26 Febrero 2009
25 de febrero, 2009, Mark Weisbrot En inglés
Estados Unidos y Bolivia: ¿Un Nuevo Comienzo?
Por Mark Weisbrot
25 de febrero de 2009, The Guardian Unlimited
Lea el artículo en la publicación original
Con la política de la administración de Obama hacia Venezuela básicamente decidida, y el embargo a Cuba considerado intocable porque nadie está dispuesto a arriesgar el apoyo entre los cubano-americanos en el decisivo Estado de Florida, queda Bolivia como un gobierno de izquierda en la región donde la hostilidad de la administración de Bush podría ser revertida rápidamente.
Sin embargo, hay un número de asuntos irresueltos entre los dos países. Estados Unidos y Bolivia actualmente no tienen embajadores. Bolivia expulso al embajador de EE.UU. el 10 de septiembre, en base a que él (y Washington) estaban interviniendo en los asuntos internos de Bolivia. Entre otras ofensas, se descubrió que la embajada de EE.UU. estaba intentando utilizar a los voluntarios de Peace Corps y a un becario Fullbright para espiar; el embajador de EE.UU. Philip Goldberg se había reunido en privado con líderes de la oposición en momentos en que ciertos elementos de la oposición estaban involucrados en actos de violencia desestabilizadora; y parecía que EE.UU. tácitamente apoyaba a la oposición al no condenar esta violencia o siquiera ofrecer condolencias cuando docenas de partidarios del gobierno fueron masacrados en Pando el 11 de septiembre.
La administración de Bush respondió a la expulsión del embajador de EE.UU. expulsando el embajador boliviano Gustavo Guzmán. Pero también hay otros asuntos importantes para Bolivia. El 26 de septiembre, la administración de Bush suspendió las preferencias comerciales para Bolivia bajo la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés). La razón oficial fue que Bolivia no había cooperado suficientemente en la guerra contra las drogas. Pero de acuerdo con el informe de las Naciones Unidas de 2008, la cultivación de coca en Bolivia había incrementado solamente un 5%, comparado con un 27% en Colombia, el mayor beneficiario de ayuda estadounidense en la región.
Los bolivianos están ansiosos por comenzar un nuevo capítulo de mejores relaciones con Washington. Para demostrar esta buena disposición, el gobierno boliviano se abstuvo de presentar una queja ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en contra de EE.UU. por la suspensión de sus preferencias comerciales. Su caso legal es bastante sólido; bajo las reglas de la OMC, los países tienen el derecho de establecer reglas para el acceso preferencial a sus mercados, pero las reglas tienen que ser aplicadas igualitariamente a todos los países que reciben las preferencias. Pero antes de presentar una queja ante la OMC, Bolivia quería ver si la nueva administración estaba interesada en mejorar las relaciones.
Además hay otro remanente de la administración de Bush: la nueva constitución de Bolivia declara que los servicios de salud (al igual que el agua y otras necesidades) es un derecho humano y no puede ser privatizado. Apegándose a la ley constitucional del país, Bolivia pidió permiso a la OMC para retirar el compromiso del gobierno anterior de abrir sus hospitales y sistema de salud a corporaciones extranjeras. De acuerdo con las leyes de procedimiento de la OMC, si no hay objeciones a semejante petición en un periodo de 45 días, dicha petición es aprobada. La Unión Europea, sede de algunas de las corporaciones más grandes de servicios médicos que podrían tener algún interés en la cuestión, respondió que no tenía objeciones. El 5 de enero, el último día del periodo de espera, la administración de Bush protestó.
El equipo de Obama no ha decidido todavía si va a revocar la objeción de la administración de Bush contra la petición de Bolivia sometida ante la OMC. Se supone que lo harán; de lo contrario, sería sin lugar a duda una señal de que se continuará la hostilidad. Lejos de ser un detalle arcano de ley constitucional o internacional, tiene un significado real para millones de bolivianos: la lucha contra la privatización del agua fue una parte importante del movimiento que llevó a Evo Morales al poder. Este es el origen político de las provisiones constitucionales que establecen estas necesidades básicas como derechos humanos que no pueden ser infringidos por intereses privados: muchos bolivianos pobres descubrieron que no les alcanzaba el dinero para comprar agua después de que fuera privatizada y las tarifas para los usuarios aumentaran el triple.
Bolivia también ha echado a la Agencia Antidrogas de EE.UU. y no parece que ésta vaya a regresar. Para los bolivianos, EE.UU. está usando la “guerra contra las drogas” en toda América Latina principalmente como una excusa para pisar tierra, y establecer vínculos con las fuerzas militares y policiales locales. Ellos ven todo el proceso como desestabilizador y como una amenaza a su soberanía y democracia.
A pesar de todas estas diferencias, aún es posible que Washington escoja normalizar relaciones con Bolivia. Hay aparentemente algunas divisiones dentro de la administración sobre las tácticas. Las “palomas” aparentemente incluyen a Thomas Shannon, actualmente el funcionario más importante en el Departamento de Estado para el hemisferio occidental, y un remanente de la administración de Bush. Estos funcionarios pueden ver que hay un problema de relaciones públicas al abusar de Bolivia, el país más pobre en Sur América, y más importante aún, uno al mando del primer presidente indígena del país, Evo Morales. Para el resto del mundo, Morales es el Nelson Mandela de Bolivia, ya que su gobierno ha puesto fin a siglos de exclusión tipo apartheid de la mayoría indígena del país.
Para las “palomas” en la nueva administración, sería mejor evitar una pelea pública con Bolivia, para no distraerse así del señor que está sentado sobre lo que podrían ser las reservas de petróleo más grandes del mundo – en Venezuela – y al que con éxito han difamado en los medios de comunicación. Por otro lado, existen partidarios de línea dura que creen en la necesidad de “darle órdenes” a Bolivia. Pronto sabremos quién ha prevalecido.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
