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Washington, DC — Un nuevo informe del Centro de Investigación en Economía y Política halló que las sanciones económicas perjudican a las personas en los países objetivo, por ejemplo, al contribuir a un aumento de la mortalidad, la pobreza y la desigualdad, y a una disminución del ingreso per cápita y los derechos humanos. El informe, “Las consecuencias humanas de las sanciones económicas”, del economista Francisco Rodríguez, revisa 32 estudios que evalúan el impacto de las sanciones económicas en los estándares de vida. Señala que 30 de estos análisis encontraron disminuciones significativas en los estándares de vida en los países objeto de sanciones, incluidos Afganistán, Irán y Venezuela, tres estudios de caso que demuestran cómo las sanciones contribuyen a un perjuicio generalizado, incluida la muerte.
“La pregunta de si las sanciones perjudican a la gente común en los países objetivo es un tema muy debatido”, dice Rodríguez, “pero no debería serlo. La evidencia de casi todos los análisis críticos de las sanciones económicas demuestra que son muy perjudiciales, y a veces letales, para las personas que viven en cualquiera de los varios países —y que son cada vez más— sujetos a estas medidas por parte de los EE.UU., la UE u otros poderosos actores.”
El informe encuentra que en Afganistán, Irán y Venezuela, “las sanciones que restringieron el acceso de los gobiernos a divisas afectaron la capacidad de los estados para proporcionar bienes y servicios públicos esenciales y generaron efectos negativos sustanciales en el sector privado y en los actores no gubernamentales… Estos casos de estudio,” continúa el informe, “nos ayudan a examinar más de cerca los principales canales a través de los cuales las sanciones afectan la economía y los estándares de vida,” por ejemplo, al privar a los países de ingresos para todo tipo de importaciones, incluidos alimentos, medicamentos, equipos médicos y otras necesidades. Las experiencias de Afganistán, Irán y Venezuela “también iluminan sobre por qué los mecanismos de salvaguardia, como las excepciones humanitarias, no logran compensar estos efectos colaterales.”
El informe es especialmente relevante ya que las sanciones económicas son cada vez más una herramienta de la política exterior de EE.UU. apoyada por los legisladores e implementada por las administraciones presidenciales, tanto del partido demócrata como el republicano. Hoy en día, más de uno de cada cuatro países está sujeto a sanciones por parte de la ONU o de los gobiernos occidentales, y el 29% del PIB mundial se produce en países sancionados, un número superior al tan solo el 4% de la década del sesenta.
Esta dependencia de las sanciones va en contra de la opinión pública. Una encuesta Harris reciente mostró que la mayoría de los estadounidenses (58 por ciento) cree que las sanciones deberían levantarse “si dañan la actividad económica y los medios de subsistencia de los ciudadanos comunes”, y tres de cada cinco estadounidenses creen que EE.UU. debería levantar las sanciones “si interfieren con la ayuda humanitaria y la salud pública mundial”.
Al “proporcionar un análisis sistemático de la literatura empírica utilizando conjuntos de datos de panel internacionales y a nivel de país”, el informe “encuentra un nivel notable de consenso entre los estudios de que las sanciones tienen efectos fuertemente negativos y, a menudo, duraderos en las condiciones de vida de la mayoría de las personas en los países objetivo” y que “impactan gravemente a los grupos más vulnerables”.
“Dada la creciente popularidad de las sanciones como una herramienta de política en Washington, esperamos que este informe aliente a los legisladores a prestar más atención a cómo la gente común en estos países se ve perjudicada por ellas”, dice Rodríguez. “Hay un creciente debate dentro de los círculos políticos, así como en el mundo académico, sobre las consecuencias humanitarias de las sanciones, y sobre la eficacia de las sanciones para lograr objetivos de política exterior, y esperamos que este informe contribuya significativamente a este debate”.
Francisco Rodríguez es un economista de la oposición venezolana y una autoridad destacada en las economías de Venezuela y Ecuador. Es el profesor de la práctica de asuntos internacionales y públicos de la familia Rice en la Escuela Josef Korbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver y era economista senior visitante en el Centro de Investigación en Economía y Política cuando escribió este documento.
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