31 Julio 2009
Mark Weisbrot
30 de julio, 2009, The Guardian Unlimited
En inglés
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El intento de mediación que la Secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, organizó para tratar de resolver la crisis hondureña, que empezó cuando un golpe militar destituyó al Presidente hondureño Mel Zelaya hace más de cuatro semanas, ha fracasado. Es tiempo ahora– algunos dirían que desde hace mucho – de que los gobiernos latinoamericanos jueguen su papel correspondiente. Ellos deben tomar las medidas necesarias para implementar el mandato unánime de la Organización de Estados Americanos: “El regreso inmediato e incondicional” del Presidente Zelaya a su cargo electo.
Esto se puede hacer con o sin la ayuda de la administración de Obama. Es importante destacar que las últimas dos crisis políticas en la región fueron resueltas sin una intervención significativa de Washington. La primera ocurrió en marzo del año pasado, cuando Colombia bombardeó e invadió el territorio ecuatoriano, en una operación en contra del grupo guerrillero colombiano de las FARC. América Latina respondió de manera unida, condenando la violación de la soberanía de Ecuador. La crisis fue resuelta en una reunión del Grupo de Río el 7 de marzo, donde el Presidente Uribe de Colombia se disculpó y prometió nunca volver a violar la soberanía de cualquier país.
A mediados del año pasado, derechistas bolivianos opuestos al gobierno del Presidente Evo Morales comenzaron una serie de acciones violentas que resucitaron el espectro de una guerra civil separatista. Los jefes de Estado de UNASUR – la Unión de Naciones Suramericanas – se reunieron en Santiago y declararon unánimemente su apoyo al gobierno de Morales. Esto unificó la respuesta regional y las investigaciones resultantes sobre la violencia derechista, patrocinadas por UNASUR, ayudaron a terminar las esperanzas insurreccionales de la derecha boliviana.
Era esperar demasiado que un proceso de mediación organizado por la Secretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton resolviera la crisis hondureña. El gobierno de EE.UU. tiene demasiados intereses que entran en conflicto con lo que el resto de la región desea y necesita.
Primero, hay una base militar de EE.UU. en Honduras, la única base de su tipo en América Central. El proceso de reforma constitucional que el Presidente Zelaya esperaba poner en marcha podría llevar fácilmente a los votantes a rechazar a las tropas extranjeras en su tierra. Por mucho que nuestro gobierno pueda preferir la democracia como sistema político, cuando hay que elegir entre la democracia y una base militar, el historial de Washington no es bueno.
El Canciller de Brasil, Celso Amorim, se quejó ante Clinton de que el proceso de mediación debía estar dentro del marco de la resolución de la OEA, y por lo tanto no debía imponer condiciones al regreso de Zelaya – y especialmente, dijo, la de un gobierno de coalición con las personas que derrocaron al gobierno. Ésta fue una de las condiciones propuestas por el Presidente costarricense Óscar Arias, a quien Clinton designó para mediar.
Amorim también destacó que cualquier solución negociada que pudiera ser vista como recompensa a los autores del golpe aumentaría la amenaza de golpes militares en otros países. Estas preocupaciones reflejan el interés, fuerte y sin ambigüedades, de América Latina en una reversión completa del golpe. Serán ellos los que tendrán que vivir con las consecuencias del fracaso.
En Washington, por otra parte, tenemos un gran conflicto de intereses: cabilderos poderosos como Lanny Davis y Bennett Ratcliff, cercanos a Clinton y que dirigen la estrategia del gobierno golpista; la derecha republicana, incluyendo a congresistas que apoyan abiertamente el golpe; y los “Nuevos Guerreros Fríos” de ambos partidos en el Congreso, en el Departamento de Estado, y en la Casa Blanca que ven a Zelaya como una amenaza por su cooperación con Hugo Chávez y otros gobiernos de izquierda.
No es de extrañar que la respuesta de Washington al golpe haya enviado tantas señales contradictorias. La primera declaración de la Casa Blanca ni siquiera criticó el golpe, y el Departamento de Estado aún oficialmente no le llama golpe. Y Clinton se ha negado repetidas veces a afirmar que “restaurar el orden democrático” en Honduras significa el regreso de Zelaya – mucho menos incondicionalmente. Tomó tres semanas para que la administración amenazara con cortar la ayuda extranjera y Washington es el único que mantiene a su embajador en su cargo.
América Latina le dio a Washington una oportunidad de utilizar su influencia sobre la élite hondureña para restaurar la democracia. No resultó. Ahora es el turno de América Latina de tomar la iniciativa. Esperemos que Washington le siga.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
