06 Julio 2007
6 de julio, 2007, Mark Weisbrot En inglés
El congreso estadounidense debería rechazar tratado comercial con Colombia
Por Mark Weisbrot
6 de Julio, 2007
Un artículo de prensa del 22 de mayo en el Washington Post resumía el escándalo, cada vez más grande, en Colombia, conocido comúnmente como el escándalo de la ‘parapolítica’: “Comandantes paramilitares de alto nivel han confirmado en días recientes lo que grupos de derechos humanos y otros han planteado por mucho tiempo: algunas de las figuras políticas, militares y empresariales más influyentes de Colombia colaboraron en construir un poderoso movimiento antiguerrillero que operaba con impunidad, mataba civiles y enviaba cargamentos de cocaína a ciudades en Estados Unidos.”
Sin embargo, la administración Bush quiere firmar un tratado de “libre comercio” con Colombia, país que representa el aliado más cercano de dicha administración en Latinoamérica y que recibe 700 millones de dólares al año en lo que principalmente es ayuda militar. El congreso estadounidense amenaza con bloquear este acuerdo comercial, y con razón.
El término ‘paramilitar’ es un eufemismo. En los años 80, cuando la administración Reagan apoyaba el asesinato masivo de decenas de miles de civiles en países como Guatemala y El Salvador, a estas organizaciones se les llamaba ‘escuadrones de la muerte’.
Los escuadrones colombianos de la muerte – los cuales son clasificados como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos – fueron en su mayoría desmovilizados recientemente bajo un acuerdo que permite la aplicación de sentencias poco severas para los asesinos a cambio de que éstos digan la verdad sobre sus crímenes. Pero la verdad ha revelado vínculos más cercanos entre los escuadrones de la muerte y aliados de alto rango del presidente Álvaro Uribe. Más de una docena de congresistas – la mayoría aliados de Uribe – han sido arrestados y la ministra de Relaciones Exteriores ha renunciado a su cargo. A medida que las investigaciones avanzan – incluyendo las que se están dando en la región natal del presidente Uribe – se hace más evidente que los escuadrones de la muerte han sido parte integral del gobierno.
Una de las más siniestras revelaciones ha sido la del papel del gobierno en los asesinatos de sindicalistas colombianos, los cuales ocurren todavía a pesar de la desmovilización incompleta de los paramilitares. El año pasado 72 sindicalistas fueron asesinados, convirtiendo a Colombia, por mucho, en el lugar más peligroso del mundo para un líder sindical. Según relatos de los testigos que cooperan con la Fiscalía General de la Nación, los servicios de inteligencia del gobierno les suministraron a los escuadrones de la muerte los nombres e información detallada de líderes sindicales. El ex jefe de los servicios de inteligencia colombianos – quien administró la campaña presidencial de Uribe en el departamento de Magdalena en 2002 – ha sido arrestado y acusado de conspirar con los escuadrones de la muerte para asesinar a líderes sindicales y otros individuos.
Durante las tres últimas décadas, Estados Unidos ha expandido sus relaciones comerciales – y trasladado fábricas – hacia países en donde los trabajadores tienen derechos limitados a formar sindicatos o la negociación colectiva. Uno de los propósitos principales de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha sido el de reducir los niveles salariales acá en Estados Unidos al forzar a trabajadores estadounidenses a competir con sus homólogos alrededor del mundo pero que reciben salarios mucho más bajos. En parte como resultado de estas políticas, el salario real promedio en Estados Unidos apenas ha avanzado durante los últimos 30 años, a pesar de los incrementos anuales en la productividad. Es por eso que estos tratados de ‘libre comercio’ se han vuelto cada vez menos populares y representan el tema que ayudó a desajustar la balanza a favor del Partido Demócrata para tomar el congreso estadounidense en las elecciones de 2006.
Estos acuerdos también han perdido su popularidad en Latinoamérica, en donde los gobiernos de Ecuador y Bolivia – que responden ante sus respectivos votantes – no pueden firmar el tipo de tratado que Colombia y Perú están dispuestos a aceptar. Los cuatros países tienen en la actualidad, acceso al mercado estadounidense a través de la Ley de Promoción Comercial y para la Erradicación de la Droga en los Andes (ATPDEA, por sus siglas en inglés). Pero algunos miembros del Partido Republicano en el congreso han estado amenazando con eliminar este acceso libre de impuestos al mercado estadounidense para castigar a Ecuador y a Bolivia por no firmar un tratado de ‘libre comercio’ y por no ser lo suficientemente sumisos ante los inversionistas extranjeros. Este tipo de amenazas no forzará a estos gobiernos a ignorar sus mandatos electorales y tan sólo incrementará el resentimiento hacia Estados Unidos que prevalece en la región.
El congreso estadounidense debe parar de usar el ATPDEA como un arma política y rechazar los acuerdos comerciales con Colombia y Perú. Con la aprobación del tratado comercial con Colombia se estaría enviando un mensaje particularmente alarmante al resto del mundo de que Washington está buscando acceso a una mano de obra barata y reprimida – y que no le importa cuánta violencia esté siendo utilizada en aterrorizar a los trabajadores para su sometimiento.
Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) en Washington, D.C. (www.cepr.net). Sus áreas de especialización incluyen: crecimiento económico, comercio, seguridad social, América Latina, instituciones de financiamiento internacional y desarrollo.
