12 Enero 2003
Mark Weisbrot
Washington Post, 12 de enero, 2003
En inglés
Newsday (New York, NY) – 15 de enero de 2003
Mientras caminaba por Caracas durante las manifestaciones actuales en Venezuela, quedé sorprendido por lo que vi. Mis expectativas se formaron a través de la cobertura persistente de los medios estadounidenses, enfocadísima en el paro nacional llamado por la oposición que busca el derrocamiento del Presidente Hugo Chávez. Pero en la mayoría de la ciudad donde vive la gente pobre y de clase obrera, eran pocos los signos del paro. La gente llenaba las calles yendo de compras navideñas, los trenes y autobuses andaban normalmente y las tiendas seguían abiertas. Sólo se cerraban las tiendas en la parte este y rica de la capital nacional.
Es obviamente un paro petrolero, no un “paro general” como los medios suelen describirlo. En PDVSA, la compañía petrolera pública que controla aquella industria, el paro está liderado por los ejecutivos, porque están disgustados con el gobierno de Chávez. Y aunque Venezuela es dependiente del petróleo para el 80 por ciento de sus ganancias de las exportaciones y la mitad de su presupuesto nacional, los trabajadores de esa industria representan a una fracción minúscula de la mano de obra. Más allá de la industria petrolera es difícil encontrar a trabajadores que verdaderamente estén acatando el paro. Hay algunos trabajadores que se enfrentan con el cierre de sus fuentes de trabajo – incluyendo las grandes corporaciones extranjeras como McDonald’s y FedEx – donde los dueños han cerrado sus puertas para apoyar a la oposición.
Muchos estadounidenses parecen creer que el gobierno de Chávez es una dictadura y uno de los gobiernos más represivos en América Latina, Pero estas impresiones son falsas.
No sólo fue electo democráticamente, sino también que el gobierno de Chávez es probablemente uno de los que menos reprime en América Latina. Esto, también es fácil de ver en Caracas. Cuando las tropas militares se despliegan a proteger a Miraflores (la finca presidencial), hay poca presencia militar o policíaca en la mayoría de la capital, lo cual es particularmente impresionante dada la situación política tensa y voluble. Nadie parece temer en lo más mínimo el gobierno nacional, y no obstante la gravedad del esfuerzo más reciente de derrocarlo, nadie ha sido arrestado por actividades políticas.
Chávez se ha negado a usar a la fuerza estatal para romper el paro no obstante su daño enorme a la economía. En los Estados Unidos, un paro de este tipo – uno que habría causado un daño masivo a la economía, o uno donde los trabajadores públicos o privados harían demandas políticas – se declararía ilegal. Sus participantes serían despedidos, y sus líderes – si se empeñaran en su paro – serían arrestados bajo una orden de corte. En Venezuela el tema queda por resolverse. La Corte Suprema mandó que los empleados de PDVSA vuelvan a trabajar hasta que se decida sobre la legalidad del paro.
Para cualquiera que haya viajado recientemente a Venezuela, las acusaciones de la oposición que Chávez está “convirtiendo al país en una dictadura Castro-comunista” – repetido tantas veces que millones de estadounidenses aparentemente las cree – son absurdas a juzgar por las apariencias.
Si hay líderes en Venezuela que tienen una inclinación por alguna dictadura, son líderes de la oposición. El 12 de abril llevaron a cabo un golpe militar en contra del gobierno electo. Instalaron al líder de la principal agrupación empresarial FEDECÁMARAS como presidente, disolvieron a la legislatura y la Corte Suprema, hasta que manifestaciones masivas y militares leales revocaron el golpe dos días después.
Hoy, militares se paran en la Plaza Altamira y llaman abiertamente para otro golpe. Es difícil pensar en otro país donde uno podría hacer esto. Cuando la corte absolvió a los líderes del golpe en agosto, el gobierno abandonó sus esfuerzos para llevarles a la justicia. No obstante el enojo de sus partidarios, algunos que perdían a sus amigos y parientes durante los dos días del gobierno golpista, Chávez respetó a la decisión de la corte.
La oposición controla a los medios privados, y ver la televisión en Caracas es verdaderamente una experiencia Orwelliana. Las cinco estaciones privadas (hay sólo un canal público) que llegan a la mayoría de los venezolanos emiten propaganda anti-Chavísta continuamente, pero peor aún: son deshonestas y casi sin vergüenza. Por ejemplo, el 6 de diciembre un pistolero aparentemente trastornado disparó sobre una multitud de manifestantes de la oposición, matando a tres y dejando herido a docenas de personas. No había evidencia conectando al gobierno con el crimen, pero los creadores de las noticias televisivas – armado con metraje de cuerpos sangrientos y parientes apenados – se pusieron a trabajar inmediatamente en convencer al público que Chávez era el responsable. Poco después del tiroteo, emitían imágenes granosas supuestamente mostrando al asaltante atendiendo a un mitin Chavísta.
