18 Septiembre 2020
OpenDemocracy
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El presidente ecuatoriano Lenín Moreno y sus aliados han hecho todo lo posible para evitar que el expresidente Rafael Correa y su movimiento político regresen al poder. Para lograr este objetivo, el gobierno actual ha perseguido a opositores y proscrito candidatos. El autoritarismo de Moreno, hasta ahora, ha pasado desapercibido internacionalmente. Con las elecciones programadas para febrero de 2021, es crucial que la comunidad internacional esté atenta a los persistentes intentos del gobierno ecuatoriano de pervertir el curso de la democracia.
La principal estrategia del gobierno de Moreno ha sido intentar impedir que el propio Correa sea candidato en las elecciones de febrero de 2021. El legado de Correa de reducir la pobreza y la desigualdad en el contexto de alto crecimiento económico durante sus 10 años como presidente (2007-2017) significa que él y el movimiento político que creó aún gozan de un amplio apoyo popular y representan la mayor amenaza para el nuevo pacto de élite que Moreno ha consolidado con esmero. Moreno había sido elegido inicialmente sobre una plataforma de continuidad con la “Revolución Ciudadana” de Correa. Una vez en el poder, sin embargo, Moreno asombró a Ecuador y al mundo al orquestar un dramático giro político, que pronto prometió tomar medidas enérgicas contra el correísmo y deshacer 10 años de políticas sociales y económicas de Correa.
En febrero de 2018, después de meses de implacable y fuertemente orquestado ataque mediático contra el legado del expresidente, Moreno organizó y ganó un referéndum para introducir límites al mandato. Un año después, la popularidad de Moreno se había desplomado; cayendo en más de un 50% y continuando su descenso posteriormente. Pero en la pequeña ventana de oportunidad que le brindó su luna de miel política, el proyecto político de Moreno pudo cumplir su propósito primordial: impedir que Correa se postulara para presidente de una vez por todas.
En junio de 2020, Correa anunció su intención de postularse para vicepresidente en las próximas elecciones. La presencia de Correa en la boleta sin duda impulsaría el potencial electoral de su movimiento en las urnas y representaría una clara amenaza para Moreno y su alianza conservadora. Previendo esto, Moreno ya había resuelto que su opción más segura sería desterrar a Correa de la política ecuatoriana para siempre. La única forma de asegurar esto era a través de una forma agresiva de judicialización de la política o “lawfare”, inspirada en los ataques judiciales contra adversarios políticos en otras partes de América Latina, como en el caso contra el expresidente Lula da Silva en Brasil. Para llevar a cabo su plan, Moreno necesitaba controlar el sistema de justicia, lo que logró deslizando una propuesta al referéndum de 2018 para otorgarle poderes extraordinarios sobre el poder judicial. El referéndum le permitió a Moreno nombrar anti-correístas acérrimos y de confianza al frente de las instituciones autónomas. Una vez controlados el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, el Fiscal General y la Contraloría General del Estado, pudo desatar todas estas instituciones contra sus enemigos correístas.
Actualmente existen 25 investigaciones penales en curso contra Correa. Por un tiempo, el principal caso contra Correa fue por presuntamente ordenar en 2012 el secuestro fallido, en Colombia, de Fernando Balda, un poco conocido fugitivo de la justicia ecuatoriana vinculado a redes criminales, la extrema derecha y expresidente colombiano Álvaro Uribe. Este caso resultó en una orden de prisión preventiva para Correa, suficiente para que se le prohibiera regresar a Ecuador y brindándoles un alivio temporal a Moreno y sus aliados. Pero en agosto de 2020, el testigo principal del caso, un sargento de policía ecuatoriano que había sido fundamental en las acusaciones contra Correa, se asiló en Argentina donde anunció que había sido amenazado con una pena de nueve años de cárcel si se negaba a testificar contra Correa.
Afortunadamente para Moreno, otra investigación criminal contra Correa, esta vez por acusaciones de corrupción, le había dado al régimen el resultado tan esperado. En abril de 2020, Correa fue sentenciado a ocho años de prisión y fue despojado de sus derechos políticos por 25 años.
