20 Agosto 2012
Mark Weisbrot
The Guardian Unlimited, 16 de agosto, 2012
En Inglés
Ecuador ya tomó su decisión: concederle asilo político a Julian Assange. Esto surgió a raíz de un incidente que debería disipar cualquier duda en cuanto a los motivos que están detrás de los intentos de Gran Bretaña y Suecia para extraditar al fundador de WikiLeaks Julian Assange. El pasado miércoles el gobierno británico hizo una amenaza sin precedentes de invadir la embajada de Ecuador si no entregaban a Assange. Este asalto a la embajada sería una violación tan extrema a las leyes internacionales y a las convenciones diplomáticas que es hasta difícil encontrar un ejemplo en el que algún gobierno democrático haya hecho tal amenaza, peor aún llevarla a cabo.
Cuando el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, en su respuesta enojada y desafiante, divulgó las amenazas escritas, el gobierno británico trató de retroceder y decir que no se trató de una amenaza de invadir la embajada (que constituye territorio soberano de otro país). ¿Pero qué otra cosa podemos inferir de estas palabras [PDF] en la carta entregada por un funcionario británico?
Deben estar conscientes de que hay una base legal en el Reino Unido – la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987 (Diplomatic and Consular Premises Act 1987) — que nos permitiría tomar acciones para arrestar al Sr. Assange en las instalaciones actuales de la Embajada.
Sinceramente esperamos no tener que llegar a este punto, pero si Ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del Sr. Assange en sus instalaciones, esta ruta está abierta para nosotros.
¿Existe alguna persona cuerda que crea que el gobierno británico haría este tipo de amenazas sin precedentes si simplemente se tratara de un ciudadano extranjero ordinario que ha sido solicitado para una interrogación (no por cargos penales o por algún juicio) por un gobierno extranjero?
La decisión de Ecuador de concederle asilo político a Assange fue tanto predecible como razonable. Pero éste también es un caso revolucionario que tiene una trascendencia histórica considerable.
Primero, las características del caso: Assange claramente tiene un temor de persecución bien fundado si fuese extraditado a Suecia. Se conoce muy bien que él sería echado en la cárcel inmediatamente. Como a él no se le ha imputado ningún crimen, y el gobierno sueco no tiene ninguna causa legítima para traerlo a Suecia, esto por sí mismo constituye una forma de persecución.
Podemos deducir que los suecos no tienen causa legal para la extradición, ya a que ellos se les ofreció reiteradamente la oportunidad de interrogarlo en GB, pero la rechazaron, y se han negado a emitir una causa para tal negación. Hace unas pocas semanas el gobierno ecuatoriano ofreció que se interrogara a Assange en la embajada de Londres, donde Assange ha estado viviendo desde el 19 de junio, pero el gobierno sueco rechazó el ofrecimiento, asimismo sin explicar las razones. Aquel fue un acto de mala fe dentro del proceso de negociación que se llevaba a cabo entre los gobiernos para resolver la situación.
El ex fiscal general del distrito de Estocolmo Sven-Erik Alhem también puso en claro que el gobierno de Suecia no tenía causas legítimas para pedir la extradición de Assange al testificar que la decisión del gobierno sueco de pedir la extradición de Assange es “irrazonable y contraria a la ética profesional, además de injusta y desproporcionada”, porque a él se lo podría fácilmente interrogar en Gran Bretaña.
Pero, lo más importante, es que el gobierno de Ecuador coincide con Assange en cuanto a que él tenía un temor razonable de una segunda extradición a los Estados Unidos, y ser perseguido aquí por sus actividades como periodista. Las evidencias para esto fueron sólidas. Algunos ejemplos: una investigación en marcha sobre Assange y WikiLeaks en Estados Unidos; pruebas de que ya se ha preparado una acusación formal; declaraciones hechas por importantes funcionarios públicos como la senadora demócrata Diane Feinstein de que él debería ser enjuiciado por espionaje, lo cual conlleva una posible pena de muerte o cadena perpetua. ¿Por qué este caso es tan importante?
Posiblemente esta es la primera vez en que un ciudadano que huye de una persecución política orquestada por los Estados Unidos reciba asilo político de un gobierno democrático que busca defender las convenciones internacionales sobre los derechos humanos. Esto es sumamente importante, porque por más de 60 años Estados Unidos se ha presentado internacionalmente como un proponente de los derechos humanos, especialmente durante la guerra fría. Y muchas personas han buscado y recibido asilo en Estados Unidos.
