22 Abril 2013
Mark Weisbrot
Folha de São Paulo (Brazil), 20 de abril, 2013
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Los acontecimientos recientes indican que el Gobierno de Obama ha intensificado su estrategia de “cambio de régimen” en contra de los Gobiernos latinoamericanos ubicados desde el centro hacia la izquierda del espectro político, promoviendo el conflicto de una manera no vista desde el golpe militar que Washington apoyara en Venezuela en 2002. El ejemplo más destacado es el de la propia Venezuela, durante la semana pasada. Mientras esto va a la imprenta, Washington se ve cada vez más aislado en sus esfuerzos por desestabilizar al Gobierno electo de Nicolás Maduro.
Pero Venezuela no es el único país en ser presa de los esfuerzos de Washington para revertir los resultados electorales en los últimos 15 años en América Latina. Ahora está claro que la destitución del presidente Fernando Lugo de Paraguay del año pasado también fue asistida e instigada por el Gobierno de Estados Unidos. En un excelente trabajo de investigación para Agência Pública, la periodista Natalia Viana muestra que el Gobierno de Obama financió a las principales figuras involucradas en el “golpe parlamentario” en contra de Lugo. Después, Washington ayudó a organizar el respaldo internacional al golpe.
El papel de EE.UU. en Paraguay es similar al que desempeñó en el derrocamiento militar del presidente democráticamente electo Manuel Zelaya en Honduras en 2009; donde Washington secuestró a la Organización de Estados Americanos y la utilizó para luchar en contra de los esfuerzos de los Gobiernos de Sudamérica que querían restaurar la democracia. Zelaya declaró más tarde que Washington también estuvo implicado en el golpe en sí.
Esta semana pasada en Venezuela, Washington no pudo apropiarse de la OEA; si bien su secretario general José Miguel Insulza apoyó a la Casa Blanca (y a la oposición venezolana) en la demanda de un “100 por ciento del recuento”. Pero Insulza tuvo que dar marcha atrás, al igual que España –único aliado importante de los Estados Unidos en esta empresa nefasta– porque no tenía apoyos.
La demanda de un “recuento” en Venezuela es absurda, puesto que ya ha habido un recuento de las papeletas de votación para una muestra aleatoria del 54 por ciento de las máquinas de votación. Los totales de la máquina se compararon con un conteo manual de las papeletas de votación en presencia de testigos de todos sitios. Estadísticamente, no hay ninguna diferencia práctica entre esta enorme auditoría que ya ha sucedido, y la auditoría del 100 por ciento que la oposición está exigiendo. Jimmy Carter denominó al sistema electoral de Venezuela como “el mejor del mundo“, y no hay duda sobre la exactitud del conteo de votos, incluso entre muchos miembros de la oposición venezolana.
Es bueno ver a Lula denunciando a los EE.UU. por su interferencia y a Dilma unirse al resto de América del Sur para defender el derecho de Venezuela a unas elecciones libres. Pero no es sólo Venezuela y las democracias débiles las que se ven amenazadas por los Estados Unidos. Como se informó en las páginas de este diario, en 2005, el Gobierno de EE.UU. financió y organizó esfuerzos para cambiar las leyes en Brasil con el fin de debilitar al Partido de los Trabajadores. Esta información se descubrió en documentos del Gobierno estadounidense obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información de EE.UU. Lo más probable es que Washington haya hecho mucho más en Brasil que se mantiene en secreto.
Está claro que Washington no ve al suavemente reformista, Fernando Lugo, como una amenaza o incluso un radical. Es sólo que él era demasiado amistoso con otros Gobiernos de izquierda. El Gobierno de Obama, al igual que el del presidente Bush, no acepta que la región haya cambiado. Su objetivo es deshacerse de todos los Gobiernos ubicados desde el centro a la izquierda del espectro político, en parte debido a que tienden a ser más independientes de Washington. Brasil también debe estar alerta de cara a esta amenaza para la región.
Mark Weisbrot es co-director de Center for Economic and Policy Research en Washington, D.C. También es presidente de Just Foreign Policy.