Ahora considere el cómo la gente de los barrios caraqueños ve a la oposición, es un punto de vista poco escuchado en los Estados Unidos: liderado por representantes del viejo régimen corrupto, la oposición pretende derrocar a un gobierno que ha ganado tres elecciones y dos referendos desde el 1998. Su golpe fracasó en parte porque cientos de miles de personas arriesgaron sus vidas saliendo a las calles a defender a la democracia. Pues ahora la oposición está paralizando a la economía con un paro petrolero. Las clases altas están intentando ganar a través del sabotaje económico lo que no podían ganar – y dados la competencia y odio entre los grupos y líderes de la oposición – a través de las urnas.
Desde el otro lado de la división de clases, el conflicto también se ve como una lucha para determinar quienes controlarán y se beneficiarán de las riquezas petroleras de la nación. A través del último cuarto de siglo, PDVSA ha engrosado a una empresa que gana $50 mil millones de dólares al año, mientras que el sueldo promedio de la población venezolana se ha contraído y la pobreza ha aumentado más que en cualquier otra parte de América Latina. Miles de millones de dólares en ganancias de la compañía petrolera se podría usar para financiar servicios de salud y educación para millones de venezolanos.
Ahora agregue a Washington al problema: solamente los Estados Unidos, del total de los países de América apoyó al golpe, y antes de eso había aumentado su apoyo financiero a la oposición. Washington comparte con los ejecutivos de PDVSA sus objetivos de aumentar a la producción de petróleo, romper los cupos de la OPEP y hasta vender la compañía a inversionistas extranjeros. Entonces no es sorprendente que el conflicto entero es visto por toda América Latina como sólo otro intento más por Washington de derrocar a un gobierno democráticamente electo e independiente.
El punto de vista de los barrios parece ser plausible. La polarización de la sociedad venezolana por divisiones de clase y raza es obvia en las manifestaciones mismas. Las marchas pro-gobierno están llenas de gente pobre y clase obrera que son notablemente más morena – descendientes de los pueblos indígenas y los esclavos africanos del país – que las clases altas bien vestidas de la oposición. Yo hablé con gente de la oposición que despachaban a estas diferencias, insistiendo en que los partidarios de Chávez eran simplemente “ignorantes”, y eran manipulados por un “demagogo”.
Pero para muchos, Chávez es el mejor, y quizás último, esperanza para no sólo el mejoramiento social y económico, sino para la democracia también. En las manifestaciones pro-gobierno, la gente lleva copias de la constitución nacional de 1999 en su bolsillo y vendedores ambulantes las pregonan en las multitudes. Los líderes de las varias organizaciones no-gubernamentales que conocí, y que ayudaron a escribir la constitución, tienen razones diferentes de venerarla: grupos de mujeres por ejemplo, por sus artículos anti-discriminación; y líderes indígenas, porque es la primera que reconoce los derechos de sus pueblos. Pero todos se ven como defensores de la democracia constitucional y las libertades civiles en contra de lo que llaman “la amenaza del fascismo” por la oposición.
La amenaza es bien realista. Los líderes de la oposición no se disculpan por el golpe de abril, ni por el arresto y matanza de docenas de civiles durante los dos días del gobierno ilegal. Continúan parándose en la televisión y llamando a otro golpe – que, dada la profundidad del apoyo que tiene Chávez, necesitaría ser sangriento para poder mantener el poder.
¿Dónde se encuentra el gobierno estadounidense actualmente sobre la cuestión de la democracia en Venezuela? La administración de Bush se sumó a la oposición en sacar ventaja de los tiroteos del 6 de diciembre para llamar a elecciones tempranas que violaría a la constitución venezolana. La administración paso atrás la próxima semana, pero no obstante su hablar de boquilla de las negociaciones mediadas por la OEA, no ha hecho nada para alentar a sus aliados en la oposición a buscar una salida constitucional ni aun pacífica.
Dieciséis miembros del congreso estadounidense enviaron una carta a Bush el mes pasado, pidiéndole que declare claramente que los Estados Unidos no tendría relaciones diplomáticas normales con un gobierno venezolano instalado por golpe. Pero a pesar de su aprehensión sobre una posible interrupción del suministro de petróleo venezolano en la víspera de una guerra probable en contra de Irak, la administración de Bush no estaría lista para abandonar cualquiera de sus opciones hacia un “cambio de régimen” en Caracas. Y – sin causar sorpresa alguna – tampoco estaría lista la oposición venezolana.
Mark Weisbrot es co-director del Centro de Investigación Económica y Política en Washington, DC, un centro independiente no-partidario.
Traducción por Todd Tucker y Daniel Uribe.