El caso de la fiscalía contra Correa se ha basado principalmente en el testimonio de Pamela Martínez, una exasesora de Correa, quien afirma haber aceptado dinero de empresarios en 2013 y 2014 con el conocimiento de Correa. Surgió un cuaderno en el que Martínez detalla las sumas de dinero que dice haber recibido. El cuaderno está escrito en presente, pero pronto se reveló que se imprimió físicamente en 2018, unos cuatro años después de que ocurrieran los supuestos hechos. Martínez afirma ahora que escribió el contenido del cuaderno “por impulso”, en un vuelo de 45 minutos de Quito a Guayaquil en 2018. Es así, de memoria, que Martínez alega haber incluido entradas como: “Hoy vino a mi oficina el propio Alexis Mera ( …) He pedido una reunión con el presidente para contarle la solicitud de Alexis ”; y “VP dispone recibir sobre y entregar DE INMEDIATO a Alexis Mera…”; con la palabra “entregado” garabateada en diagonal, como si se verificara la tarea una vez realizada. Su contabilidad precisa de los fondos recibidos es también un tributo a la impresionante capacidad de Martínez para recordar, cuatro años después, el centavo exacto. Una entrada es para “13,306.88” dólares estadounidenses.
Sin embargo, el tribunal admitió el cuaderno como evidencia clave. Correa fue declarado culpable – en ausencia de una implicación demostrable con los presuntos delitos – de “influjo psíquico” sobre un grupo de funcionarios públicos para cometer actos de corrupción.
Los abogados de Correa apelaron la sentencia. Por un tiempo, el gobierno temió que el recurso de Correa no se agotara para el 17 de septiembre, día en que los partidos pueden comenzar a inscribir a sus candidatos para las elecciones de febrero de 2021; los candidatos gozan de inmunidad procesal hasta después de las elecciones. Para impedir que Correa se postule, el proceso de apelaciones, que normalmente puede prolongarse durante meses, tendría que acelerarse significativamente. Pero incluso en el contexto de una pandemia que ha obligado al poder judicial ecuatoriano a cerrar virtualmente y posponer todas las audiencias no urgentes, la apelación de Correa pronto rompió récords de celeridad. Si bien se necesitaron cuatro años para la audiencia de casación del expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad, transcurrieron apenas 17 días entre la apelación de Correa y la audiencia de casación. Los jueces de casación, todos nombrados durante la intervención de Moreno del poder judicial, confirmaron, como era de esperar, el veredicto de abril.
Correa reside actualmente en Bélgica, el país de origen de su esposa, e Interpol, en sus intentos por mantenerse al margen de los casos evidentemente politizados, ha negado reiteradamente las solicitudes de Ecuador de que se emita una notificación roja en su contra. En definitiva, esto le importa poco a la alianza anti-correísta. Si bien algunos disfrutarían de tener a Correa en la cárcel, incluso si lo más probable es que genere una reacción política perjudicial para sus intereses, el verdadero propósito de la sentencia es dañar el legado de Correa, evitar que esté físicamente presente en el país e impedir que sea candidato en elecciones.
La otra línea de ataque del régimen ha sido socavar la fuerza organizativa del correísmo. El propósito es evitar que Correa y sus seguidores tengan un partido político coherente y funcional. En 2017, Moreno despojó con éxito a Correa de Alianza País, el partido que Correa había creado en 2006 en su primera candidatura exitosa a la presidencia. Como exvicepresidente de Correa, Moreno sabía que para emprender una campaña efectiva contra Correa y su legado, necesitaba neutralizar el movimiento de Correa. La oportunidad surgió cuando varios dirigentes leales a Correa cuestionaron el liderazgo de Moreno de Alianza País. Otro fallo judicial favorable le dio a Moreno el control total sobre el partido. Por supuesto, Alianza País era en esencia correísta, y una vez que su líder histórico fue marginado, la mayoría de sus miembros abandonaron el barco. Pero plenamente consciente de su papel de transición, el objetivo de Moreno nunca fue realmente tener un partido fuerte propio. Su objetivo era hacer que la mayor fuerza política de Ecuador no tuviera organización partidaria; lo que logró.
Correa y sus seguidores buscaron entonces crear un nuevo partido, pero sus intentos fueron frustrados sistemáticamente por las autoridades electorales controladas por el gobierno. En 2019, los correístas finalmente se vieron obligados a unirse a una organización política preexistente llamada Fuerza Compromiso Social. Entonces, el 19 de julio de 2020, las autoridades electorales de Ecuador simplemente suspendieron a Fuerza Compromiso Social del registro de partidos políticos, lo que le impidió presentar candidatos a las próximas elecciones. Como resultado, en agosto de 2020, los correístas se vieron obligados a buscar los auspicios de otro partido, Centro Democrático, para albergar las candidaturas del movimiento.