La noción de que el gobierno de Estados Unidos es un defensor de los derechos humanos, generalmente percibida dentro de Estados Unidos y los países aliados, se sustentaba en la desestimación de los derechos humanos de las víctimas en las guerras de Estados
Unidos y su política internacional, como los 3 millones de vietnamitas o más de un millón de iraquíes que fueron asesinados, y los muchos millones que fueron desplazados, heridos, o acosados por las acciones de Estados Unidos. Esa noción de que Estados Unidos debe ser juzgado solamente por lo que hace dentro de sus fronteras, está perdiendo apoyo conforme el mundo se hace más multipolar económica y políticamente, Washington pierde poder e influencia, y sus guerras, invasiones y ocupaciones son vistas como acciones legítimas por menos y menos personas.
Al mismo tiempo, a lo largo de esta última década, la situación de los derechos humanos en el mismo Estados Unidos se ha deteriorado. Por supuesto que antes de la legislación de los derechos civiles en la década de 1960, millones de afroamericanos en los estados del sur no tenían el derecho al voto, además de otros derechos civiles, con la consiguiente vergüenza internacional, fue en parte lo que permitió que el movimiento por los derechos civiles tuviera éxito. Pero por lo menos al finalizar esa década, Estados Unidos pudo ser visto como un ejemplo positivo internamente en cuanto al imperio de la ley, el debido proceso y la protección de los derechos y libertades civiles.
Hoy Estados Unidos proclama su derecho a detener a sus ciudadanos indefinidamente; el presidente puede ordenar el asesinato de un ciudadano sin por lo menos oír el caso; el gobierno puede espiar a sus ciudadanos sin una orden judicial; y sus funcionarios tienen inmunidad ante un enjuiciamiento por crímenes de guerra. Perjudica también el hecho de que Estados Unidos tiene menos del 5% de la población del mundo, pero casi un cuarto de la población carcelaria, muchos de ellos víctimas de una “guerra contra las drogas” que rápidamente está perdiendo legitimidad en el resto del mundo.
La exitosa solicitud de Assange al asilo para protegerse de Estados Unidos es otro golpe contra la reputación internacional de Washington. Al mismo tiempo demuestra cuán importante es que
existan gobiernos democráticos que se mantengan independientes de Estados Unidos, a diferencia de Suecia y Gran Bretaña, que no colaboren en la persecución de periodistas por simple conveniencia. Afortunadamente otros gobiernos le dirán a Gran Bretaña que las amenazas de invadir la embajada de otro país los pondría fuera del círculo de las naciones que se apegan a la ley.
Es interesante ver a los periodistas pro Washington y sus fuentes buscar motivos autocomplacientes que le puedan atribuir al gobierno de Ecuador por haber concedido el asilo. Correa quiere presentarse como el campeón de la libertad de expresión, dicen; o que él quiere asestarle un golpe a Estados Unidos, o posicionarse como un líder internacional. Pero eso es ridículo.
Correa no quiso este enredo y ha sido una situación en la que ha tenido más que perder que de ganar desde el comienzo. Ha sufrido una creciente tensión con tres países que son diplomáticamente importantes para Ecuador, Estados Unidos, Gran Bretaña y Suecia. Estados Unidos es el socio comercial más importante para Ecuador y varias veces lo ha amenazado con eliminar las preferencias comerciales que sustentan miles de trabajos en Ecuador. Y como la mayoría de los medios internacionales han sido hostiles hacia Assange desde el comienzo, han utilizado el pedido de asilo para atacar a Ecuador, acusando al gobierno de haber impuesto “medidas de fuerza” contra los medios dentro del país. Como lo he manifestado en otras ocasiones, esta es una burda exageración y tergiversación sobre e Ecuador, el cual tiene una prensa sin censuras que en su mayoría es opositora al gobierno. Y para la mayoría en el mundo, estas noticias engañosas es todo lo que van a oír o leer sobre Ecuador por mucho tiempo.
Correa tomó esta decisión porque era la única opción ética. Y cualquiera de los gobiernos independientes, democráticos de Sudamérica hubiera hecho lo mismo. Si tan solo las grandes organizaciones mediáticas del mundo tuvieran la misma ética y compromiso con la libertad de expresión y de prensa.
Ahora veremos si el gobierno británico respetará la ley internacional y las convenciones de los derechos humanos y otorgar el salvoconducto a Assange hacia Ecuador.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
