen estos errores, cualquier evidencia de mejora en el nivel o la tasa de cambio en las importaciones de alimentos desaparece. Ni la inspección detallada de los datos corregidos ni una batería de pruebas estadísticas muestran evidencia de alguna mejora significativa y sostenida en las importaciones de alimentos o medicinas después de las sanciones financieras de 2017.
Las sanciones económicas perjudican gravemente a los más vulnerables.
La evidencia analizada en este documento muestra que las sanciones económicas están asociadas con declives en los estándares de vida y afectan gravemente a los grupos más vulnerables de los países objetivo. Es difícil pensar en otros casos de intervenciones políticas que sigan siendo usadas a pesar de la acumulación de una serie similar de evidencia de sus efectos adversos en las poblaciones vulnerables. Esto es quizás aún más sorprendente a la luz del registro extremadamente irregular de las sanciones económicas en términos de lograr sus objetivos previstos de inducir cambios en la conducta de los estados objetivos.
Los intentos de rediseñar el régimen de sanciones, algunos de los cuales sin duda tienen buenas intenciones, pueden fácilmente distorsionarse debido a los incentivos perversos de los responsables políticos. A menudo se utilizan excepciones humanitarias en gran medida ineficaces para afirmar falsamente que las sanciones no obstaculizan o crean obstáculos para la asistencia humanitaria. Por diseño u omisión, la ambigüedad regulatoria genera incentivos para la desinversión generalizada por parte de los actores del sector privado, quienes pueden causar un considerable daño a la economía y a la población al evitar diversas interacciones comerciales con países sancionados, incluso si existen “excepciones” que lo permitirían. Estas “excepciones” permiten a los funcionarios caracterizar el problema como uno de “sobre cumplimiento” en lugar de uno de diseño institucional inadecuado.
Lamentablemente, las poblaciones más afectadas por las sanciones también son las que no tienen voz en las decisiones sobre su adopción. A menudo, la decisión de adoptar o endurecer las sanciones responde a incentivos políticos internos en los países sancionadores, como la relevancia electoral de las diásporas políticamente activas en los estados clave de EE.UU. Ampliar el espacio de debate público razonado y crítico será indispensable para revertir este desequilibrio en el poder para decidir sobre la adopción de políticas que pueden perjudicar la vida de millones de personas y causar la muerte de muchos.
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