07 Septiembre 2012
Mark Weisbrot
Al Jazeera English, 6 de septiembre, 2012
En Inglés
Fue como una escena de una película de Hollywood, en donde el secuestrador llega por detrás con una pistola que le sobresale del bolsillo de su gabardina y amenaza, “sigue caminando, y no digas nada.”
Así fue la amenaza del Gobierno británico hace dos semanas hacia Ecuador; que la policía británica podía invadir la embajada ecuatoriana si era necesario para arrestar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Pero el ministro de asuntos exteriores de Ecuador no siguió caminando, y dijo algo, para la vergüenza de la oficina del exterior del Reino Unido. La oficina del exterior intentó decir que no fue una amenaza—aunque ya estaba disponible al mundo entero por escrito—y después se retractó.
Pero esta amenaza sin precedentes que violaría el convenio de Viena que protege a las misiones diplomáticas, resultó en fuertes criticas de la Unión de Naciones Suramericanas y también – a pesar de haber sido diluida por Washington- otra critica de la Organización de Estados Americanos.
La amenaza del Reino Unido también aclaró que éste caso no se trata de interrogar a Julian Assange sobre la posibilidad de un caso criminal en Suecia. Pocos podían creer que el Gobierno del Reino Unido llegaría a tal extremo y a medidas ilegales si el caso se tratara tan sólo de una extradición de un ciudadano extranjero a un país extranjero en donde ni siquiera es acusado de un delito.
Pero, ¿cuál es el papel de Suecia en éste asunto sórdido? El más obvio es que Suecia ha tenido la oportunidad de entrevistar a Assange en el Reino Unido, pero la ha rechazado repetidamente. El Gobierno sueco también rechazó la oferta de Ecuador de entrevistar a Assange en su embajada en Londres. Al igual que en el pasado, no ofrecieron ninguna justificación.
El Gobierno sueco también se negó a negociar una extradición con Ecuador en la cual Assange iría a Suecia pero no sería sujeto a extradición a EE.UU. Esto sería muy fácil de organizar para Suecia (o para el Reino Unido, incluso). Una vez más, el Gobierno no ofreció ninguna razón por su rechazo a considerar la solución obvia a éste impase diplomático.
Al contrario de la mayoría de los comentarios de la prensa, no hay necesidad de teorías de conspiración para llegar a la conclusión lógica. Si el Gobierno sueco en realidad quisiera seguir la investigación de las alegaciones de delito sexual en contra de Assange, podrían hacerlo. Sin embargo, están deliberadamente abandonando la investigación criminal—la cual se está poniendo más vieja y haciéndose más difícil de seguir—por otras razones.
Esto también crea dudas sobre todas las personas que se han opuesto a la idea de otorgarle asilo a Assange por respeto a las dos mujeres que lo han acusado. (Vale la pena mencionar que ninguna de las dos mujeres acusó a Assange de violación sexual, aunque ésta es una de las alegaciones que se ha difundido a través de los medios y por el mundo). Cualquier persona realmente interesada en éste caso se concentraría en la fiscal sueca, y por lo menos le preguntaría por qué ha abandonado la investigación.
Esto incluye al abogado de las demandantes, Claes Borgström, quien tuvo un papel importante consiguiendo que la tercera fiscal (Marianne Ny) lo persiguiera a Assange. (El fiscal que tuvo el caso antes de Ms. Ny lo abandonó porque las pruebas eran muy débiles). Borgström ha estado en los medios de prensa defendiendo a EE.UU y a sus aliados, en vez de estar defendiendo a sus clientes, afirmando que Assange “debe saber” que el caso “no tiene nada que ver con Wikileaks.”
Pero Borgström debe saber que hay una gran cantidad de pruebas de que EE.UU. está muy interesado en castigar a Assange, y que éste interés sigue creciendo: el 18 de agosto, el Sydney Morning Herald reportó que el servicio exterior de Australia estaba al tanto de que las autoridades estadounidenses llevaban más o menos 18 meses persiguiendo a Assange. Craig Murray, un ex embajador del Reino Unido y con una carrera de 20 años en diplomacia, reportó la semana pasada que sus colegas en la oficina de servicios exteriores del Reino Unido sabían mejor que plantear la amenaza de invadir la embajada de Ecuador, pero que lo habían hecho bajo presión de Washington.
Como muchos países europeos, incluyendo por supuesto al Reino Unido, la política exterior de Suecia está aliada a la del Gobierno estadounidense. Esta no es la primera vez que Suecia ha colaborado con sus aliados en Washington para violar derechos humanos y la ley internacional. En el 2001 el Gobierno sueco entregó a dos egipcios a la CIA (Agencia Central de Información) para que fueran devueltos a Egipto, donde fueron torturados. Las acciones de Suecia resultaron en críticas por parte de la ONU y el Gobierno fue forzado a pagarles indemnizaciones a las víctimas; los dos fueron después absueltos de toda culpa. Encuestas muestran que los suecos consideraron éste crimen el peor escándalo político de su país en los últimos 20 años.
Suecia es una democracia social bien desarrollada que tiene muchas garantías de derechos civiles y libertades para sus ciudadanos. La gente de Suecia no debería dejar que su Gobierno continúe avergonzándose en otro crimen gubernamental e internacional –éste un dañino ataque a la libertad de expresión – simplemente porque Washington quiere que lo hagan.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
