08 Enero 2010
Mark Weisbrot
The Guardian Unlimited, 8 de enero de 2010 En inglés
Durante el ultimo mes ha habido una lucha sobre como regular los medios de comunicación en Ecuador. La lucha ha aparecido en las primeras paginas de todos los periódicos, y el influyente diario El Comercio la caracterizo como una lucha por la “defensa de los derechos humanos y del libre ejercicio del periodismo.” Esto fue en respuesta al cierre de la estación Teleamazonas por tres días empezando el 22 de diciembre.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch, basada en Washington, y el Comité para la Protección de Periodistas, se unieron a los medios Ecuatorianos en condenar las acciones del gobierno. El director del Comité para la Protección de Periodistas se refirió al cierre de Teleamazonas como “nada más que un intento para intimidar a los medios al silencio.”
Pero como suele suceder cuando estos monopolios mediáticos privados son desafiados por gobiernos progresistas, los puntos de vistas presentados por estas poderosas corporaciones y sus aliados en los Estados Unidos son parciales y simplificados. Ecuador, con un gobierno democrático de izquierda, enfrenta el mismo desafío que todos los otros gobiernos progresistas de la región: los medios privados son dominados por fuertes monopolios derechistas que en muchas ocasiones actúan como partidarios políticos y se oponen a las reformas económicas y sociales por las que voto el pueblo. Todos estos gobiernos han ofrecido respuestas a este problema.
En Argentina, una nueva ley de comunicación propone deshacer el monopolio del Grupo Clarín, el cual controla aproximadamente 60 por ciento de los medios de acuerdo a reportes en la prensa. El gobierno de Brasil creó, por primera vez en 2007, un canal de televisión federal publico. El gobierno Boliviano, que posiblemente enfrenta los medios de comunicación más hostiles del hemisferio, también ha expandido el espacio para los canales públicos. Aun que no lo pondrían de esta forma, todos estos gobiernos pretenden cambiar los medios de comunicación para que sean más similares a lo que tenemos aquí en los Estados Unidos. Es decir, medios de comunicación fuertemente parciales hacia los intereses de los ricos y la clase alta, pero que aun así cumplen con normas periodísticas que limitan el grado en que se pueden comportar como un actor político directo y partidario.
En el caso de Ecuador vale la pena examinar los detalles tras la suspensión de Teleamazonas por tres días. El gobierno encontró que Teleamazonas violó, por la segunda vez en un año, una ley que prohíbe la emisión de noticias basadas en supuestos que pueden causar conmoción o daños públicos. En la primera violación, Teleamazonas fue multada $40 por reportar falsamente la existencia de un “centro clandestino” del consejo electoral utilizado para manipular los resultados de elecciones. La segunda violación, que ocurrió en mayo, fue un reporte falso declarando que los habitantes de la isla Puná no podrían pescar por seis meses debido un proyecto de exploración de gas natural. Como la mayoría de la población de Puná vive de la pesca, este reporte sí causo disturbios sociales. Al final se determinó que ambos informes no estaban basados en hechos objetivos. También vale la pena mencionar que los disturbios sociales en Ecuador son mucho más serios que en los Estados Unidos: Ocho de los últimos diez presidentes no terminaron su periodo completo.
Dicho esto, personas razonables pueden diferir sobre el papel adecuado del gobierno en la regulación de los medios de comunicación, o que limite – si alguno – debiera existir sobre la libertad de expresión. Algunos libertarios civiles se oponen a leyes permitiendo que individuos hagan demandas por difamación o calumnia, y se puede argüir que en el Reino Unido, por ejemplo – donde la ley permite muchas más acciones en contra de la prensa que en los Estados Unidos – esto excesivamente reprime la prensa.
Pero organizaciones internacionales o editorialistas que toman una posición absolutista o anarquista en torno a países como Ecuador deberían tomar la misma posición en torno a los Estados Unidos o otros países desarrollados.
Por ejemplo, aproximadamente dos semanas antes de la elección presidencial del 2004 en los Estados Unidos, el Sinclair Broadcast Group of Maryland, dueño de la cadena televisiva más grande de los Estados Unidos, decidió mostrar una película altamente critica del candidato presidencial John Kerry. Diecinueve senadores Demócratas le mandaron una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones pidiendo una investigación, y algunos declararon públicamente que la licencia del grupo Sinclair podría estar en peligro. Al final, Sinclair no mostró la película.
Este tipo de acción no es común en los Estados Unidos porque los medios de comunicación casi nunca rompen, o ni se acercan a romper, ciertas reglas y normas. Esto es verdad aun para Fox News, que se considera la estación más partidaria de todos los grandes medios de comunicación. Es difícil pensar de un solo ejemplo donde una estación en los Estados Unidos se haya comportado como Teleamazonas – emitido reportes falsos con la aparente intención de desestabilizar al gobierno. Eso simplemente no se toleraría en los Estados Unidos.
Por supuesto, los estándares de los Estados Unidos son bajos. Después de todo, este es un país donde los grandes medios de comunicación – al simplemente repetir declaraciones oficiales del gobierno sin critica – ayudaron meternos en una guerra con Irak al convencer a la mayoría de los Americanos que Saddam Husein fue el responsable de los ataques del once de septiembre. En asuntos domésticos, nuestros medios de comunicación también han convencido a la mayoría de que nunca recibirán sus pensiones de seguro social – algo tan improbable como el fin de la autoridad del gobierno federal en los Estados Unidos. Los grandes medios de comunicación en los Estados Unidos, la mayoría del tiempo, no cumplen con su deber de informar al público sobre los temas más importantes del día.
Pero la comparación tiene relevancia. Algunas voces dentro de Ecuador han comentado que la nueva ley de comunicación propuesta por el gobierno, aun que no permitiría censura directa, podría resultar en autocensura. Pero al ver las noticias y programas políticos en la tele Ecuatoriana, hay mucho menos autocensura que en los Estados Unidos. (Lo cual, de nuevo, es un estándar bajo: durante los últimos ocho años, en general, uno tenía que viajar afuera de los Estados Unidos para ver imágenes de bajas militares en Afganistán e Irak). Funcionarios del gobierno, por ejemplo, son cuestionados con mucha más agresividad por periodistas que en los Estados Unidos.
Mi propia opinión es que la solución es introducir más competición en los medios de comunicación. La ley de medios propuesta en Argentina establecería la división igualitaria del espectro de radiodifusión entre medios de comunicación privados, públicos y comunitarios. Es posible que Ecuador tome medidas similares. Estos cambios son especialmente importantes en una región donde solo menos de un tercio de la población tiene acceso al Internet y la gran mayoría consigue sus noticias a través de medios de comunicación tradicionales. Como dijo Michael J. Copps, un comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones en los Estados Unidos, “usar las ondas públicas es un privilegio – uno lucrativo – no un derecho.” Él ha argumentado, en el New York Times y en otras publicaciones, que el gobierno de los Estados Unidos debería usar su autoridad legal para negarle la renovación de licencias ha medios de comunicación que no han cumplido con su deber de aportar al bien público.
Hasta que haya una estructura mediática más democrática en América Latina los conflictos entre gobiernos progresistas y los medios de comunicación derechistas son inevitables. Por supuesto es posible que los gobiernos podrían abusar de su autoridad reguladora. Pero hasta ahora ha sido abrumadoramente lo contrario: los grandes medios de comunicación han abusado de su poder y control en maneras que dañan la democracia.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