Los enemigos de Correa saben que este interminable viaje de un partido a otro, con su correspondiente cambio de nombre, color, símbolo, número de lista y acuerdos incómodos con el liderazgo de los partidos anfitriones, genera una debilidad organizativa que impide que el movimiento dedique toda su energía a la tarea de conseguir apoyo popular. Y, sin embargo, a pesar de estos incesantes intentos de erosionar el margen de maniobra de Correa, las encuestas de agosto de 2020 confirmaron que el correísmo sigue siendo un fuerza a tener en cuenta y la más probable en ocupar el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de febrero de 2021. En cualquier caso, la nominación, el18 de agosto, del joven economista Andrés Arauz como su candidato presidencial, le ha dado al correísmo un renovado impulso.
Moreno, en cambio, se enfrenta a un futuro incierto. Su menguante popularidad y credibilidad del 8% es la más baja para cualquier presidente desde el regreso de Ecuador a la democracia en 1979. En octubre pasado, estalló la ira popular contra el programa de austeridad neoliberal del gobierno, respaldado por el FMI, lo que resultó en las mayores protestas del país en décadas. El gobierno apenas recuperó el control de la situación después de reprimir brutalmente las protestas: 11 personas murieron, al menos 1.500 resultaron heridas y más de 1.200 fueron detenidas. Siguió una ola de detenciones de figuras de la oposición, incluidos funcionarios electos. Varios legisladores buscaron refugio en la embajada mexicana y pudieron salir del país meses después.
En 2020, la terrible gestión de Moreno de la crisis de la Covid-19 fue noticia mundial cuando las calles de Guayaquil se llenaron de cadáveres abandonados a medida que colapsaban las capacidades de atención médica y mortuoria de la ciudad. La pobreza y la desigualdad también han aumentado en los últimos dos años. Y una serie de escándalos de corrupción están causando estragos en el gobierno de Moreno. El propio presidente enfrenta acusaciones de haber utilizado una cuenta offshore en Panamá para recibir sobornos.
Moreno puede contar con la protección de Estados Unidos una vez termine su mandato. Después de todo, en un claro esfuerzo por asegurar el apoyo de la administración de los Estados Unidos, ha dado un gran giro a la política exterior ecuatoriana: la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que Washington siempre vio como un rival de la Organización de Estados Americanos (OEA) y contrario a sus intereses; la terminación del asilo de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres; el reconocimiento de Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos, como presidente de Venezuela; un renovado programa de cooperación militar y del FBI, incluido el entrenamiento de personal militar ecuatoriano por parte de Estados Unidos; y la alineación inquebrantable de Ecuador con la administración Trump en prácticamente todas las votaciones en el Consejo Permanente de la OEA.
Tras encarcelar y obligar a muchos miembros de la oposición al exilio, reprimir brutalmente las protestas y prohibir que Correa y su partido político se presenten en las próximas elecciones, el gobierno de Moreno ha cruzado más de un Rubicón en la violación de derechos políticos esenciales en Ecuador. Hasta ahora, los medios locales y Estados Unidos le han dado carta blanca a Moreno, una aquiescencia que puede llevar a Moreno a creer que tiene poco que ganar si restringe su desliz autoritario y mucho que perder si permite una victoria cada vez más probable de Arauz en febrero. Como resultado, el rumor en los círculos políticos en Ecuador es que el gobierno ya está conjurando una estrategia para impedir que Arauz se postule, por cualquier medio posible. La presión popular y el escrutinio internacional, sorprendentemente ausente hasta ahora, serán necesarios para presionar al gobierno de Moreno para que desista de un mayor hostigamiento y para que permita elecciones relativamente libres y limpias.
La persecución política y la manipulación de las elecciones por parte del gobierno de Moreno ya han convencido a un gran segmento, quizás incluso a la mayoría, de la población ecuatoriana, que las elecciones no son democráticas. Si el gobierno prohíbe o perjudica aún más la candidatura de Arauz, la gente gritará fraude. El conflicto político podría escalar a niveles sin precedentes y poner en peligro la estabilidad democrática de Ecuador a largo plazo. Este es un territorio inexplorado; no solo antidemocrático, sino también peligroso e irresponsable.
