19 Noviembre 2013
Mark Weisbrot
The Guardian, 19 de noviembre 2013
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El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por su nombre en inglés) propuesto entre 12 gobiernos, pregonado como uno de los mayores acuerdos de “libre comercio” de la historia de EE.UU., enfrenta dificultades a medida que el público se informa al respecto. La semana pasada 151 demócratas y 23 republicanos de la Cámara de Representantes escribieron a los negociadores jefes de EE.UU. expresando su oposición a un procedimiento de “Vía Rápida” para votar sobre la propuesta de acuerdo. El procedimiento limitaría el papel del Congreso y el debate sobre un acuerdo que ya ha sido negociado y firmado por el poder ejecutivo, que el Congreso tendría que aprobar o rechazar sin enmiendas.
La mayoría de los estadounidenses no podría decir lo que significa “Vía Rápida” pero si pudiera ciertamente estaría en contra. Como uno de los más destacados expertos en derecho comercial y probablemente la principal autoridad en la Vía Rápida, Lori Wallach de Public Citizen’s Global Trade Watch, lo dijo: la Vía Rápida “autorizó a funcionarios del poder ejecutivo a establecer la política de EE.UU. sobre temas no relacionados con aranceles, y por cierto no comerciales, en el contexto de negociaciones ‘comerciales’”.
Esto significa que la Vía Rápida, que comenzó bajo Nixon en 1974, no fue solo una apropiación de la autoridad constitucional del Congreso de EE.UU. “para regular el comercio con naciones extranjeras (Artículo I-8)”. También dio al poder ejecutivo –que generalmente es mucho menos responsable ante la presión pública que el Congreso– un medio para negar y prevenir importante legislación a nuestros representantes elegidos. Las leyes para proteger el entorno, la seguridad alimentaria, a los consumidores (contra la fijación de precios por parte de los monopolios) y otros aspectos de interés público ahora pueden eliminarse mediante negociaciones “comerciales”. Y la ley estadounidense debe ajustarse al tratado.
Qué irónico que esta masiva transferencia de poder a intereses especiales como nuestras gigantescas corporaciones farmacéuticas o financieras se haya presentado a la prensa como un medio de control de grupos de “intereses especiales” que podrían oponerse a reducciones de aranceles que las perjudican pero son buenas para todos los demás.
Pero el TPP y sus propugnadores están llenos hasta el borde de ironías. Es bastante sorprendente que un tratado como el TPP se promueva como un acuerdo de “libre comercio” cuando sus disposiciones más importantes en lo económico son exactamente lo opuesto al “libre comercio”, la expansión del proteccionismo.
La “prueba A” fue publicada por WikiLeaks la semana pasada: el último borrador del capítulo “propiedad intelectual” del acuerdo, uno de 24 (de los 29) capítulos que no tienen que ver con comercio. Ese capítulo contiene disposiciones que facilitan que las compañías farmacéuticas obtengan patentes, incluso en los países en desarrollo; que tengan esas patentes durante más años y extiendan la capacidad de esas compañías de limitar el acceso a los datos científicos que necesarios para que otros investigadores desarrollen nuevos medicamentos. Y EE.UU. incluso presiona para obtener disposiciones que permitirían que se patenten procedimientos quirúrgicos, disposiciones que pueden violar actualmente la ley estadounidense.
Todas estas medidas ayudarán a aumentar los precios de los medicamentos y de la atención sanitaria, lo que pondrá presión sobre los sistemas de salud y aumentará tanto los precios que algunas personas no podrán adquirir medicamentos importantes. Es interesante ver hasta qué punto el TPP es peor que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS) de la OMC. Esto, también, fue un masivo robo a los consumidores y pacientes de todo el mundo, pero después de años de lucha de los defensores de la salud y de grupos de interés público, algunas de sus características se han atenuado y se bloqueó una mayor consolidación de los intereses de las compañías farmacéuticas.
Si os estuvierais preguntando por qué tuvimos que obtener esta información de WikiLeaks, el motivo es que los borradores de los textos de la negociación se mantienen en secreto. Incluso los miembros del Congreso de EE.UU. y su personal tienen un acceso extremadamente limitado. Por lo tanto el tan vilipendiado WikiLeaks ha probado una vez más cuán valiosos y justificados son sus esfuerzos para lograr la transparencia de importantes decisiones políticas que se toman en la oscuridad, ya sea el “asesinato colateral” u otras formas de irresponsabilidad que amenaza la vida.
Una parte del TPP que muestra por qué los negociadores quieren minimizar la concienciación pública respecto al acuerdo consiste en disposiciones que dan a las corporaciones el derecho –como es el caso en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN-NAFTA)– a demandar directamente a los gobiernos por las regulaciones que infringen sus beneficios actuales o potenciales. Esto, también, es mucho peor que la OMC, donde una corporación tiene que convencer a su gobierno para que interponga un caso contra otro gobierno. Esas acciones privadas de imposición –que si se ganan cobran del gobierno acusado– son juzgadas por tribunales especiales fuera del sistema judicial de los países en cuestión, sin el debido proceso o transparencia que existe, por ejemplo en el sistema legal de EE.UU. Un infame ejemplo actual es la acción de Lone Pine Resources, una compañía incorporada en Delaware, contra el gobierno de Quebec por su moratoria del fracking.
Tal vez menos conocido que sus otros defectos, el TPP ni siquiera ofrece alguna ventaja económica para la mayoría de los estadounidenses a los que se pide que sacrifiquen sus derechos constitucionales. Las ventajas del aumento del comercio resultan tan pequeñas que equivalen a un error de redondeo en la medida de nuestro PIB. El estudio más pregonado por los propugnadores del acuerdo, publicado por el Instituto Peterson de Economía Internacional, muestra un aumento acumulativo del 0,13% del PIB hasta 2025. Eso sería trivial en todo caso, pero la peor noticia es que, tomando en cuenta algunos de los efectos “desigualadizadores” del acuerdo –los tratados tienden a redistribuir los ingresos hacia arriba– un estudio del CEPR mostró que en realidad la mayoría de los estadounidenses perderán con el TPP.
Los intereses corporativos de EE.UU. impulsan de una manera bastante obvia en este caso la agenda del TPP. El acuerdo es de muchas maneras un “Plan B” después de que los últimos 12 años de negociaciones de la OMC se han quedado estancados –en gran parte debido a una considerable resistencia pública, bien organizada, en docenas de países– y no han logrado muchos objetivos de sus arquitectos corporativos. Pero otras delegaciones del gobierno de EE.UU. también tienen objetivos geoestratégicos. Los otros pretendientes a gobernantes del mundo también esperan separar a los “malos” de los “buenos” entre los países en desarrollo. No es por coincidencia que en Latinoamérica las partes negociadoras sean México, Chile y Perú y ninguno de los gobiernos de izquierdas que ahora prevalecen en la mayor parte de la región. Y por cierto, un objetivo principal del acuerdo es tratar de “aislar” China.
No cabe duda de que el gobierno de Obama atraerá a algunos miembros del Congreso sobre la base de esta visión neocolonial del mundo. Pero para los estadounidenses que se están informando sobre el acuerdo, es evidente que los verdaderos “nosotros contra ellos” no son EE.UU. contra las naciones más independientes del mundo en desarrollo, sino los ciudadanos de los países del TPP contra un timo corporativo que se negocia a sus espaldas.
Traducido por Germán Leyens.
