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Op-Ed/Commentary

Fondo Monetario InternacionalSobrecargos del FMIEl Mundo No a las falsas soluciones: los sobrecargos del FMI deben desaparecer
Lee el articulo original aqui. El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció en abril que iniciará una revisión de su controvertida política de sobrecargos. Esto abre una ventana de oportunidad clave para el movimiento mundial que ha tratado de descontinuar la política en los últimos años. Pero los defensores de los sobrecargos han recurrido a viejos argumentos refutados e, incluso, están considerando nuevas políticas que podrían obstaculizar una reforma significativa. Los sobrecargos son comisiones que el FMI cobra, encima de los intereses ordinarios y los costos de los servicios, a los prestatarios cuya deuda pendiente con el FMI supera un determinado umbral y/o un período determinado (véase Al interior de las instituciones, ¿Qué son los sobrecargos del FMI?). Debido a que los sobrecargos solo se aplican a los prestatarios muy endeudados, la política ha sido criticada por regresiva y contraproducente, ya que castiga aún más a los países que ya soportan una carga de deuda aplastante. Ucrania, que actualmente se encuentra en medio de una guerra, y Pakistán, que en 2022 vio un tercio de su territorio inundado como consecuencia del cambio climático, son dos de los cinco países más afectados por los sobrecargos (véase el Observador de Verano de 2024). De acuerdo con las estimaciones de nuestra organización (el Center for Economic and Policy Research), el FMI cobrará a sus miembros USD 9.800 millones por sobrecargos durante los próximos cinco años. Se prevé que solo Ucrania pague USD 2.900 millones entre 2024 y 2033. Hoy en día 22 países, casi tres veces más que antes de la pandemia de Covid-19, se ven afectados por estas tasas. Once de estos países se consideran particularmente vulnerables al cambio climático, mientras que 12 tienen problemas de endeudamiento o corren el riesgo de padecerlos. El hecho de que el FMI esté llevando a cabo una revisión interna de la política es una prueba de la creciente presión mundial para suspender o eliminar los sobrecargos, incluyendo por parte de la sociedad civil internacional, los grupos de países en desarrollo del G77 y el G24 (véase el Dispatch Springs 2024), las Agencias de las Naciones Unidas, expertos en derechos humanos de la ONU, destacados economistas y, lo que es de particular importancia dado el papel descomunal de Estados Unidos en el FMI, el Congreso de Estados Unidos (véase el Observador de Primavera de 2022 y el de Verano de 2021). Pero una revisión por sí sola no es una garantía de avances y gran parte del discurso en torno a los sobrecargos, que se desarrollaron 40 años después de la creación del FMI y no están contemplados en su Convenio Constitutivo, se basa en premisas dudosas. Los defensores de la política sostienen que los sobrecargos desincentivan la dependencia excesiva del Fondo. Pero este argumento supone que la acumulación de deuda está impulsada por la falta de incentivos punitivos adecuados, e ignora que ya existe un importante desincentivo en los préstamos del FMI: la pérdida de soberanía económica resultante de las condicionalidades, que a menudo son de naturaleza procíclica. Por lo general, los países solo recurren al Fondo como último recurso. Una preocupación que probablemente esté motivando la resistencia a la reforma, principalmente por parte de los países ricos, es que los sobrecargos son una fuente importante de ingresos para los saldos preventivos del FMI, que están destinados a actuar como un amortiguador para protegerse contra posibles pérdidas. Teniendo en cuenta el actual poder de préstamos del FMI de USD 1 billón, es discutible que estas reservas, que el FMI pretende mantener en USD 25.000 millones, sean realmente necesarias. En cualquier caso, la meta de saldos preventivos del Fondo ya se vio afectada a principios de este año y se prevé que aumente aún más en los próximos años, incluso sin ingresos por sobrecargos. Entonces, ¿por qué obligar a los países altamente endeudados a seguir pagando sobrecargos? Los sobrecargos como fuente de financiación indirecta para el FFCLP: una lógica rota Algunos países pueden tener una motivación adicional para mantener los sobrecargos. Estados Unidos y otras economías avanzadas han discutido la posibilidad de canalizar los ingresos netos de los préstamos no concesionales del FMI al Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP), un servicio de préstamos concesionales para países de ingreso bajo que se espera que pronto enfrente un déficit de financiamiento debido a la expansión de la cartera y la disminución de las contribuciones de los países ricos. Normalmente, estos ingresos netos se destinarían al financiamiento adicional de los saldos preventivos. Si se desvía para otros usos, entonces se vuelve más difícil mantener los saldos sin depender de los sobrecargos. En efecto, los préstamos concesionales destinados a ayudar a los países de ingreso bajo se financiarían mediante un impuesto a algunos de los países en desarrollo más vulnerables y endeudados (en su mayoría de ingreso medio) a fin de compensar el fracaso de los países de ingreso alto de satisfacer las necesidades futuras de financiamiento del FFCLP. Estos mismos países de ingreso alto, por su parte, contribuyen a las condiciones que impulsan el endeudamiento al incumplir sistemáticamente sus compromisos en materia de ayuda y financiamiento para el clima en apoyo de los países en desarrollo. Los países ricos deberían aumentar sus contribuciones al FFCLP, pero si no están dispuestos a hacerlo, hay opciones mucho mejores que seguir recurriendo a los sobrecargos, como la venta o la revaluación de una fracción de las vastas reservas de oro sin explotar del FMI. Tal como ha expresado el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, los sobrecargos van “exactamente en contra de lo que se supone que [el FMI] debería de hacer. Se supone que debería de estar ayudando a los países… no extrayendo rentas adicionales debido a sus necesidades urgentes”. Depender de los prestatarios más endeudados para financiar las reservas del Fondo nunca tuvo sentido – e incluso puede ser que viole el derecho internacional. Tiene aún menos sentido cubrir los déficits en las contribuciones de los países ricos con esta misma dependencia de los ingresos de los países altamente endeudados. Cuando el FMI lleve a cabo su revisión de la política de sobrecargos en los próximos meses, debería rechazar esta lógica fallida. La próxima revisión no debe ser simplemente un trámite, sino que debería incluir una evaluación exhaustiva y objetiva del impacto de los sobrecargos en las economías de los países y en los medios de subsistencia y el bienestar de la gente común. Se deberían examinar posibles alternativas al financiamiento de los saldos precautorios en el futuro. Y se debería considerar seriamente la interrupción completa de la política de sobrecargos. Cualquier otra cosa será una oportunidad perdida para una reforma significativa.

