14 Agosto 2009
13 de agosto, 2009, Mark Weisbrot
En inglés
13 de agosto, 2009, McClatchy Tribune Information Services
13 de agosto, 2009, Sacramento Bee
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El Presidente Obama está cometiendo un gran error al proteger a la dictadura en Hondura y está poniendo a su administración en contra del resto del hemisferio. Al resto del mundo también le parece muy mal que su gobierno abandone su compromiso con la democracia y el imperio de la Ley.
El Presidente de Honduras Mel Zelaya fue derrocado por los militares el 28 de junio y la mayor parte de América Latina interpretó esto como una amenaza para la democracia en el hemisferio, condenó inmediatamente el golpe y apoyó firmemente el regreso de Zelaya. La Organización de Estados Americanos, así como la Asamblea General de las Naciones Unidas clamaron por el retorno “inmediato e incondicional” de Zelaya.
Sin embargo, la administración de Obama ha emitido una serie de declaraciones contradictorias y la semana pasada el Departamento de Estado de EE.UU. envió una carta al senador republicano Richard Lugar donde pareció culpar al mismo Zelaya por el golpe. La carta también decía que la política de EE.UU. “no se basa en el apoyo a una persona o político en particular”, distanciando así aún más a Washington de Zelaya.
Todas estas declaraciones fueron ampliamente difundidas en los medios de comunicación de Honduras y han contribuido a reforzar la dictadura.
Tal vez más inquietante aún es que la administración de Obama no ha dicho ni una palabra sobre las atrocidades y violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen golpista. Han sido asesinados activistas políticos, cerradas emisoras de radio y televisoras independientes, detenidos e intimidados periodistas y otras cientos de personas. Los grupos de derechos humanos en EE.UU. y en el mundo entero han denunciado la represión política, pero Washington se ha mantenido callado. Más aún, la Secretaria de Estado Hillary Clinton criticó a Zelaya – quien no está vinculado a ningún tipo de violencia – por tratar de regresar pacíficamente a su propio país.
El martes pasado, 16 demócratas miembros del Congreso, incluyendo a Raúl Grijalva de Arizona y Jan Schakowsky de Illinois, enviaron una carta al Presidente Obama pidiéndole “denunciar públicamente el uso de la violencia y la represión contra manifestantes pacíficos, el asesinato de activistas políticos pacíficos y todas las formas de censura e intimidación dirigidas contra los medios de comunicación”. ¿Puede Obama acaso ignorar esta apelación pública proveniente de su propio partido?
Los miembros del Congreso también pidieron al presidente Obama “congelar las cuentas bancarias y activos de las personas implicadas en el golpe y negarles la entrada a Estados Unidos”.
Éstas y otras medidas, que son fáciles de poner en práctica, podrían forzar a la dictadura a permitir el regreso del presidente Zelaya. Sin embargo, la administración de Obama no ha mostrado interés en usarlas.
Este problema no va a desaparecer. El martes pasado los gobiernos de América del Sur emitieron una declaración conjunta en relación a que no reconocerán a ningún presidente de Honduras que sea elegido bajo la dictadura. Esto es importante porque hay una elección presidencial prevista para noviembre y el régimen golpista espera mantenerse hasta entonces.
Pero América del Sur ha dejado claro que esta no es una de las opciones.
La Secretaria de Estado Hillary Clinton está muy ligada a los estrategas de la dictadura hondureña como Lanny Davis y Bennett Ratcliff, quienes son poderosos cabilderos de Washington. Davis fue asesor del presidente Bill Clinton y también ayudó en la propia campaña presidencial de Hillary. Lo más probable es que Clinton desee retornar a Zelaya tan cerca de las elecciones como sea posible.
Esto garantizaría unas elecciones injustas que sus amigos en la dictadura ganarían fácilmente. La campaña para las elecciones presidenciales ya se ha iniciado y mientras más tiempo continúe Honduras bajo la represión política y la censura, será menos probable que alguien, excepto Washington, las considere legítimas. Un gobierno ilegítimo en Honduras se convertiría en una llaga infestada, con el boicot y las sanciones económicas del tipo utilizadas contra el régimen de apartheid de Sudáfrica en las décadas de 1970 y 80.
La administración de Obama aún puede cambiar de rumbo y apoyar la democracia en Honduras. Pero el tiempo se agota rápidamente.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
