01 Abril 2013
Mark Weisbrot
The Guardian Unlimited, 30 de marzo, 2013
En Inglés
El vídeo, tomado al azar por una cámara de seguridad de un almacén, es escalofriante. Cinco jóvenes están caminando por una calle tranquila en Tegucigalpa, Honduras. Un gran todoterreno negro se detiene, seguido por otro vehículo. Dos hombres enmascarados con chalecos antibalas saltan rápidamente desde el coche que va a la cabeza levantando unos fusiles AK-47. Los dos jóvenes que están más cerca de los vehículos ven que no tienen ninguna posibilidad de huir, por lo que se quedan congelados y ponen sus manos en alto. Los otros tres echan a correr velozmente y son perseguidos a balazos por el segundo equipo de asesinos. Escapan milagrosamente con uno de ellos herido; sin embargo, los dos que se rindieron se ven obligados a tumbarse boca abajo en el suelo. Frente a la cámara, los dos estudiantes, que eran hermanos de 18 y 20 años, son rápidamente asesinados a balazos en la parte posterior de la cabeza. En menos de 40 segundos desde su llegada, los asesinos huyen lejos, para nunca más ser encontrados.
Este alto nivel de profesionalidad y el modus operandi de los asesinos, han llevado a muchos observadores a concluir que se trataba de una operación del Gobierno. El vídeo fue publicado por el diario El Heraldo el mes pasado, y el asesinato tuvo lugar en noviembre del año pasado. No ha habido ningún arresto.
Actualmente, el Gobierno de Obama está siendo criticado por su papel en la financiación y el armamento de la asesina Policía hondureña, violando la ley estadounidense. Bajo de la “Ley Leahy” –llamada así por el senador de Vermont Patrick Leahy– al Gobierno de EE.UU. no se le permite financiar unidades militares extranjeras que hayan cometido impunemente graves violaciones a los derechos humanos. El Director General de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla, está implicado en escuadrones de la muerte, algo que miembros del Congreso de EE.UU. han denunciado desde que Bonilla fue nombrado en el cargo el pasado mes de mayo. Gracias a unos excelentes reportajes de investigación de the Associated Press en el último par de semanas –mostrando que todas las unidades de la policía están, de hecho, bajo el mando de Bonilla– se ha evidenciado que la financiación de la Policía hondureña, por parte de Estados Unidos, es ilegal.
Ahora veremos qué significa el “estado de derecho” o la “separación de poderes” aquí en la capital del país al que tanto le gusta dar lecciones a otros países “menos desarrollados” sobre estos principios.
¿Por qué el gobierno de Obama sería tan obstinado como para engañar y desafiar al Congreso con el fin de apoyar escuadrones de la muerte pertenecientes al Gobierno en Honduras? Para responder a esta pregunta tenemos que ver cómo llegó al poder el actual Gobierno de Honduras, y cuán importante fue el papel que desempeñó la represión violenta hacia la oposición política para que éste se mantuviese allí.
El Gobierno del presidente hondureño Pepe Lobo fue “elegido” después de que un golpe militar derrocara al Gobierno democráticamente electo del presidente Mel Zelaya en junio de 2009. Zelaya dijo más tarde a la prensa que Washington estuvo involucrado en el golpe; lo que es muy creíble, dada las pruebas indiciarias. Pero lo que sabemos con certeza es que el Gobierno de Obama estuvo muy involucrado en ayudar al gobierno golpista a sobrevivir y legitimarse. Washington apoyó la elección de Lobo en noviembre de 2009 desoyendo la oposición de casi todo el hemisferio. La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea se negaron a enviar observadores a unas elecciones que la mayor parte del mundo veía como manifiestamente ilegítimas.
El golpe de Estado desató una ola de violencia en contra de la disidencia política, violencia que continúa hasta nuestros días. Incluso la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada por el gobierno golpista, encontró que se había “llevado a cabo una persecución política. . . y ésta era responsable de una serie de asesinatos cometidos por agentes del Estado y quienes actuaban por orden suya, además de la represión generalizada y violenta de los derechos de expresión, reunión, asociación…”.
Esto fue señalado por el Center for Constitutional Rights (Nueva York) y por la Federación Internacional para los Derechos Humanos con sede en París, en un informepresentado a la Corte Penal Internacional. El informe de CCR/ FIDH también identifica “más de 100 asesinatos, la mayoría de los cuales fueron selectivos, o asesinatos dirigidos, producidos incluso despuésde que dos comisiones de la verdad terminaran sus investigaciones”. Un informe que va desde 2009 hasta octubre de 2012.
Los asesinatos son la terrible señal de un ataque más amplio, el que también se caracteriza por las amenazas de muerte contra activistas, abogados, periodistas, sindicalistas y campesinos, así como los intentos de asesinato, tortura, violencia sexual, arrestos y detenciones arbitrarias. La Comisión de la Verdad [la segunda, la Comisión de la Verdad independiente] describió los “ataques” del régimen como una forma de utilizar el terror como medio de control social…
Ello nos lleva a las elecciones que están programadas para el próximo año. Hay, una vez más, un partido socialdemócrata en la contienda, que incluye a las personas que valientemente defendieron la democracia contra el golpe militar de 2009. Su candidata presidencial es Xiomara Castro de Zelaya, la esposa del presidente del que Washington trató de librarse tan obstinadamente. Este partido es una de las víctimas de la represión política del gobierno: en noviembre el precandidato a alcalde por el partido LIBRE, Edgardo Adalid Motiño, fue asesinado a tiros después de asistir a un mitin político de Xiomara Zelaya.
Así que ahí lo tienen. Puede que un escuadrón de la muerte perteneciente al gobierno no sea la primera opción de la Administración Obama en Honduras, pero ellos lo prefieren frente a otro gobierno de izquierda que la gente elegiría si tuviesen la capacidad de organizarse en unas elecciones libres. El gobierno actual pertenece a Washington, al igual que la base militar de EE.UU. que el Pentágono quiere mantener allí indefinidamente.
Si todo esto le suena repugnante, y le recuerda a los escuadrones de la muerte del presidente Reagan en Centroamérica en los 80’s, es porque es así. La política de EE.UU. hacia América Central en realidad no ha cambiado mucho en los últimos 30 años. La pregunta correcta ahora sería, ¿qué es lo que los miembros del Congreso de los EE.UU. van a hacer al respecto?
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