Alexander MainMichael Galant / 03 Julio 2024

Op-Ed/Commentary

EuropaGlobalización y comercioEl Mundo Realismo sobre los tratados de inversión
Project Syndicate Ver artículo en el sitio original in English Una serie de países europeos se ha retirado del polémico Tratado de la Carta de la Energía (TCE) en el transcurso del último año. Francia, España, Países Bajos, Alemania, Polonia, Luxemburgo, Eslovenia y Dinamarca se han retirado del TCE o anunciaron su intención de hacerlo, sumándose a Italia, que lo abandonó en 2016. Al permitir que los inversores extranjeros en energía demanden a los gobiernos nacionales por las pérdidas causadas por cambios de políticas, el TCE impide que los países cumplan con su compromiso de alcanzar las metas del acuerdo climático de París y, en verdad, neutraliza sus planes de gravar los beneficios no previstos de las compañías petroleras. Si a las economías avanzadas las amedrentan las grandes corporaciones y les cuesta implementar con celeridad las reformas necesarias, la situación de los países en desarrollo es mucho peor. Atraídos por la promesa muchas veces ilusoria de mayores ingresos de capital, muchos han firmado una serie de tratados de inversión bilaterales y multilaterales. Al igual que el TCE, estos acuerdos contienen mecanismos de resolución de controversias entre inversores y estados (ISDS por su sigla en inglés) que les permiten a los inversores extranjeros presentar una demanda contra un estado ante un tribunal internacional privado. La insatisfacción con el TCE en Europa podría haber dado lugar a un debate importante sobre cómo el mecanismo de ISDS afecta el futuro del planeta; por el contrario, muchos estados miembro de la Unión Europea siguen presionando a los países en desarrollo para que firmen tratados de inversión. Creado a fines de la Guerra Fría, el TCE fue diseñado para alentar la inversión occidental en el sector energético de los países del ex bloque soviético, particularmente la industria de los combustibles fósiles. Para calmar los temores de expropiación, rompimiento de contrato y otro trato discriminatorio, el tratado les permite a los inversores presentar disputas para un arbitraje internacional, un foro supuestamente neutral, y no tribunales nacionales. A través de este sistema, las corporaciones pueden demandar a los gobiernos por pérdidas de inversiones, incluyendo ganancias futuras, que pueden representar miles de millones de dólares. A partir de junio de 2022, se han presentado por lo menos 150 casos de arbitraje de inversión en el marco del TCE. Pero el TCE es solo la punta del iceberg. Aproximadamente 2.500 tratados de inversión -la mayoría de ellos, bilaterales- permiten a los inversores internacionales utilizar mediadores de ISDS para resolver disputas con los estados. Las corporaciones pueden demandar a los estados por cualquier decisión judicial, legislativa o regulatoria, inclusive a nivel municipal, que pueda afectar su balance final. Los tratados de inversión, por ende, hacen que a los gobiernos les resulte más difícil implementar salvaguardas ambientales, derechos laborales y estándares de seguridad más sólidos y efectivos. Hasta la amenaza de una demanda por parte de un inversor puede poner trabas a los responsables de las políticas. Ni siquiera la promesa de una reforma ha atenuado la resolución por parte de estados miembro clave de la Unión Europea de abandonar el TCE. La Comisión Europea ha dicho que un tratado de salida de la UE coordinado -un desenlace que reclama el Parlamento Europeo- parece inevitable. También