26 Marzo 2012
Mark Weisbrot
The Guardian Unlimited, 22 de marzo, 2012
En Inglés
Los hondureños siguen sufriendo por los efectos del golpe de Estado militar de junio de 2009 que derrocó al gobierno democráticamente elegido del Presidente Mel Zelaya. El golpe ha desencadenado una ola de violencia [PDF] contra la oposición política, los periodistas, los pequeños agricultores y otros, con la impunidad de las fuerzas de seguridad que han sido involucrados en estos asesinatos. Es precisamente este desenlace que preocupaba a aquellos que se oponían al régimen de facto – y su consolidación del poder tras las “elecciones” estropeadas de noviembre de 2009.
Del lado equivocado de esta lucha se encontraba el gobierno de Obama, que – después de algunas vacilaciones – hizo algunas declaraciones en contra del golpe, pero siguió haciendo mucho para ayudar a que tuviera éxito el gobierno golpista . Casi tres años y cientos de asesinatos políticos más tarde, parece que Washington todavía está del lado de la represión y de la negación de los derechos humanos básicos de los hondureños.
Nada ha dejado este hecho más claro que los intentos de los miembros demócratas del Congreso de Estados Unidos para recambiar el rumbo de la administración Obama. El 9 de marzo, 94 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidiendo “que se suspenda la asistencia de los Estados Unidos a los efectivos militares y policiales de Honduras, basándonos en las denuncias verosímiles recibidas que dan cuenta de graves y extensas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”.
Los miembros del Congreso notan una “modalidad más amplia de violaciones de los derechos humanos dentro de la cual defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios y activistas de la oposición son objeto de amenazas de muerte, ataques y ejecuciones extrajudiciales.” Alertan especialmente sobre la situación en la región de Bajo Aguan, a unos 560 kilómetros al noreste de la capital, donde “fueron asesinadas cuarenta y cinco personas asociadas a organizaciones de campesinos.” Esta violencia [PDF], que es cometida por hombres armados de los terratenientes y las fuerzas de seguridad contra los campesinos que luchan por los derechos agrarios, es un resultado directo del golpe de Estado. Bajo la administración de Zelaya había negociaciones en curso para resolver las disputas por medios pacíficos.
La carta de los miembros del Congreso es políticamente muy impresionante, porque está firmada por casi la mitad de todos los demócratas en la Cámara, entre ellos algunos en posiciones de liderazgo. Estamos en un año electoral, y estas personas no están dispuestas a luchar con su presidente por algo que probablemente no es una preocupación clave en sus distritos. Así que deben haber sido bastante convencidos de que se trata de violaciones indignantes de derechos humanos y que nuestro gobierno tiene la responsabilidad de hacer algo al respecto.
Sin embargo, los principales medios de comunicación en Estados Unidos no parecieron darse cuenta de esta carta o de su importancia política. Y no hubo ninguna noticia en inglés sobre una carta similar a la Secretaria Clinton cuatro días antes, firmada por varios senadores estadounidenses que expresaron su preocupación por “reportes creíbles de asesinatos y ataques violentos que parecen involucrar a la policía y agentes militares” y “el fracaso por parte de las autoridades del Estado al no enjuiciar a los violadores y proteger los derechos de las víctimas y sus familias”.
Estas omisiones son aún más flagrantes, puesto que el vicepresidente Biden viajó a Honduras el 6 de marzo, poniendo al país en el ciclo de noticias en Estados Unidos. En esta circunstancia los principales medios de comunicación sirven como facilitadores de la política gubernamental al no informar sobre esta acción del Congreso por tantos miembros del propio partido del presidente Obama. La administración revisa la prensa y, sin ver nada, considera que si nadie escuchó este gran árbol cayendo en el bosque, entonces no sucedió.
No ha habido ninguna respuesta hasta el momento desde el Departamento de Estado aparte de una declaración sumamente engañosa con respecto a lo que los 94 miembros del Congreso estaban pidiendo. Aunque la carta exige la suspensión de la asistencia estadounidense al ejército y la policía hondureña mientras los asesinatos siguen ocurriendo con impunidad, la portavoz Victoria Nuland dijo, “Creo que las preocupaciones que tenemos con esta propuesta en particular es que exige un corte de toda la ayuda a Honduras,” y que “esta recomendación de cortar todo es un instrumento relativamente embotado” (énfasis añadido).
Peor todavía, la administración de Obama ha aumentado su solicitud de ayuda militar para Honduras para el año fiscal 2013. La excusa, por supuesto, es la famosa “guerra contra las drogas”. Uno tiene que preguntarse lo que el gobierno de Estados Unidos haría si la violencia asociada con el tráfico de drogas bajara, ya que ha sido tan útil para incrementar su presencia militar y de seguridad en la región, y la influencia política que la acompaña. Tal vez esa es una parte de la razón por la cual el gobierno de Obama ha sido tan frío frente a las conversaciones sobre la legalización de algunas drogas, incluso por presidentes apoyados por Estados Unidos como Otto Pérez Molina de Guatemala y Juan Manuel Santos en Colombia, así como una serie de ex presidentes y líderes prominentes.
Durante los últimos 15 años, América del Sur se ha liberado de Washington, ganando una “segunda independencia” histórica que hace que es ahora casi impermeable al tipo de golpe de Estado respaldado por Estados Unidos que generó en Honduras esta ola de violencia y represión. Estos gobiernos se distanciaron unánimemente de Washington con su apoyo del retorno incondicional del Presidente Zelaya en 2009 y con su oposición a las ‘elecciones’ celebradas ese año para consolidar el gobierno del golpe de Estado.
Pero es necesario que hagan mucho más, y que comiencen a ver a Centroamérica y el Caribe como parte de su región, y no, como Washington lo ve, como “nuestra pequeña región por aquí, que nunca ha molestado a nadie.” El Acuerdo de Cartagena que permitió el regreso de Zelaya contiene unas garantías de derechos humanos, y permite que otros países sudamericanos (además de Colombia y Venezuela, que mediaron en el acuerdo) participen en garantizar su cumplimiento.
Con la ayuda de América del Sur, y de todas las organizaciones y los activistas que lograron que 94 miembros del Congreso desafiaran a la administración de Obama sobre su complicidad, los hondureños que luchan valientemente por sus derechos humanos y la soberanía nacional pondrán fin a esta represión violenta.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