se habla de que los países de la UE acuerden entre sí no aplicar la cláusula de expiración del TCE, que protege cualquier inversión existente por otros 20 años después de la salida de un estado (el Parlamento Europeo también votó a favor de anular la cláusula). Muchos creen que la eliminación gradual de los combustibles fósiles no puede esperar otros 20 años. Los países en desarrollo podrían aprovechar con creces esta reacción sin precedentes contra el TCE y exigir la revisión de los muchos tratados de inversión agobiantes de los cuales forman parte. Sin embargo, mientras los estados miembro de la UE abandonan el TCE, cada vez más países africanos, entre ellos Gambia, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Ruanda, Senegal y Suazilandia, se suman a él. Desafortunadamente, la reticencia de Europa a subordinar la toma de decisiones políticas a los intereses corporativos no se ha extendido más allá de las fronteras del bloque. A pesar de anunciar su retiro del TCE, Francia todavía tiene 19 tratados de inversión bilaterales con países en América Latina y el Caribe, así como otros 20 con países africanos. España tiene 18 y 11, respectivamente, y Países Bajos tiene 15 y 22. Y los tres países siguen presionando a los países en desarrollo para firmar nuevos tratados de inversión (gran parte de la investigación estima que una mayoría de las demandas de inversores provienen de las economías avanzadas, aunque no siempre resulta fácil determinar su nacionalidad). Pero los gobiernos ecuatorianos subsiguientes, bajo la presión de las corporaciones transnacionales, han demostrado un renovado interés en volver a instalar mecanismos de ISDS, y Europa ha respondido en consecuencia. En agosto pasado, en una visita oficial a Ecuador, el primer ministro español, Pedro Sánchez, manifestando el creciente interés de las empresas españolas en el país, insistió en que “es importante que podamos firmar un tratado de inversión bilateral antes de fin de año”. En particular, Repsol, la mayor compañía petrolera de España, tiene  varios proyectos en Ecuador y, anteriormente, presentó un arbitraje contra el país por su impuesto a los beneficios no previstos. De la misma manera, Países Bajos ha presionado a Ecuador para firmar un acuerdo de inversión, ostensiblemente para proteger su sector energético. Una concesión reciente realizada bajo el tratado de inversión bilateral entre Francia y Ecuador ilustra sorprendentemente la tendencia perniciosa de estos acuerdos a priorizar las ganancias corporativas por sobre los esfuerzos de los estados soberanos para garantizar un desarrollo sostenible y una prosperidad compartida. A pesar de tener registrados sus principales activos en las Bahamas, un paraíso fiscal, la corporación petrolera franco-británico Perenco utilizó la cláusula de arbitraje en el tratado entre Ecuador y Francia para buscar una compensación por un impuesto a los beneficios no previstos. El tribunal de arbitraje le concedió 412 millones de dólares a Perenco por “expropiación indirecta”, y Ecuador ha aceptado pagar. Ese “shopping de tratados” permite que las multinacionales minimicen su responsabilidad fiscal maximizando, al mismo tiempo, la protección de sus inversiones. Los tratados de inversión siguen siendo un obstáculo importante para combatir el cambio climático y proteger la dignidad de todas las vidas humanas. La ola de retiros europeos del TCE es una oportunidad valiosa para deshacer muchas de las cláusulas de ISDS de otros tratados de inversión. Pero Europa debe reconocer su hipocresía.

Andrés ArauzGuillaume Long / 03 Mayo 2023

Op-Ed/Commentary

CELACAmérica Latina y el CaribeMERCOSURUnasurEl Mundo La nueva integración sudamericana
La Tercera Ver artículo en el sitio original Al asumir la Presidencia, Lula afirmó “nuestro protagonismo se materializará a través de la reanudación de la integración sudamericana”. Por su parte, el Presidente Boric reafirmó en su primera reunión con Lula la importancia de la rearticulación de América del Sur. Hace pocos días, tanto Lula como su canciller insistieron en la necesidad de “reorganizar la Unasur”, y el Presidente Fernández acaba de anunciar derechamente el reingreso de Argentina a esa instancia. Con anterioridad, el pasado 14 de noviembre, siete expresidentes sudamericanos, incluyendo Bachelet y Lagos, exhortaron a los presidentes de la región a relanzar la Unasur. En su carta, señalaron que “es la mejor plataforma para reconstituir un espacio de integración en América del Sur”, insistiendo en la necesidad de corregir las “deficiencias del proceso anterior”, “garantizar el pluralismo”, “sustituir la regla del consenso” e incluir nuevos actores como sindicatos, empresas, universidades y centros de investigación. América del Sur siempre padeció de una falta de integración política entre sus dos principales subsistemas: los ejes Atlántico y Pacífico. Unasur nació para corregir este vacío. El Tratado constitutivo de 2008 sembró las bases para una integración multidimensional, cubriendo todas las aristas de las relaciones entre los Estados. Solo la Unión Europea tiene un marco de gobernanza tan amplio. Unasur estaba comenzando a consolidar sus consejos sectoriales en materia de infraestructura, conectividad, salud, defensa y otros cuando fue paralizada. Prosur, la instancia por la que se buscó sustituirla, es un conjunto vacío. Para Chile, el espacio sudamericano es estratégico. Al no integrar ni Mercosur ni la Comunidad Andina, Chile no pertenece a ningún espacio de integración de la región. A nivel latinoamericano e interamericano, ni la Celac ni la OEA constituyen espacios que impliquen proyectos de desarrollo común. La Alianza del Pacífico que agrupa a solo cuatro países es un espacio limitado a la esfera comercial. Chile no comparte ningún espacio de integración con Brasil, el país con la población y el mercado más grande de la región. ¿Celac o Unasur? Es una falsa dicotomía. Como única expresión del sur global del hemisferio occidental sin exclusiones, la Celac está llamada a jugar un rol importante en la nueva geopolítica mundial. Pero, contrariamente a la Unasur, los intereses de sus miembros son menos convergentes y no goza de un tratado, lo que limita su capacidad de construcción de gobernanza. Mientras la Celac puede jugar un rol de proyección de América Latina y el Caribe hacía afuera, Unasur debe profundizar la convergencia regional sudamericana y privilegiar la integración hacia dentro por sobre las afinidades ideológicas de los gobiernos de turno.

Guillaume Long / 30 Marzo 2023

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